El pasado miércoles, el expresidente Ricardo Martinelli subió a Twitter una imagen en la que anónimamente alguien decía que era falso que el abogado Janio Lescure había sobornado al exmagistrado Oydén Ortega. Este exfuncionario –antes de dejar el cargo en marzo de este año– fue ponente del fallo en el que la Corte Suprema de Justicia declinó su competencia en el caso de los pinchazos, que terminó en una sentencia de no culpabilidad a favor de Martinelli.
La imagen decía que “La Prensa está tratando de intimidar a los jueces con noticias falsas para que fallen en contra de las demandas millonarias” interpuestas contra este medio. “Esto me llegó que se explica por sí solo”, comentó Martinelli.
Allende sus querellas contra La Prensa, su defensa implícita de Ortega y Lescure tiene otra ramificación que se origina en el último día de su gobierno: el 30 de junio de 2014.
Ese día, Martinelli –junto con su entonces ministra de Gobierno encargada, Alma Cortés, firmó un decreto ejecutivo para conceder indulto a seis personas que, de una u otra forma, estaban vinculadas a una serie de procesos judiciales interpuestos por Emilia Estévez viuda de Vásquez, quien trata de recuperar la herencia de su difunto esposo, José Vásquez, fallecido en 1985.
En esa lista de indultados figuran los nombres de personas que son o fueron clientes de Janio Lescure, y varias de ellos favorecidos por fallos del exmagistrado Ortega.
El decreto precisaba que el indulto era a favor de las personas “implicadas, investigadas, sindicadas, procesadas o condenadas” por los supuestos delitos “contra la fe pública y contra el patrimonio”, “contra el orden económico” e “insolvencia punible” (ver facsímil).
En ese listado, Martinelli concedía indulto a Gustavo Vásquez, representante legal de dos empresas: Financiera Única, S.A. y Mueblería Unión, S. A. Ambas compañías y Vásquez fueron objeto de una investigación por evasión fiscal que ordenó la Dirección General de Ingresos (DGI) el 8 de junio de 2016.
En ese proceso, la DGI también ordenó el secuestro de sus bienes y cuentas bancarias hasta una concurrencia de $11.9 millones.
Precisamente, contra la orden de la DGI de investigar la supuesta evasión fiscal, intervino el bufete de abogados Lescure.
En septiembre de ese año presentó un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia que buscaba evitar que la DGI investigara la supuesta evasión fiscal.
Casi un año después –en agosto de 2017– la Corte se pronunció negando el amparo. No obstante, hubo salvamentos de voto de los magistrados Harry Díaz (*) y de Abel Zamorano. Y basado en el salvamento de Zamorano, el bufete de Lescure solicitó a la Corte una aclaración de su sentencia.
En respuesta, la Corte señaló que los amparistas transcribieron “secciones enteras del salvamento del magistrado Abel Augusto Zamorano” para justificar su solicitud de aclaración.
Aún así, el pleno de la Corte rechazó la solicitud de aclaración, aunque se abstuvo el entonces magistrado Oydén Ortega, que previamente había pedido un impedimento de actuación en el caso, pero no le fue concedido.
A su vez, el magistrado Zamorano emitió un “voto explicativo”. Dijo que, aunque él no compartía la primera decisión de la Corte –es decir, la que rechazó el amparo de garantías que solicitó Lescure, ya que él sí estaba a favor de admitirlo– en esta ocasión coincidía con el pleno en su decisión de negar la aclaración de fallo.
Pero ese “voto explicativo” le permitió mantener el expediente en su despacho. Alvin Weeden, abogado que representaba al denunciante –Manuel Vásquez, hijo de la viuda que lleva años tratando de recuperar la herencia de su fallecido esposo– explicó que las solicitudes de aclaración de fallos son generalmente tácticas dilatorias.
Zamorano, con la excusa de emitir un “voto explicativo”, retuvo el expediente “mucho tiempo”, explicó Weeden.
La consecuencia de retener el expediente –añadió– fue que la DGI se vio impedida, durante ese tiempo de investigar a los clientes de Lescure por evasión fiscal.
Otra consecuencia era la posibilidad de que con la retención del expediente el tiempo transcurriera hasta llegar a la fecha de prescripción de la acción de la DGI, provocando con ello una posible afectación al Estado.
‘Socios’
¿Coincidencia? El magistrado Abel Zamorano no es alguien ajeno a Janio Lescure. Al menos, eso fue lo que les dijo Lescure a agentes encubiertos israelíes de una agencia privada de inteligencia Black Cube, contratada por un panameño que después de un largo proceso de litigios, empezó a sospechar que no era ninguna coincidencia que siempre perdiera todos sus casos.
Pretendiendo ser empresarios rusos que querían establecer negocios de prostitución en Panamá, invitaron al Lescure a España, donde es legal que una de las partes pueda grabar sus conversaciones. Los espías contratados por Black Cube son exagentes de inteligencia del Ejército israelí y su misión era interrogar a Lescure con el propósito de exponer la corrupción en el Órgano Judicial de Panamá.
Y Lescure cooperó con entusiasmo, ignorante de ser el blanco de una operación encubierta. Ya había hablado del pago de sobornos, especialmente dirigidos a la compra de sentencias, pagadas al hoy exmagistrado Oydén Ortega y autoridades de Migración, la Alcaldía de Panamá y del Ministerio de Trabajo.
Los israelíes preguntaron a Lescure, quien asistió a cuatro reuniones en restaurantes de lujo en Madrid y Barcelona con los agentes encubiertos, por sus conexiones en la Corte.
“Sí, señor”, respondió Lescure, y señaló a uno de ellos. “Uno de los magistrados de la Corte que se graduó [...] que estuvo conmigo aquí en Salamanca...”. ¿Así que son amigos?, le preguntaron sus interlocutores. “Muy buenos amigos”, sonrió el abogado.
Dado que los israelitas no iban a revisar en ese momento qué magistrado había estudiado con Lescure en Salamanca, le preguntaron directamente. “…Usted mencionó antes al juez de la Corte Suprema que estaba estudiando con usted en Salamanca...”. Sí –respondió Lescure– el nombre es Abel Zamorano”.
Al revisar las hojas de vida de los actuales magistrados de la Corte, el único que hace mención de sus estudios en Salamanca, con dos postgrados, es Zamorano. El primero en 2002, en Derecho Procesal Civil, en la Universidad de Salamanca, y el segundo, en 2003, en Derecho del Trabajo, en la misma universidad.
— ¿Y [Zamorano] es alguien que, si es necesario, puede ayudarte? ¿Es alguien en el que puedes confiar?, preguntaron los israelíes.
— Muchas veces, respondió Lescure, incapaz de contener la risa,
— ¿Muchas veces?, insistieron los israelitas.
— Sí, sí, contestó el abogado.
Previamente, Lescure también había mencionado a Zamorano en el contexto de otra de las preguntas de los agentes: “¿Y quién puede ser, de aquellos que usted mencionó, que puede ser nuestro socio, sin importar de qué manera?
“Ahí, por lo menos, podemos tener a cuatro de ellos”, respondió. ¿Quiénes?, le preguntaron. “Zamorano...”, contestó Lescure sin titubear.
La Prensa contactó a Zamorano el 29 de julio, el 9 de agosto y el 5 de septiembre para recibir su versión de lo dicho por Lescure. Solo atendió una vez. “Yo ni siquiera he recibido en mi despacho a ese señor”, contestó Zamorano, refiriéndose a Lescure.
Interrogado sobre si había estudiado con él en Salamanca, Zamorano dijo que no se había graduado con él, al tiempo que preguntaba a La Prensa ¿y cómo eso me vincula?
Durante la llamada telefónica, Zamorano prometió hablar con La Prensa personalmente. “Yo procederé “judicialmente”, prometió. “Eso es delicadísimo”, añadió. Cuando La Prensa le preguntó por la fecha de la entrevista, la comunicación se cortó. No obstante, Zamorano no respondió los chats ni las llamadas telefónicas que le hizo este medio posteriormente.
(*) El magistrado Harry Díaz ha enviado una aclaración en la que da razones de su salvamento de voto en este caso e indica que "había prescrito la posibilidad de la DGI de proceder contra declaraciones fiscales con más de 7 años (es lo que establece la Ley) y que debió basarse en una actuación de oficio y no en una supuesta denuncia de más de 4 años de haber vencido el plazo para resolverla".
