Críticas surgieron ayer contra la Ley 40 del 14 de agosto de 2018, que regula el nuevo abordaje para la atención de las enfermedades de transmisión sexual (ITS) y del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), promulgada en Gaceta Oficial el mismo 14 de este mes.
Por ejemplo, la Sociedad Civil Unificada en VIH de Panamá –conformada por 12 organizaciones locales– y cinco redes regionales reprocharon el hecho de que la nueva norma incluye dos artículos que, de acuerdo con su criterio, “vulneran principios fundamentales” de las personas.
Los puntos en discordia fueron los artículos 7 y 8, en los cuales se establece la obligatoriedad de practicar pruebas de VIH a las mujeres embarazadas –a quienes el médico tratante pediría el examen–, y también a las parejas que vayan a contraer matrimonio civil.
En este último caso, los contrayentes deben presentar un certificado de salud.
Los argumentos
A través de un comunicado, la Sociedad Civil Unificada en VIH señaló que estos dos artículos nunca fueron consensuados en los debates que se realizaron en la Asamblea Nacional.
Además, consideró que, tal y como está planteada, la norma podría generar “persecución laboral y migratoria”, así como “discriminación” y el “estigma” hacia las personas con el virus.
Lorena Castillo de Varela, primera dama y presidenta de la Comisión Nacional para el Control y Prevención del VIH, comentó que “no respalda” los cambios en la nueva regulación, incluidos en la Asamblea Nacional, ya que durante tres años trabajaron el documento con la participación de la ciudadanía.
A su vez, agregó que “cualquier norma o iniciativa que se promulgue debe tener como fin principal asegurar y promover el respeto de los derechos humanos”.
Por su lado, Orlando Quintero, director de la Fundación Pro Bienestar y Dignidad de las Personas Afectadas por el VIH/Sida (Probidsida), indicó que se envió una nota a la presidencia de la República solicitando la modificación de los dos polémicos artículos.
“Esta es una herramienta buena y necesaria que necesita ser aprobada y fue por eso que en su momento hicimos la petición para que se modificaran los artículos y pudiéramos continuar con su implementación lo más pronto posible”, comentó.
Los cambios
Miguel Mayo, ministro de Salud, informó que el tema fue analizado ayer en el Consejo de Gabinete y lo que se propuso fue modificar la ley, luego de las peticiones de la sociedad civil.
El funcionario explicó que presentarán un nuevo proyecto de ley en la Asamblea Nacional, con el propósito de eliminar el artículo 8, que se refiere al matrimonio civil; y modificar el artículo 7, que habla de la discrecionalidad del médico para ordenar las pruebas a las mujeres embarazadas.
César Núñez, director del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida) para América Latina y el Caribe, opinó que lo más saludable sería eliminar los artículos.
“Desde la organización, no aconsejamos que se obligue a hacer las pruebas, porque se crea un efecto contrario y las personas no acuden a los centros hospitalarios”, dijo.
Según Núñez, lo mejor es duplicar la prevención y educación sexual, así como la realización de las pruebas de forma voluntaria.
