“No me queda duda de que la tortura se hace para amedrentar y controlar a la población. En la época de [Hugo] Chávez fue selectivo y en la de Nicolás Maduro, desproporcionado”.
Así respondió Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto Casla, a la pregunta del exfiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo (2003-2012), de cómo las torturas que denunció ayer —durante una audiencia en la Organización de Estados Americanos (OEA)— son parte de un ataque sistemático de una organización.
Suju, abogada penalista, aseguró que las torturas aplicadas durante el régimen de Maduro son sistemáticas porque involucran a todos los órganos de seguridad del Estado, utilizan los mismos métodos, dependiendo de su objetivo, y han creado centros donde aplicarlas.
La también activista de derechos humanos, que aseguró tener documentados 289 casos de personas torturadas desde que el presidente Nicolás Maduro asumió el poder en 2013, destacó que con las torturas el gobierno busca tres cosas: amedrentar, castigar y obtener información.
De hecho, precisó que del total de casos que presentó, 66 personas fueron torturadas para obtener confesiones que permitieran atacar a líderes opositores, lo que calificó como tortura blanca.
“Lo ocurrido durante el período de Nicolás Maduro es consecuencia de años de entrenamiento e ideologización”, y los que cometen estos actos han “sido abrazados por la impunidad del sistema judicial; los premian, los condecoran y hasta los ascienden”.
Expresó que se aplican dos tipos de torturas: las blancas, que son aquellas que no dejan huella física sino psicológica —encerrarlos en celdas de 2x1, sin respirar aire fresco, sin contacto con familiares y abogados durante largos períodos, sin noción del día y la hora—; y las que buscan dejar huellas físicas, marcarlos porque son “guarimberos”—como llama el gobierno a los jóvenes que protestan y bloquean las en calles contra el régimen— que son las que predominaron entre abril y agosto pasados.
Entre los casos de tortura que ha documentado Suju, mencionó violaciones con objetos y actos lascivos ejecutados por varios funcionarios, así como aplicar descargas eléctricas, golpizas y privar de alimentación.
Aseguró que en Venezuela no se imputa el delito de tortura y que la mayoría de los casos no tiene investigación abierta.
¿Cómo hace el gobierno para controlar a los jueces? Preguntó Moreno Ocampo. “Simplemente los tienen trabajando para ellos, reciben instrucciones”, afirmó. “Por años han usado el mismo grupo de fiscales y jueces para estos casos, para reprimir y perseguir”, añadió.
Suju fue una de cuatro personas que participaron —dos de ellas víctimas— en la audiencia organizada por el secretario general, Luis Almagro, con el propósito de determinar si en Venezuela se han cometido delitos de lesa humanidad que deban ser elevados ante la Corte Penal Internacional (CPI).
La audiencia fue presidida por Moreno Ocampo, quien fue nombrado en julio pasado como asesor especial para este tema por Almagro.
Hoy tendrá lugar la segunda jornada, a la que asistirán militares retirados que se prevé que abonen a la tesis de que hay organizaciones y planes para efectuar las torturas, un requisito que establece el Estatuto de Roma que rige la CPI para poder admitir un eventual caso contra el gobierno.
Julio Henríquez, representante del Foro Penal Venezolano, oenegé que da asistencia legal a los detenidos durante las manifestaciones, también aseguró que los delitos ocurren de forma sistemática, no fortuita. “Es un plan de persecución para mantenerse en el poder”, aseguró, y para ello utilizan mecanismos como las detenciones arbitrarias, los asesinatos y las torturas.
¿Aun cuando un juez intervenga en la detención la decisión está viciada?, preguntó el exfiscal de la CPI.
“Existe un mecanismo de intimidación hacia los jueces, ausencia de independencia judicial, los jueces no actúan para hacer cumplir la ley sino para que el gobierno siga en el poder”, advirtió.
¿Actúan por órdenes o por miedo?, volvió a preguntar el exfiscal.
“Ambas”, zanjó el representante del Foro Penal.
Henríquez apuntó que la tortura ocurre de forma masiva y generalizada, y que se ha vuelto un patrón el uso de la violencia sexual contra las mujeres, y dio ejemplos.
El caso de una de las víctimas de la represión y las torturas —José Alejandro Márquez— también fue escuchado en el recinto. Su esposa, Johana Aguirre, dijo que iba porque quiere justicia por el asesinato de su esposo, quien fue detenido por guardias nacionales por filmar una represión, y montado en un camión.
Cuando su esposa lo halló en un hospital “estaba desnudo, en interiores y medias y amarrado a la camilla con restos de su camisa”, narró. Aseguró que la autopsia confirma que murió a golpes: “traumatismo craneoencefálico severo por objeto contundente”. No obstante, Aguirre afirma que durante un programa de televisión, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, salió diciendo que su esposo era un sicario contratado para matar a Maduro, cuando la realidad fue que lo arrestaron y lo asesinaron por filmar con su celular “lo que los guardias no querían que se viera”.
El otro participante del día, otra víctima, fue Francisco Márquez, quien se identificó como ex preso político (estuvo cuatro meses preso por tener unas volantes en su auto), exiliado y ahora director ejecutivo de la oenegé Visión Democrática.
“Es sistemático, es recurrente”, comenzó diciendo con relación a las prácticas del régimen.
Antes de hablar de su caso, Márquez ahondó en el patrón político y utilizó el caso de los alcaldes para ejemplificar el tema.
De los 77 alcaldes de la oposición, 14 han sido destituidos, 6 tienen orden de captura y los demás están en el exilio; 4 están presos. Casi la mitad de los 77 tiene expedientes o investigaciones abiertas por ejercer algún tipo de manifestación contra el poder. Porque hay que entender, dijo, que “todo el que se opone al poder tiene el mismo destino: la muerte, la tortura, el exilio o la persecución”.