Dos tribunales tienen en sus manos el destino del expresidente Lula, uno que puede enviarlo rápidamente a la cárcel y otro que puede evitarle durante un buen tiempo ese riesgo.
El próximo lunes, la Corte de Apelaciones de Porto Alegre (TRF4) dará a conocer su veredicto sobre los últimos recursos presentados por Luiz Inácio Lula da Silva, de 72 años, contra una sentencia a 12 años y un mes de reclusión por corrupción y lavado de dinero.
Si los tres jueces de esa corte rechazaran los cuestionamientos, el exmandatario (2003-2010) podría ser detenido después de la publicación del fallo, ese mismo día o al siguiente.
A menos que la corte suprema le conceda hoy un habeas corpus preventivo para recurrir en libertad hasta agotar todos los recursos judiciales. Un proceso que podría llevar varios meses o años.
La audiencia fue anunciada sorpresivamente ayer por la presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lúcia, presionada por varios de los 11 togados de la máxima corte del país. Lula realiza una gira proselitista por el sur de Brasil, que debe concluir el 28 en Curitiba.
El 26, según el programa, se hallará en Foz de Iguazú, en la frontera con Argentina y Paraguay.
El cofundador del Partido de los Trabajadores (PT) fue hallado culpable de haber recibido un apartamento de lujo en un balneario paulista a cambio de favorecer contratos de la constructora OAS en Petrobras.
La sentencia inicial, a nueve años y medio de cárcel, pronunciada el año pasado por el juez anticorrupción Sergio Moro, fue aumentada en enero de este año a 12 años y un mes por el TRF4.
El exsindicalista, que enfrenta otros seis procesos, se declara inocente en todos y denuncia una campaña para impedir que vuelva al poder en las elecciones de octubre, para las cuales los sondeos lo apuntan como favorito.
“Si se atreven a detenerme, estarán cometiendo una barbaridad jurídica y seré un preso político”, advirtió el viernes pasado.
El STF aprobó en 2016, por seis votos a cinco, la posibilidad de que las sentencias de detención empiecen a cumplirse al agotarse los recursos de segunda instancia.
Hasta entonces, si no existía riesgo de fuga u otros motivos para encarcelarlo, un condenado podía recurrir en libertad hasta que su caso transitara por el Supremo Tribunal de Justicia (STJ, tercera instancia) y, eventualmente, ante el propio STF.
Pero varios magistrados del máximo tribunal de Brasil quieren rediscutir el asunto, en nombre de la “presunción de inocencia”, y por lo menos uno que había apoyado la medida ya indicó que hoy votaría de otro modo.
En caso de que el STF cambie de parecer, también podrían verse beneficiados numerosos expoderosos empresarios y políticos condenados en el marco de la operación Lava Jato, una investigación que partió de un esquema de corrupción centrado en Petrobras.
“Una eventual alteración [de la norma] sería desastrosa para los avances registrados recientemente en la lucha contra la impunidad de la gran corrupción en Brasil”, escribió Moro en una sentencia emitida el pasado lunes.
Manuel Galdino, director ejecutivo de Transparencia Brasil, lamenta que la discusión se haya entablado “sin un análisis más profundo”, basado sobre todo en “intereses casuísticos”, entre quienes están a favor o en contra de prender a Lula.
Lula no podría presentarse a las elecciones de octubre, en virtud de la Ley de Ficha Limpia, que prohíbe la participación en los comicios de personas condenadas en segunda instancia, presas o no.
Pero eso solo lo determinará formalmente la justicia electoral cuando estudie los expedientes en agosto. Por lo cual Lula podría ser un ‘precandidato’ encarcelado.
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