El Ministerio Público (MP) anunció que apelará la decisión del juez Decimoquinto Penal, Leslie Loaiza, de conceder un sobreseimiento definitivo a 35 personas –particulares y servidores públicos– acusadas de presuntamente formar parte de una red de corrupción en perjuicio de la Autoridad Nacional de Aduanas.
En una audiencia celebrada el lunes pasado, el juez Loaiza dictó el sobreseimiento definitivo y el levantamiento de las medidas cautelares sobre los bienes de los imputados, tras considerar que no existían elementos probatorios contra ellos.
El fallo se dio, a pesar de que la fiscal Anticorrupción Lizzie Bonilla presentó hechos y pruebas que acreditaban que los funcionarios de Aduanas y particulares se dedicaban a “pasar la mercancía” sin cumplir con el pago de los tributos, a cambio de recibir “coimas” en el Aeropuerto de Tocumen.
En la audiencia, los abogados defensores de cerca de 20 imputados habían solicitado un proceso abreviado por considerar que el “expediente está completo” para decidir la culpabilidad de sus clientes.
Además, la fiscalía presentó confesiones de algunos servidores públicos y particulares que recibieron coimas y sus declaraciones estaban contenidas en “escuchas telefónicas”, que fueron debidamente autorizadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El juez argumentó que no se incorporó a la investigación testimonio alguno de turistas o particulares a quienes los funcionarios supuestamente les cobraban para introducir mercancía al país por el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
La investigación se inició el 9 de diciembre de 2015, a partir de una denuncia anónima interpuesta ante el Ministerio Público, la cual dio pistas sobre las actividades de la red.
Luego del anuncio del Ministerio Público sobre la apelación al fallo, corresponderá al Segundo Tribunal Superior revisar el caso.
Fallos polémicos
El juez Loaiza ha dictado otros fallos polémicos.
Por ejemplo, el 13 de diciembre de 2017 devolvió bienes inmuebles, vehículos y cuentas bancarias al exdirector del extinto Programa de Ayuda Nacional Rafael Guardia Jaén, como parte de un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público. Luego, el Segundo Tribunal revocó esa decisión.
También concedió tres sobreseimientos a imputados en el caso Buko Millonario, sin que se realizara la audiencia preliminar del caso.
Cuando fungió como juez municipal, dictó un sobreseimiento a trabajadores de la empresa Transcaribe Trading (TCT) acusados tras el bloqueo realizado a los diarios La Prensa y Mi Diario en agosto de 2012. El bloqueo se produjo entre los días 2 y 3 de agosto de ese año, a raíz de una serie de publicaciones hechas por ambos periódicos.