El exdirector de la extinta Policía Técnica Judicial Jaime Abad aseguró ayer que la estrategia utilizada para el pago de la deuda de la Editorial Panamá América (Epasa) en 2010 habría sido similar a la que se ejecutó para desviar fondos públicos en los fallidos proyectos del sistema de riego de Tonosí y el centro de convenciones de Amador por HPC-Contratas P&V.
En declaraciones hechas a este diario, Abad sostuvo que se trató del mismo modus operandi, en donde un grupo de empresarios o personas se asocian, unos ofrecen algún servicio, otros prestan sociedades, y al final sacan las ganancias para un provecho compartido.
Dijo que en este caso, el Ministerio Público (MP) debe remitir oficios al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Superintendencia de Bancos de Panamá y a la Dirección General de Ingresos para obtener el recorrido del dinero y tener un esquema claro de toda la operación.
A la vez, alegó tener conocimiento sobre instituciones y contactos en el extranjero “que están ansiosos de aportar información sobre los movimientos realizados” en el cuestionado pago.
En cuanto a la calidad de la averiguación que incluyó en su denuncia, sostuvo que trató de aportar al MP algunos indicios para que de allí se profundizara una investigación.
En este punto recalcó que como particular solo tiene alcance a la información pública, pero el MP posee las herramientas para obtener datos precisos e informes sobre los movimientos bancarios realizados por las empresas objeto de la denuncia.
“Mi intención como ciudadano es decirle al MP que complete el trabajo ante la información que se le ha presentado”, estimó el abogado.
En tanto, fuentes del MP informaron que en la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, a cargo de Marcelino Aguilar, quedó radicada la denuncia presentada por Abad.
Las fuentes confirmaron que a Aguilar corresponderá realizar las diligencias pertinentes en esta investigación y determinar la comisión o no de una conducta delictiva por parte de las empresas y personas a las que se hace referencia en la denuncia de Abad.
Explicaron igualmente que este proceso se encuentra en una etapa incipiente, que corresponde a la fase de recopilación de información relacionada con la denuncia presentada.
También manifestó que esta denuncia se agrega a una investigación de oficio abierta por el MP tras declaraciones del diputado panameñista Jorge Iván Arrocha, el pasado 31 de enero, sobre supuestas anomalías en el proceso de adquisición de Epasa en 2010.
En el período de incidencias de la Asamblea Nacional del 31 de enero de 2017, Arrocha pidió a “la Procuradora [Kenia Porcell] que como diputado parlamentario revestido en mi carácter constitucional que se investigue cómo fue adquirido este diario de la localidad, porque hay información de que fue con sobornos y coimas a empresas que eran las que se ganaban los proyectos de este país”.
Arrocha reiteró estas declaraciones el pasado 5 de abril en el pleno legislativo y volvió a instar al MP a que investigara el caso, y aseguró tener documentación que respaldaría su denuncia.
De acuerdo con Abad, su acusación se encuentra reforzada con las declaraciones del diputado Arrocha.
Abad precisó que la información obtenida se logró mediante una pesquisa personal, y que la mayoría de los datos fueron recabados de fuentes públicas.
Dijo que en este caso se trató de una asociación ilícita de varias personas para la obtención de fondos del Estado, que luego fueron entregados en una “canasta común”.
En la denuncia, Abad señala que Transcaribe Trading (TCT) y Excavaciones del Istmo, actuando en complicidad con Gladden Corporation, Fusys Latin Corp, Caribean Holding Services Ltd, High Spirit, Constructora Corcione & Asociados, Pavilion Financial Company, Los Pueblos ID, S.A. y Gold Park Investment Inc se encuentran presuntamente implicadas en delitos contra la administración pública, ya que fueron beneficiadas con contratos por parte del Estado y luego estos dineros habrían sido usados para el pago de la deuda de Epasa.
También mencionó la presunta participación en los hechos de los miembros de la junta directiva del Canal de Panamá (ACP) Nicolás Corcione y Henri Mizrachi.
Sobre esto, la ACP respondió que la denuncia a la que se hace referencia, en la cual se menciona a una empresa de un director de la ACP, no guarda relación alguna con trámites ante esta entidad, ni con actuaciones de dicha persona en su calidad de director de la ACP. Por lo tanto, la investigación de este caso escapa a la competencia de la ACP, y la misma debe seguir su curso legal.
