La Fiscalía Anticorrupción de Descarga pidió al Juzgado Tercero Penal el llamamiento a juicio del exministro de Economía y Finanzas (MEF) Frank De Lima y de otras dos personas a quienes acusa de la supuesta comisión del delito de peculado, como parte de la investigación sobre una posible lesión patrimonial de $3.2 millones causada al Aeropuerto Internacional de Tocumen durante el gobierno pasado.
El proceso, a cargo del fiscal Adecio Mojica, se originó a partir de una auditoría de la Contraloría General de la República de 2017, que determinó la posible lesión en un contrato de alquiler de locales comerciales.
Según la auditoría, la empresa Flying Retail, Inc. dejó de pagar un Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) al aeropuerto por el uso de un espacio físico dentro del local concesionado a la empresa Tequendama, S.A., “con una superficie similar a la autorizada inicialmente a esta última, sin haber participado en un acto público y con un valor inferior al precio ofertado por Tequendama, S.A.”.
De acuerdo con la auditoría, el beneficio a Tequendama, S.A. fue otorgado por De Lima, entonces presidente de la junta directiva de Tocumen, S.A. y titular del MEF.
La fiscalía es de la tesis que la “falta de observancia de los deberes que debió ejercer Frank De Lima provocaron que el aeropuerto dejase de percibir los $3.2 millones, justamente porque aprobó en adición a un espacio que ya estaba concesionado a la empresa Tequendama, S.A.”.
Por esta causa, la fiscalía también pide el llamamiento a juicio de Jack Btesh Hasan, presidente y representante legal de Tequendama, S.A., y de Carmen Minerva Serrano, firmante de la citada empresa.
Según la auditoría, Btesh Hasan solicitó, mediante notas del 9 y 26 de abril de 2010, a Rafael Flores, entonces gerente del aeropuerto, la división del local No. C2-24, además de la división del IMG que se había establecido en el contrato original.
Las investigaciones determinaron que Tequendama, S.A. no pertenecía al mismo grupo económico que Flying Retail, Inc., por lo que no podía compartir el mismo espacio físico.
Por este caso, la fiscalía ordenó el 12 de agosto de 2017 la detención provisional del exministro De Lima, pero luego, en enero pasado, la Corte acogió un habeas corpus que le sustituyó la detención. De Lima se encuentra actualmente con una medida cautelar de impedimento de salida del país.
Franklin Amaya, abogado del exministro, expresó que los cargos formulados por la fiscalía a su cliente son infundados.
Sostuvo que De Lima lo que hizo con el contrato de Tequendama, S.A. fue ejecutar una decisión que había tomado la junta directiva del aeropuerto de dividir el local en la terminal aérea.
Indicó que le llama la atención que en este proceso De Lima haya sido procesado y detenido y ninguno de los miembros de la directiva de la terminal, que aprobaron unánimemente la división del local, fueron investigados por la fiscalía.
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