Un amparo de garantías presentado por la defensa de Ricardo Martinelli busca anular las querellas interpuestas por las víctimas del proceso que se le sigue al expresidente por supuestamente espiar las comunicaciones de, al menos, 150 personas.
El recurso fue interpuesto por el abogado Dimas Guevara, quien argumenta que Martinelli tenía fuero electoral penal el 8 de junio de 2015, cuando la Corte Suprema de Justicia admitió las querellas.
De acuerdo con Rosendo Rivera, víctima de los pinchazos, “disimulando que es un acto dictado por el juez de garantías [Jerónimo Mejía], ellos pretenden dejar sin efecto una decisión del pleno de la Corte del 8 de junio de 2015. Primero, esa decisión fue hace tres años y, segundo, las decisiones de la Corte no son atacables a través de amparos”, alegó.
Guevara busca desestimar la decisión que tomó Mejía el pasado 4 de julio, cuando negó al exmandatario un recurso de nulidad que buscaba tumbar el proceso, invocando el fuero de 2015.
Martinelli insiste: en 2015 no podía ser investigado
Una vez más, el equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli apela al fuero electoral penal como estrategia para anular el proceso que le sigue la Corte Suprema de Justicia por supuestamente espiar comunicaciones a unas 150 personas.
A través de un amparo de garantías constitucionales, interpuesto por el abogado Dimas Guevara, la defensa de Martinelli ataca la decisión tomada el pasado 4 de julio por el magistrado Jerónimo Mejía –en funciones de juez de garantías– que desestimó un recurso a través del cual se invocaba un fuero penal electoral a favor del exmandatario.
Mejía concluyó ese día que la petición de la defensa carecía “de sustento jurídico”, ya que existen registros de que el 29 de julio de 2015 el Tribunal Electoral (TE) le levantó el fuero a Martinelli.
“Una vez se recibió la comunicación del TE, el pleno de la Corte dictó una resolución, el 12 de agosto de ese año, para levantar la suspensión del proceso y ordenar a los magistrados fiscal y de garantías que entraran a ejercer sus funciones. Es el 13 de agosto [de 2015] que el fiscal queda en capacidad para hacer actos de investigación. Esto demuestra que no se ha violado el fuero electoral”, explicó el magistrado.
Según Guevara, Mejía no consideró en su decisión los artículos 218-E y 218-C de la Ley No. 29 del 29 de mayo de 2017, que reformó el Código Electoral, con lo cual incurrió en causales de nulidad.
De acuerdo con Guevara, el 15 de mayo de 2015 la Corte preguntó al TE si Martinelli gozaba de fuero electoral. Tres días después, el Tribunal respondió que no lo tenía a esa fecha, pero que el partido Cambio Democrático estaba gestando elecciones internas.
El 8 de junio de 2015, el TE emitió una resolución que amplió su respuesta a la Corte, la cual fue enviada el 11 de junio de ese año, en la que le dijo que, de quedar en firme la convocatoria a las elecciones internas de CD, Martinelli tendría fuero de forma retroactiva a partir del 8 de junio de 2015.
En otras palabras, Martinelli tendría fuero a partir de la misma fecha en que el pleno de la Corte admitió las querellas de las víctimas de los pinchazos y la admisión de la causa contra Martinelli, por lo que estas deberían ser anuladas.
Posteriormente, el TE, en nota fechada el 26 de junio de 2015, remitió una certificación en la que acreditó que Martinelli, efectivamente, gozaba de fuero electoral a partir del 8 de junio de 2015.
En consecuencia, según argumentó Guevara, se produjo una violación a los derechos de su cliente, ya que el 4 de julio pasado, el juez de garantías desechó el alegato de nulidad al que la defensa de Martinelli apelaba.
No obstante, para 2015, cuando el TE respondió a la Corte sobre el fuero electoral a favor de Martinelli, estaba vigente el Código Electoral reformado en 2013, mediante la Ley 4 de 2013 y Ley 31 de 2013, cuyo artículo sobre el fuero penal electoral no incluía la palabra “investigados”, concepto que recoge la reforma de 2017, cuando dice que no pueden ser investigados una serie de funcionarios, entre ellos, los diputados, si gozan del fuero penal electoral.
Es decir, Guevara apela a la aplicación de una ley electoral que no estaba vigente para el 8 de junio de 2015 –fecha en la que se declaró con fuero electoral a Martinelli–, ya que los artículos a los que se refiere que fueron violados son del Código Electoral de 2017 (ver análisis).
Para dilatar
Los abogados querellantes Carlos Herrera Morán, en representación de Mauro Zúñiga, y Rosendo Rivera, quien se representa a sí mismo, presentaron escritos de oposición al citado amparo.
Morán alega que en este caso la defensa de Martinelli está invocando la Ley 29 del 29 de mayo 2017, que entró en vigencia dos años después del inicio de la investigación. Esa norma, dijo, “no tiene un efecto retroactivo en el tiempo”, por lo que “no puede ser aplicada” en este proceso. El abogado calificó la acción de Guevara como una estrategia para dilatar el proceso y como un “gazapo jurídico”.
Mientras que Rivera alegó que el amparo busca que la Corte revise nuevamente una decisión que ya tomó hace tres años, cuando se inició la investigación.
Añadió que el recurso busca que la Corte atente “contra el principio de seguridad jurídica” al revisar un tema sobre el que ya realizó un pronunciamiento, cuando el 12 de agosto de 2015 levantó la suspensión del proceso, luego de que el TE le comunicara el 29 de julio de 2015 que Martinelli no tenía fuero electoral.
La defensa de Martinelli también presentó otro amparo de garantías contra la decisión del magistrado Mejía de que la Corte mantiene la competencia del caso, a pesar de que el exgobernante renunció al Parlamento Centroamericano.
Ya el pasado 11 de julio, la Corte no admitió un amparo similar con el argumento de que no hubo violación de una norma fundamental.
