La defensa del expresidente Ricardo Martinelli ha presentado ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitudes para que se archiven dos procesos judiciales que adelanta ese tribunal contra el exgobernante.
Se trata del proceso identificado con la carpetilla 876-14, en la que se investiga a Martinelli por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidores públicos, tras otorgar 355 indultos en el ocaso de su administración, en junio de 2014.
El otro caso es el expediente 137-15, en el que se procesa al expresidente por la presunta comisión de los delitos contra la libertad individual, extorsión y tráfico de influencias, relacionado con una ocupación de tierras en la comunidad de Bahía Honda, Veraguas, hechos supuestamente ocurridos en 2012.
Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, explicó que la petición se ha hecho con base en el principio de especialidad, bajo el cual el exmandatario fue extraditado por Estados Unidos el 11 de junio pasado. Según el abogado, esto implica que solo puede ser juzgado por el delito por el que fue requerido por Panamá.
Carrillo precisó que posteriormente pedirán el archivo de los otros procesos, que sumarían, al menos, cuatro más que se mantienen abiertos en la CSJ.
No obstante, el Código Procesal Penal establece que hay varias excepciones a este principio de especialidad. La más importante consiste en que al extraditado se le puede juzgar por otros delitos solo si la autoridad competente del país que lo extradita, en este caso del Departamento de Justicia de Estados Unidos, así lo autoriza previamente.
Las solicitudes de archivo presentadas por la defensa de Martinelli deben ser admitidas o negadas por la mayoría del pleno de la CSJ.
Defensa de Martinelli invoca principio de especialidad
Un mes y 14 días después de que el expresidente Ricardo Martinelli fuera extraditado desde Estados Unidos (EU), sus abogados defensores invocaron ante la CSJ el principio de especialidad, a fin de que ese tribunal archive dos de los procesos que le siguen al exgobernante.
Este principio, establecido en el convenio de extradición suscrito entre Panamá y EU en 1904, y en la convención multilateral inherente a esta materia de 1993, consiste en que el Estado requiriente (Panamá) solo puede juzgar al individuo extraditado por los delitos por los que su extradición fue autorizada por el Estado requerido (EU).
De acuerdo con Carlos Carrillo, uno de los abogados de Martinelli, con base en este principio el exgobernante solo puede ser juzgado por los delitos que EU autorizó en la extradición, es decir, los contemplados en el caso de los pinchazos. En razón de ello, la defensa pidió que, inicialmente, se archiven dos procesos a Martinelli.
Contrario al punto de vista de la defensa, expertos en derecho internacional sostienen que hay excepciones que aplican en el principio de especialidad, y afirman que la CSJ no está limitada por dicha figura para procesar al imputado en otro casos (ver análisis).
De hecho, el artículo 548 del Código Procesal Penal establece tres excepciones para que una persona extraditada pueda ser juzgada por un delito cometido antes de su entrega por el Estado requerido: si la autoridad competente del Estado extranjero expresa su consentimiento; y si luego de haber sido puesto en libertad por el delito por el cual fue extraditado el individuo no sale de Panamá en un plazo de 30 días, pues se entiende que ha renunciado tácitamente al principio de especialidad.
Una tercera excepción es que la persona extraditada haya expresado su renuncia a la regla de especialidad.
Los casos
Uno de los procesos que pide archivar la defensa es el relacionado con 355 indultos que otorgó Martinelli durante su administración.
A pocos días de abandonar el poder en junio de 2014, Martinelli promulgó 19 decretos, en los que otorgó 355 indultos. Según la denuncia que dio origen al caso, entre los indultados había procesados por casos comunes.
Este proceso avanzó en la CSJ hasta el pasado mes de marzo, cuando el pleno suspendió la orden de detención con fines de extradición del expresidente.
En este caso, Martinelli fue declarado en rebeldía por no asistir en dos ocasiones a la audiencia de imputación de cargos que le haría el fiscal de la causa, el magistrado Abel Zamorano.
El otro caso que solicita la defensa que se archive guarda relación con una denuncia interpuesta en 2015 contra Martinelli por la presunta comisión de los delitos de extorsión, contra la libertad y tráfico de influencias.
La denuncia tiene su génesis en supuestas amenazas que Martinelli hizo en una visita que efectuó en 2012 a moradores de Pixvae y Bahía Honda, en Veraguas, para que cedieran sus tierras a un comerciante.
Este proceso está pendiente de que se celebre la audiencia de imputación al exgobernante. El fiscal de la causa es el magistrado Abel Zamorano.
Audiencia suspendida
Entretanto, el magistrado Jerónimo Mejía –en funciones de juez de garantías en el caso de los pinchazos–, suspendió ayer y hasta el próximo lunes 30 de julio la audiencia de este proceso, luego de que el magistrado fiscal de la causa, Harry Díaz, notificara que padecía quebrantos de salud y que los médicos le dieron tres días de incapacidad.
También trascendió que Martinelli presentaba dolores producto de una hernia, por lo que sería tratado esta semana.
El fiscal Díaz debía responder en la audiencia de ayer a objeciones contra el escrito de acusación presentadas por el abogado de la defensa Sidney Sittón, y sobre pruebas interpuestas contra Martinelli.
El equipo de defensa de Martinelli denunció que la incapacidad del fiscal es una táctica para dilatar el proceso.
Ellos, por su lado, han presentado desde el pasado 11 de junio siete recursos de nulidad y dos amparos de garantías constitucionales, que no han prosperado.
El pasado lunes insistieron en presentar un nuevo amparo contra la decisión del magistrado Mejía de mantener la competencia del caso.
El ponente es el magistrado Oydén Ortega.
Corte deberá emitir en su momento fallo en derecho
Mitchell Doens, una de las víctimas de los pinchazos, dijo que este es un caso con ciertas complejidades que han motivado el retraso de algunas diligencias practicadas en la fase intermedia del proceso, pero que se está avanzando hacia el juicio oral, en el que se presentarán las pruebas de cada parte y entonces el pleno de la Corte deberá emitir una sentencia apegada a derecho. A su juicio, este momento llegará tarde o temprano.
