El magistrado Jerónimo Mejía –en funciones de juez de garantías– dictó ayer auto de apertura de juicio al expresidente Ricardo Martinelli, como parte del proceso que se le sigue por la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, peculado por malversación y peculado de uso.
Mejía dio lectura a la resolución que dicta el auto de llamamiento a juicio a Martinelli, luego de efectuar una sustentación legal de la competencia que tiene el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y él como juez natural en el citado proceso.
El juez dispuso como fecha probable para inicio del juicio oral a Martinelli el 11 de diciembre próximo, a las 9:00 a.m. Sin embargo, aclaró que esta fecha puede ser modificada por el pleno de la CSJ.
Por más de dos horas, el juez de garantías dio lectura al auto de llamamiento a juicio, que incluyó la acusación que formuló el 9 de octubre de 2015 el fiscal de la causa, el magistrado Harry Díaz, quien pide 21 años de cárcel para el expresidente.
Mejía ratificó que tanto el pleno de la CSJ como el juez de garantías son competentes para seguir con el proceso al exgobernante, a pesar de la renuncia de este como diputado del Parlamento Centroamericano en junio pasado.
Explicó que el pleno de la CSJ ha tomado decisiones constitucionales y resuelto recursos presentados por la defensa de Martinelli que han confirmado la competencia de este tribunal en el caso.
“La Corte tendría un serio problema de coherencia e iría contra sus propios actos si decide que no tiene competencia”, advirtió.
La advertencia de Mejía se da luego de que ayer venció el plazo para que los magistrados del pleno de la CSJ dieran lectura al proyecto de fallo del magistrado Oydén Ortega, que al resolver un amparo de garantías declina la competencia de la CSJ en el caso.
Aún no hay fecha para la discusión en el pleno del amparo presentado por la defensa de Martinelli.
Mejía advierte consecuencias si pleno declina competencia
El magistrado Jerónimo Mejía –en funciones de juez de garantías– advirtió que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) “iría en contra de sus propios actos” si decide declinar la competencia del proceso seguido al expresidente Ricardo Martinelli por la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, peculado de malversación y peculado de uso.
“La Corte tendría un serio problema jurídico al desconocer sus precedentes. Un serio problema de coherencia e inconsistencia. Un serio problema de certeza y seguridad jurídica, e iría contra sus propios actos si declina la competencia del caso”, advirtió Mejía.
El juez de garantías hizo estos señalamientos antes de dictar auto de apertura a juicio a Martinelli y remitir la causa al pleno de la CSJ para que prosiga con el caso.
Además, Mejía insistió en el asunto de la competencia, luego de que ayer venció el plazo para que los magistrados que integran el pleno dieran lectura al proyecto de fallo que resuelve un amparo presentado por la defensa de Martinelli –con ponencia del magistrado Oydén Ortega–, el cual ordena que la CSJ decline la competencia del caso Martinelli.
Alegatos
Mejía explicó que el pleno ha tomado decisiones constitucionales –al resolver amparos de garantías– y ha resuelto recursos de la defensa de Martinelli que reconocen la competencia genérica y objetiva del juez de garantías y del tribunal.
Precisó que el pleno de la CSJ ha ratificado la competencia funcional del proceso en decisiones como la negación de una fianza de excarcelación, el rechazo a cambiar la medida cautelar y fallos que no admitieron alegatos de doble juzgamiento o nulidad, demandados en su momento por los abogados del exgobernante.
Indicó que todos esos fallos del pleno se dieron después de la renuncia de Martinelli como diputado del Parlamento Centroamericano en junio pasado.
Reiteró que el artículo 31 del Código Procesal Penal establece que la competencia es improrrogable; es decir, que no puede ser variada por una de las partes; y que el artículo 233 del Código Judicial hace perpetua la competencia desde el momento en que se fija la acusación del fiscal, que en este proceso fue el 9 de octubre de 2015.
Explicó que hay razones institucionales que han establecido que la competencia para investigar a los diputados recaiga sobre la CSJ.
Y precisó que la Constitución Política es la que establece que la competencia de investigar a los diputados es de la Corte.
Pruebas y acusación
El juez de garantías dio lectura a los aspectos revelantes de la acusación particular del proceso, presentada por el magistrado Harry Díaz, y leyó todas las pruebas que admitió en la fase de acusación.
En su escrito de acusación, Díaz solicitó una pena de 21 años de prisión para Martinelli, como presunto autor de los delitos de interceptación de telecomunicaciones sin autorización judicial (4 años); seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial (4 años); peculado agravado por sustracción o malversación (10 años); y por peculado de uso (3 años de prisión).
El auto de juicio incluye 44 pruebas testimoniales, 47 pruebas documentales, 5 periciales y 72 ayudas memoria por parte de la fiscalía.
Mientras tanto, por parte del acusador autónomo –Rosendo Rivera– fueron admitidas 74 pruebas testimoniales, 42 pruebas documentales y 3 periciales.
Por su parte, a la defensa de Martinelli el juez le admitió 22 pruebas testimoniales, 34 documentales y 1 prueba pericial.
Querellantes
A su salida de la audiencia, el abogado Nicomedes Castillo, representante legal de Juan Carlos Navarro –víctima de las escuchas–, dijo sentirse satisfecho de la labor del juez de garantías.
A su vez, la querellante Balbina Herrera indicó que la decisión de Mejía constituye un gran avance en el proceso y que ahora todo está en manos del pleno de la Corte.
En tanto, el también querellante Mitchell Doens consideró que, aunque Mejía se tomó su tiempo para decidir, el trabajo realizado fue satisfactorio y dio a la defensa del exmandatario amplitud para presentar su caso.
La defensa ripostará
Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, dijo que presentarán una serie de amparos de garantías contra las decisiones adoptadas por el juez Mejía en la audiencia de ayer.
Carrillo alegó que Mejía emplazó a la Corte, al advertir que si varía el criterio de la competencia se estará enviando un mal mensaje a la sociedad.
Se quejó de que el juez no les admitió una serie de pruebas periciales que, a su juicio, son cruciales para demostrar la inocencia de su cliente, entre ellas, un perito lofoscópico que examinaría las huellas dactilares del testigo protegido. Asimismo, que se le permitieran otros dos peritos para verificar pruebas físicas, como las computadoras portátiles, discos duros y compactos que contienen los mensajes interceptados a las víctimas.
