La Fiscalía General de México anunció ayer una investigación sobre el presunto espionaje en contra de periodistas y activistas, quienes acusan al Gobierno de haber intervenido sus teléfonos celulares.
La carpeta de investigación por los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática estará a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), informó la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal), en un comunicado.
Detalló, además, que “investigará los posibles proveedores de la tecnología utilizada para realizar este tipo de actos” y les pedirá que informen a qué dependencias federales y estatales y, de ser el caso, a qué empresas privadas les han facilitado equipos de intervención.
La denuncia, que fue rechazada por la Presidencia de México, argumentando que no existen pruebas del delito, apunta al presunto uso de un software de espionaje fabricado por la empresa israelí NSO Group, que se vende exclusivamente a gobiernos para combatir a terroristas y criminales. Según un reportaje divulgado el pasado lunes por el diario The New York Times, el espionaje contra defensores de derechos humanos, periodistas de investigación y activistas anticorrupción, se efectuó utilizando un tipo de malware provisto por la empresa, que cuenta entre sus clientes al Ministerio de Defensa de México y a la Fiscalía General.
En el Senado mexicano, legisladores del opositor partido Morena propusieron crear una comisión bicameral de investigación sobre el presunto espionaje y la comparecencia de altos funcionarios del Ministerio de Gobernación (Interior) y la Fiscalía.
“Investigar lo sucedido para deslindar responsabilidades está en el interés, no solo de la sociedad y de la oposición, sino del mismo Gobierno, cuya legitimidad se verá gravemente minada si no se señalan responsables”, dijo Morena en su propuesta, que aún debe ser debatida.
La Fiscalía precisó en su comunicado que la investigación incluirá el análisis de los números telefónicos afectados, la identificación de la procedencia de los mensajes que hayan sido recibidos por los denunciantes, la geolocalización de los equipos que hubieran remitido los mensajes, así como la forma en la que opera este malware.
Entre los agraviados está la periodista Carmen Aristegui, quien reveló casos de posible corrupción que involucran al presidente Enrique Peña Nieto; y el defensor de derechos humanos Mario Patrón, que abogó por los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en Iguala.
La revelación de que un hijo menor de edad de Aristegui habría sido espiado, suscitó la protesta de la Red por los Derechos de la Infancia, que consideró “ilegal y éticamente cuestionable” el ataque a la intimidad de un adolescente y alertó sobre la violación de leyes de protección a menores.
