En los bosques darienitas fueron talados unos 9 mil metros cúbicos de madera de especies en peligro de extinción entre 2017 y 2018, según el listado del Ministerio de Ambiente (Miambiente). Es suficiente madera para llenar unos 300 contenedores de 20 pies. La mayor parte, legalizada, con el beneplácito del ministerio encargado de proteger el patrimonio ambiental panameño.
Es una cantidad conservadora, calculada con base en los permisos de tala de bosques naturales [que no incluyen la tala en fincas de reforestaciones comerciales], entregados a La Prensa, tras una solicitud amparada en la Ley de Transparencia.
La lista de 2016 de especies de fauna y flora amenazadas de Panamá no incluye algunas especies consideradas en peligro en el mundo.
La tala avalada por Miambiente ha tomado terreno en bosques próximos al Parque Nacional Darién. Moradores culpan al ministerio por la entrega de permisos, aunque pidieron una moratoria.
Avalan tala de especies en peligro
Uno tras otro, camiones cargados de madera salen de Darién ante la mirada de muchos. Transitan frente a puestos de control; fotografías y denuncias inundan las redes sociales. ¿Qué ocurre en esta joya ecológica de la región? ¿Cuál es el rol de las autoridades?
La Prensa visitó los principales centros de acopio de madera en Darién. En ellos vio centenares de tucas extraídas de sus selvas, a corta distancia de oficinas del Servicio Nacional de Fronteras. Además, entrevistó a una docena de actores del sector –autoridades, indígenas y madereros– y revisó múltiples estudios ambientales, resoluciones y permisos de extracción.
Para la etnia emberá wounaan, en Cémaco (Darién) –donde más se tala madera– hay un solo responsable: “Miambiente [Ministerio de Ambiente] es culpable de todo. Si estos señores no tuvieran permisos, ¿cómo es que entran a la montaña? Vaya a Bajo Lepe y Boca de Cupe [comunidades próximas al Parque Nacional Darién (PND)]. Allí está todo devastado”, afirmó Manuel Cáisamo, de Unión Chocó.
Él y otros compañeros intentaron detener un camión en la pasada “cosecha” de madera –finalizada entre mayo y junio, antes de la estación lluviosa–, pero se rindieron al descubrir que tenían permiso para talar.
Este diario descubrió que mucha de la madera extraída de Darién es “legal”. Así consta en las marquillas fotografiadas y resoluciones de corte. Y se avaló extraer especies en peligro del Bosque Protector Alto Darién, área protegida, y parte de la zona de amortiguamiento del PND.
A cuentagotas
Para corroborarlo, desde enero pasado, La Prensa solicitó a Miambiente copia simple de los permisos de extracción (comunitarios y simplificados o los antes llamados de subsistencia, es decir, de bosques naturales y no de plantaciones comerciales), con planes anuales de corte, contratos, especificando volúmenes, extensión y especies para 2017-2018, y su localización geográfica.
Pero Miambiente maneja el asunto de los permisos de tala con opacidad. Pese a que la solicitud de información se hizo bajo el amparo de la Ley de Transparencia –que otorga 30 días para responder y otros 30 días más de gracia– cuando se acudió en febrero a buscarla, ese ministerio informó que la solicitud se había extraviado.
“Esa información es pública, debería estar en su portal, con los compradores y las inspecciones. Así la ciudadanía podría monitorear el cumplimiento”, dijo Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).
En marzo, Miambiente pidió prórroga, y en abril entregó parte de lo solicitado. Un mapa, en una imagen de baja resolución, reflejaba dónde se habían otorgado permisos de tala, pero no todas las resoluciones fueron incluidas. Tampoco entregaron los permisos en la comarca Wargandí (Darién), ni las de la zona de amortiguamiento del PND.
Tras una entrevista para abordar imprecisiones, cinco correos y varias llamadas, y transcurridos seis meses desde que fue hecha la solicitud, Miambiente entregó los permisos restantes de tala en Boca de Cupe, próxima al PND, en el bosque protector.
La institución se guardó el mapa de las áreas protegidas que señalarían la ubicación de los permisos de tala, como lo prometió Melanio Aguilar, de la Dirección Forestal de Miambiente en Darién, que se entregaría.
Pese a que Miambiente niega dar permisos de tala en el PND, pobladores –como Carlos Doviaza y Elibardo Membache– relataron que en febrero pasado había unos 350 árboles marcados en bosques de Bajo Lepe y Púcuro -zonas de amortiguamiento- y en el PND para ser derribados en 2019.
Isaías Ramos
biólogo del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).
Según el mapa de Miambiente entregado a La Prensa [que indica la ubicación de los permisos sin las áreas protegidas], se autorizaron 53 talas en fincas privadas, pero la entidad solo adjuntó 47 de estas resoluciones. Incluyó un cuadro con los permisos, pero lo detallado tampoco coincide con las resoluciones.
Por ejemplo, hay permisos de tala de subsistencia para la misma persona con igual cantidad de madera, pero de especies diferentes; y más de una docena de permisos en el cuadro carecen de las resoluciones que autorizan la tala.
Pese a ello, este diario, en colaboración con expertos del CIAM, localizó cada polígono incluido en las resoluciones y verificó, una a una, las especies y volúmenes implicados.
Los permisos se otorgaron, pese a que el Consejo Nokoras Emberá Wounaan –organismo tradicional de consulta que representa las 29 comunidades indígenas de Cémaco– pidió por escrito en enero pasado a Miambiente detener los permisos de tala, pues carecían del aval de los moradores.
De hecho, funcionarios de Miambiente –como la directora forestal Dalia Vargas y el asesor legal, Cristhian Laniado– recomendaron, en un informe fechado el 13 de junio de 2017 y al que tuvo acceso La Prensa, “no renovar permisos comunitarios en la comarca Emberá Wounaan hasta que se resuelva la disputa interna entre el Congreso General, los congresos regionales y los nokos locales” , y que se otorgaron permisos sin “el visto bueno de la autoridad tradicional”.
Pero, pese a las advertencias del personal técnico, el ministro Emilio Sempris firmó y avaló múltiples permisos (ver facsímil). El informe, de 11 páginas, detalla anomalías en la aprobación de los permisos en Darién.
Tala aprobada
Según documentos entregados a este medio, Miambiente aprobó la tala de poco más de 42 mil 600 metros cúbicos de madera entre 2017 y 2018 [cada permiso tiene vigencia de un año] en Darién y Panamá este.
Considerando que un contenedor de 20 pies tiene una capacidad de 33 metros cúbicos, la aprobación sería suficiente para llenar mil 400 de estos contenedores con madera extraída mayormente de Darién.
Eso serían unos 3 mil 400 árboles, cálculo basado en la suma de los permisos entregados a La Prensa o al cálculo de Miambiente, que indica que 150 metros cúbicos de madera equivalen a entre 10 y 12 árboles. [En la cantidad de árboles talados no se incluyen los cortados en un área de mil hectáreas, pues el informe no fue entregado].
De este total, los permisos para Darién y la comarca Madugandí en 2018 abarcaron 10 mil 300 metros cúbicos, los que serían unos 340 contenedores de 20 pies.
La tala sería mayor considerando las múltiples denuncias de “blanqueo de madera”, es decir, que mediante un permiso se retira madera de otro lugar no autorizado o extraen una mayor cantidad de madera que la avalada.
Según cifras oficiales, este año se decomisaron 500 metros cúbicos de madera ilegal en Darién. Pero “el problema es que no hay seguimiento al que extrajo la madera, que debió reforestar; por eso, el talador hizo lo que quiso”, subraya Doviaza, quien vigila los bosques para Rainforest Foundation.
Para evitar el “blanqueo”, Miambiente instauró en enero pasado un sistema de trazabilidad de la madera que se extrae, con el uso de chips. Pero tres funcionarios que pidieron anonimato afirmaron que no se aplicó con éxito, porque no hay internet en los sitios de control, aunque, según la institución, el sistema sí fue exitoso.
Amenazas
“Miambiente ha dado concesiones sin que la comunidad se de cuenta y el cacique firmó a espaldas de los pueblos. Además, los grupos a favor de la tala intimidan. A mí me dijeron que me quedaría sin lengua”, contó Gómez Membache Peña, quien vive cerca del río Tuira. Con todo, su comunidad se le “paró firme” a los taladores.
Membache es una de las múltiples voces que reclaman la falta de consulta y se opone a que los permisos comunitarios para talar se extiendan hasta por 25 años.
La Prensa comprobó que el 24% de la tala autorizada [en Darién y Madugandí], 9 mil 106 metros cúbicos [unos 300 contenedores de 20 pies] son “especies vulnerables” o “en riesgo de extinción alto” del “listado de las especies de fauna y flora amenazadas de Panamá” más reciente, de diciembre de 2016.
Los más talados, aun estando en riesgo, según la lista, fueron: 2 mil 117 metros cúbicos de cativo; 2 mil de amargo amargo; mil 245 de cedro espino y 4 mil 902 de bálsamo, especie que, aunque no está en esa lista, al inicio de esta administración se restringió su tala; y 6 mil 656 metros cúbicos de almendro, en peligro, según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora, aunque no lo incluye la lista panameña.
“El cativo es una especie de distribución restringida y se encuentra mayormente en Darién y la tratan como cualquier otra madera. En Panamá no existen estudios poblacionales de las maderas que se extraen. ¿Cómo garantizan que se recuperan las especies extraídas?, se pregunta Ramos.
“Se está actualizando el mapa de cobertura boscosa con datos actuales de la composición florística de nuestros bosques, y será con ese informe que podrían decir con exactitud cuáles especies están en vías de extinción”, dijo Dalia Vargas, directora forestal de Miambiente.
Pese a no contar con ello, se ejecutó la tala de especies amenazadas. El objetivo de los permisos es que los indígenas mejoren su calidad de vida, pero ¿quiénes se benefician realmente?
VEA MAÑANA: Bosque Protector Alto Darién, área protegida inexistente para Miambiente.
