La designación del reemplazo de Kenia Porcell le corresponde al presidente Laurentino Cortizo. Sin embargo, un nombramiento inadecuado le costaría a todos los panameños.
Decenas de casos de corrupción de alto perfil, la extradición de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli y el trámite de una excepción al principio de especialidad que protege al exmandatario se verían afectados por la designación de un procurador que modifique radicalmente la institución.
Ministerio Público, en la cuerda floja
La persecución del delito en Panamá es una tarea asignada al Ministerio Público por mandato de la Constitución Política.
A diferencia de otras entidades del ramo judicial, el Ministerio Público no tiene un gobierno colegiado, como lo tiene la Corte Suprema de Justicia o el Instituto de Medicina Legal y Ciencias forenses. El Ministerio Público tiene como cabeza al procurador de la Nación. Esa es su fortaleza y su mayor debilidad.
Una procuradora como Ana Matilde Gómez fue capaz de liderar importantes transformaciones en la institución y prepararla para el sistema penal acusatorio. Su abrupta salida causó un éxodo de funcionarios y resquebrajó el esquema institucional dentro de la entidad.
Los fiscales, a pesar de sus años de dedicación al servicio del Estado, no cuentan con la estabilidad que puede tener un maestro, un policía o un médico. A un fiscal, por rotación, se le puede transferir a una provincia distante o ser asignado a gestionar temáticas diferentes.
Los fiscales, al igual que los médicos, son altamente especializados. La preparación que requiere un funcionario del Ministerio Público toma años de entrenamiento formal, nacional e internacional y muchos años de práctica para manejar correctamente la relación con los estamentos de seguridad, los intercambios con otros países y la interrelación con instituciones clave del Estado panameño, como la Contraloría General de la República, la Unidad de Análisis Financiero, la Dirección General de Ingresos o la Cancillería, por solo mencionar algunas.
Dado que Panamá carece de una policía especializada en investigación judicial, como sí la tiene Chile y Costa Rica, y la tuvo Panamá hasta 2008 con la Policía Técnica Judicial , los investigadores de la Policía Nacional deben rotar y asumir otros roles. Esto significa que la memoria institucional de la investigación criminal queda únicamente en el Ministerio Público.
¿Cuánto tiempo toma una investigación? Las pesquisas del Ministerio Público pueden tomar años, como ha sido el caso del avión de Alas que sufrió un atentado en 1994, la desaparición de Vernon Ramos o la gran mayoría de los casos de corrupción de alto perfil.
Con la salida de la procuradora Kenia Porcell y la posible rotación de personal generada por un nuevo procurador se interrumpen diligencias y afecta la estrategia de múltiples casos, ya que un fiscal puede aproximarse a una causa criminal buscando acuerdos de pena para cazar a los peces gordos, y otro podría encontrar que le conviene más concentrar sus esfuerzos en unos pocos peces pequeños para construir su reputación.
La procuradora Porcell tiene en curso la extradición de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares. Como si esto fuera poco, lleva adelante una solicitud de consentimiento al gobierno de los Estados Unidos para validar una excepción al principio de especialidad que protege al expresidente de la República Ricardo Martinelli.
Además, el Ministerio Público está a la espera de intercambios de información con España y Andorra, y permanece en pausa hasta que el Órgano Judicial decida si puede seguir investigando el caso Odebrecht.
Todo esto fundamenta la necesidad de que el próximo procurador respete la institucionalidad y entienda, de primera mano, el trabajo que realiza el Ministerio Público. Lo contrario sería perder cinco años de esfuerzos y dejar desprotegido el país frente a la corrupción.