El ministro de Seguridad, Rolando Mirones, reveló que mañana miércoles sostendrá una reunión con la procuradora Kenia Porcell con el fin de esclarecer el tema de los funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) que llevaban investigaciones de alto perfil y que fueron enviados de vacaciones.
Mirones dijo que en la conversación dejará claro que se trató de una decisión administrativa de la Policía Nacional (PN) de darle vacaciones a cuatro funcionarios de la DIJ, algunos de los cuales acumulaban hasta cuatro años sin tomar vacaciones.
El pasado 19 de julio, la procuradora denunció que la PN estaba “desmantelando” las fiscalías anticorrupción al trasladar a policías- investigadores de casos como el de Odebrecht.
En el encuentro también estarán el director de la DIJ, Manuel Castillo, y el director de la PN, Jorge Miranda. Legalmente, la DIJ forma parte de la PN y esta responde al Ministerio de Seguridad.
Kenia Porcell, procuradora.
El funcionario estimó que todo se pudo haber solucionado con una llamada telefónica por parte de la procuradora a su despacho. “Nosotros no tenemos intención de sacar a la procuradora, nuestra pretensión es que culmine su período de 10 años y que podamos trabajar en armónica colaboración todos los estamentos relacionados con la administración de justicia”, dijo.
Algunos sectores, ligados al actual gobierno y al de Ricardo Martinelli, han cuestionado la labor de Porcell. Incluso, el pasado 23 de julio un grupo de abogados presentó una demanda en su contra ante la Procuraduría de la Administración y solicitó su separación provisional del cargo.
Mirones negó que exista algún interés de que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) pase a manos de la DIJ, al tiempo que anunció que hizo gestiones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para dotar de más recursos a esa institución.
Recibimos una fuerza pública en pedazos
Por otro lado, Mirones denunció que la fuerza pública (Servicio Nacional Aeronaval, Servicio Nacional de Fronteras y PN) se encuentra en “pedazos,” y que existe un descomunal desorden administrativo que se está tratando de resolver.
“Hay cientos de casos de ascensos fuera de tiempo, sin cumplir con los requisitos; de personas reincorporadas a la fuerza pública violando las normas y jubilaciones anticipadas”, recalcó.
Entre los hallazgos, reveló Mirones, hay personas que fueron llevadas a la fuerza pública sin estudios y sin haber hecho carrera y que han recibido rangos sin justificación, a través de decretos firmados por el expresidente Juan Carlos Varela.
Relató que hubo casos de gente que fue de la calle a la Policía, recibieron ascensos y jubilaciones de $4 mil y $5 mil y que ello afectó la moral de los estamentos de seguridad. A la vez, según Mirones, hubo quienes abandonaron la Policía por espacio de 20 años y regresaron con un rango mayor del que tenían.
También se detectó el caso de personas que, estando de licencia en la PN, fueron ascendidas.
Dijo que su despacho presentará ante la Corte Suprema de Justicia las acciones para determinar la validez de los citados decretos y que, de derivarse alguna acción penal, entonces correspondería al Ministerio Público hacer las investigaciones.
También destacó que se ha enviado de vacaciones a miembros de la fuerza pública que tenían hasta 12 y 14 meses de vacaciones, ya que esta es una situación insostenible para una persona que requiere de un tiempo de descanso. Sin embargo, esto no incluye al propio director de la Policía que tiene 14 meses de vacaciones acumuladas.
Punta Coco
Mirones también reconoció que las cárceles en el país se han convertido en escuelas del crimen.
Sobre el centro penitenciario de Punta Coco, aseguró que este se mantendrá hasta lograr una transición paulatina que permita trasladar los presos de alta peligrosidad a cárceles que se pretenden construir con las condiciones de seguridad para garantizar el cumplimiento de las condenas y los derechos humanos.
Reconoció que en Punta Coco están recluidos presos que manejan fuertes sumas de dinero, con conexiones políticas y empresariales. Por ello, dijo, se requiere de una estrategia de seguridad para su control antes de su traslado, debido a que hay que considerar también el tema de derechos humanos.
