En 2018, el Ministerio de Ambiente (Miambiente) multó y sancionó a promotores de proyectos por un monto de $2.2 millones debido a que incumplieron con los estudios de impacto ambiental (EIA).
La cifra es unos $900 mil más baja que la de 2017, cuando el monto acumulado ascendió a $3.1 millones.
Organizaciones de la sociedad civil pusieron en duda el año pasado el papel de este instrumento ambiental en la conservación de los recursos naturales, ya que, afirmaron, con frecuencia se oculta información sobre la obra o proyecto que se pretende desarrollar.
Para Harley Mitchell hijo, activista y exdirector de Legal de la desaparecida Autoridad Nacional del Ambiente, la cifra es baja si se toma en cuenta que en 2018 las principales denuncias giraron en torno a construcción de carreteras en áreas protegidas, como el caso del ensanche de la vía Omar Torrijos, donde se talaron 13 hectáreas del Parque Nacional Camino de Cruces.
También se refirió al hundimiento de viviendas en la urbanización Plaza Valencia, en Panamá norte, donde no se cumplió con el estudio de impacto ambiental.
“Con todos esos casos las multas debieron ser más rigurosas, pero ni siquiera se investigó”, remarcó.
La ecologista de Chiriquí Damaris Sánchez dijo que los EIA se convirtieron en un mero procedimiento para aprobar proyectos y no hay compromisos serios de atender los impactos ambientales.
“No solo se trata de multar para generar ingreso. Se trata de que si incumple la ley y la falta es grave, hay que suspender, anular y cancelar obras. Pagar para seguir destruyendo lleva a un camino de lesiones severas al patrimonio natural”, aseguró.
