César Alvarado Taylor tiene más evidencias que podrían probar que se le pidió dinero a cambio de un fallo favorable en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El empresario chiricano tiene en sus manos dos sentencias distintas relacionadas con su caso judicial, un pleito por la venta de ocho fincas en Boquete a un grupo de empresarios de varios países.
Dos versiones
En la primera, la Sala Civil de la Corte falla a su favor. Es decir, le admite un recurso de casación.
En la segunda, es todo lo contrario: el fallo está en su contra.
Para entonces, ya Alvarado había pagado $15 mil solo para que le admitiera la acción legal (la casación). El intermediario fue Oydén Ortega Collado, hijo del magistrado de la Corte y miembro de la Sala Civil Oydén Ortega Durán, quien era el ponente del caso. El magistrado Hernán De León, otro integrante de esa sala, también votó a favor de la admisión de la acción legal, después de que, según Ortega hijo dijo a Alvarado, Claudia Purcait, la asistente de su padre, le hiciera cambios a la redacción del recurso.
Los hechos
De acuerdo con lo que relató el empresario a este medio, después de que se admitiera su recurso, él protestó porque un proyecto de fallo ordenó devolverle ciertas propiedades, pero él reclamaba ocho fincas.
Entonces Ortega hijo le contó que había hablado con el magistrado De León, y este le informó que la contraparte en este litigio de tierras, a través de sus abogados, había ofrecido $250 mil, por lo que Alvarado tenía que igualarlos, si no, cambiaba el fallo.
Estas fueron las palabras textuales del empresario: “Me enseñaron que ganaba, y que Hernán De León decía que la otra gente ya había ofrecido $250 mil, y que si no, pues, lo cambiaban”.
Cuando Alvarado dice “me enseñaron que ganaba”, se refiere a la sentencia donde la Corte acepta su recurso.
De hecho, Alvarado aportó copia de ese proyecto de fallo a la fiscalía anticorrupción como prueba del soborno. En la página 27 del documento, efectivamente, dice: “La Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, casa la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá dentro del proceso ordinario que Ganadera Cerro Jesús S.A. le sigue a la sociedad Forest for Friend Panama Inc. y Green Development Forestry Company Inc. (...)”.
Alvarado tuvo acceso a este proyecto porque su amigo Oydén Ortega Collado se lo facilitó, pero él no se lo devolvió, sino que se lo llevó a un abogado, y así fue como terminó siendo parte de las pruebas que aportó al Ministerio Público.
En su contra
Alvarado afirma que no tenía $250 mil para pagarle a De León, por lo que prefirió dejar las cosas así, y en marzo de 2017 puso la denuncia en la Asamblea Nacional.
Con el ultimátum de De León, Alvarado se quedó esperando noticias de la Corte. Presentía que fallarían en su contra.
“Me quedé esperando a ver si cumplían, porque ya yo tenía esto...”, afirma. Enseguida muestra el proyecto de fallo a su favor.
“Lo tenía guardado porque sabía que lo iban a cambiar si tenía el caso en la Asamblea. Me quedé esperando a ver cuándo salía el otro [la sentencia en su contra], para poder ir a denunciar completo”, narra.
Dice que a partir de ese momento iba dos veces por semana a la Corte para ver si había noticias. “Hasta que de repente un muchacho me dice que todo bajó al juzgado. Y llegamos y vimos el otro fallo donde perdía”.
“La Corte Suprema de Justicia, Sala Primera de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá dentro del proceso ordinario que Ganadera Cerro Jesús S.A. le sigue a la sociedad Forest for Friend Panama Inc. y Green Development Forestry Company Inc.”, dice un extracto de la página 14 del documento.
La Asamblea Nacional archivó el caso y entonces Alvarado acudió a un plan b: el pasado 24 de agosto puso la denuncia en el Ministerio Público.
Los avances
En la esfera judicial ordinaria, el caso está en manos de la Fiscalía Superior Anticorrupción, sección de atención primaria, que investiga la supuesta comisión del delito de corrupción de servidores públicos.
Se menciona a Oydén Ortega Collado, el intermediario de la operación, y a Claudia Purcait, la asistente del magistrado Oydén Ortega.
El pasado 25 de septiembre ese despacho judicial emitió la resolución 325, en la que le pedía a la sección de informática forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que inspeccionara un teléfono celular de Alvarado, en el que están los chats que compartió con Ortega hijo; sin embargo, la diligencia no se hizo por solicitud de la defensoría de oficio. Fue reprogramada para el próximo 27 de diciembre a las 11:00 a.m.
Ayer, por tercer día consecutivo, la Corte guardó silencio sobre el tema.
Documentos que delatan
Entre las pruebas que César Alvarado aportó a la Asamblea (denuncia que no prosperó) y al Ministerio Público, figuran decenas de chats donde se lee el intercambio de conversaciones con Ortega hijo, que dejan al descubierto cómo le piden dinero, la estrategia para que el expediente quedara en manos de su padre y con la intervención del magistrado Hernán De León.
