La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitió una demanda que pedía que se declarase ilegal las dos resoluciones de la Dirección General de Ingresos (DGI) en las que se anuló y se suspendió el contrato de Cobranzas del Istmo, S.A. para el cobro de impuestos a clientes morosos.
La demanda fue presentada este mismo año por el abogado Gustavo Sierra, en representación de Cobranzas del Istmo, S.A., que firmó el contrato con el Estado el 25 de agosto de 2010.
La DGI anuló el contrato en resolución del 1 de octubre de 2014 por violación a la Constitución. Posteriormente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)reformó la decisión y en resolución del 5 de diciembre del mismo año ordenó la suspensión del contrato.
Ambas acciones, tanto la nulidad como la suspensión del contrato, se dieron luego de que el 3 de julio de 2014 el pleno de la CSJ declaró inconstitucional la ley que creó la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos y revivió la DGI.
El fallo de la Sala Tercera, fechado el 8 de este mes, indica que no es admisible una demanda contra dos o más resoluciones distintas, pues las mismas deben impugnarse en demandas separadas.El ponente del fallo fue el magistrado Luis Ramón Fábrega.
La Sala Tercera notificó del caso el 10 de junio pasado al procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro.
La Fiscalía Cuarta Anticorrupción lleva a cabo una investigación por presuntas irregularidades en el contrato de Cobranzas del Istmo.
El exjefe de la DGI Luis Cucalón está detenido por este proceso. En tanto, Cristóbal Salerno, cara visible de Cobranzas del Istmo, acusado de corrupción de servidores públicos, tiene una medida de casa por cárcel.
En este caso también están imputadas y con impedimento de salida del país María Alessandra Salerno (hija de Cristóbal Salerno) y Magaly Ramos, gerente y representante legal de Cobranzas.
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