No hay control sobre las notarías en Panamá. Se rigen según su propia ley, son bastiones políticos y foco de irregularidades. Estas denuncias se repiten gobierno tras gobierno.
De acuerdo con el borrador de un proyecto de ley que prepara el Ministerio de Gobierno para organizar las notarías, actualmente en estas instituciones no hay control sobre el registro de archivos que llevan los notarios, ni existen registros de contabilidad, y la falta de regularización y fiscalización en estas oficinas se presta para que casos de fraude queden impunes.
El proyecto de ley establece que la contabilidad en estos despachos se hará pública.
UNA LEY PARA LAS NOTARÍAS
La práctica es de vieja data y ningún gobierno la ha podido erradicar. Una buena parte de las notarías del país opera en la opacidad, con sus propias reglas, e incluso funcionan como bastiones políticos de los partidos que se turnan el poder.
En estas oficinas donde se da fe de los actos que realizan los particulares, se pierden sellos y papeles, no tienen fiscalización, y hasta firman documentos tiempo después de dejar el puesto.
Este es el caso de un abogado que después de ejercer como notario quinto en 1999, le firmó en septiembre de ese año, de forma retroactiva, un contrato a un cliente de una firma de abogados.
Así consta en documentación a la que tuvo acceso este medio. El bufete le pidió al abogado notariar unos papeles con fecha de junio de 1999. Y así lo hizo. Por este trámite cobró $400.
Sin embargo, resulta que en septiembre de 1999 ya no ejercía como notario. El 13 de septiembre de ese año, con la llegada del gobierno de Mireya Moscoso (1999-2004), había sido reemplazado por Blanca Vanegas de Jácome.
En la actualidad, prácticas de este tipo permanecen. Incluso, según explicó Carlos Rubio, viceministro de Gobierno, en algunos casos los funcionarios de las notarías se prestan para anomalías como estas. Quien tampoco negó que irregularidades como estas se puedan estar dando en algunos despachos fue el presidente del Colegio de Notarios de Panamá, Cecilio Moreno, actual notario segundo.
Pero, explicó que “aquí lo que sucede es que a los funcionarios los sorprenden de buena fe, hay quienes traen cédulas falsas que tratan de suplantar a otros, estamos todos los días a expensas de que podamos ser sorprendidos por cualquier persona”.
Excelente iniciativa @prensamingob x transparencia en notarías, deuda pendiente. Sé que contaremos con @asambleapa para su aprobación. ISMA https://t.co/DwrcRgku24
¿UNA LEY?
¿Una ley para eliminar estas irregularidades en las notarías? Lo prometió Martín Torrijos (2004-2009), lo prometió Ricardo Martinelli (2009-2014), lo prometió Juan Carlos Varela. Hasta ahora esto no se ha cumplido. No obstante, el Ministerio de Gobierno (Mingob) asegura estar dando los primeros pasos en ese sentido. Elabora un proyecto de ley para regular el trabajo de los notarios.
Actualmente las notarías del país se rigen por el Código Civil, una ley que data de hace 100 años. Una de las fallas más comunes y que el proyecto, según Rubio, pretende erradicar, es la de poca fiscalización.
Pese a que las normas señalan que los gobernadores son los que deben auditar a los notarios, en la mayoría de los casos no lo hacen, por lo que no hay control sobre el registro de archivos que llevan.
Cada notario es el encargado de crear su sello notarial y los papeles notariales que utilizan, lo que permite que puedan ser falsificados fácilmente, y en algunos casos cuando dejan el puesto no entregan sus sellos ni auditorías a sus reemplazos.
LA PROPUESTA
El viceministro de Gobierno explicó que la propuesta contempla, entre otras cosas, la creación de la Dirección Nacional de Notarías. Esta oficina estará adscrita al Mingob y su función principal será la de vigilar que los notarios cumplan con sus funciones.
Por ejemplo, esta dirección debe verificar y aprobar el inventario de los archivos de los notarios públicos salientes, ejecutar medidas disciplinarias contra los notarios por el incumplimiento de sus deberes o por infringir la ley. Estas sanciones podrían implicar desde una amonestación hasta la destitución.
El proyecto, de acuerdo con Rubio, elimina las notarías satélite. Es decir, las que existen en los bancos, en los consejos municipales y en las firmas de abogados. Los notarios serían los únicos en avalar trámites notariales.
De igual forma, se propone que el papel notarial sea impreso y vendido por el Estado, distribuido por las gobernaciones, y tendrá una numeración corrida e irrepetible. Contará con medidas de seguridad para evitar la falsificación o alteración.
Los sellos también serán entregados por el Ministerio de Gobierno y se destruirán una vez el abogado deje el puesto.
La iniciativa legislativa también propone que solo se podrán crear más notarías basadas en la división político-administrativa del país, en función de la población o extensión geográfica o de acuerdo a niveles de extensión notarial.
Quienes quieran dirigir una de estas oficinas, según el borrador de la propuesta, deberán cumplir los mismos requisitos que se exige para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia: panameño por nacimiento, mayor de 35 años, abogado, y gozar plenamente de los derechos civiles y políticos. En la actualidad esta condición solo aplica para los notarios de Panamá y Colón.
También se contempla la creación de un sistema digital de automatización y almacenamiento de los instrumentos protocolares, escrituras, archivos públicos y privados. El uso de este sistema será obligatorio.
De aprobarse este documento por la Asamblea Nacional, entrará en vigencia 12 meses después de su promulgación. Así se establece en extractos del borrador de la iniciativa al que tuvo acceso este medio.
Hasta ahora, el Mingob y los notarios, quienes han hecho recomendaciones a la iniciativa, no han llegado a un consenso sobre la manera como van a tributar los notarios. En un principio se planteó que fuera 30% del total de los ingresos, no obstante, no hubo acuerdo.
