La Fiscalía Sexta Anticorrupción ordenó la indagatoria de otras cinco personas, entre estas dos asistentes de magistrados del Segundo Tribunal Superior Penal, a quienes se les acusa por su presunta vinculación con una red criminal que manipulaba expedientes, otorgaba medidas cautelares e influía en los jurados de conciencia al dictar veredictos.
En una resolución fechada el pasado 25 de enero, el fiscal Aurelio Vásquez ordenó la indagatoria de Francisco Javier Marín, Eduardo Ashby, Isidro De León, Erick Abdiel Valdés y Humberto López, señalados por otros integrantes de la red criminal como las personas que ejercían labores para lograr medidas cautelares, adelantar fechas de audiencias y tener injerencia en los jurados de conciencia.
En la resolución, el fiscal afirma que se ha comprobado que un grupo de particulares, servidores y ex servidores públicos recibió sobornos para manipular decisiones, sentencias, veredictos, fianzas de excarcelación, medidas cautelares y cambios de fechas de audiencias.
De acuerdo con las averiguaciones, algunos funcionarios del Órgano Judicial cobraban entre 2 mil dólares y 2 mil 500 dólares para realizar los cambios de fechas de audiencia.
Mientras que por otras facilidades judiciales cobraban entre 5 mil dólares y 7 mil dólares.
En la investigación se menciona como parte de la red a una asistente de la magistrada del Segundo Tribunal Superior de Justicia María De Lourdes Estrada y a otro del magistrado Adolfo Mejía.
La pesquisa se inició en agosto de 2011 cuando el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, envió al Ministerio Público una solicitud para que investigaran presuntos actos de corrupción por parte de funcionarios del Segundo Tribunal de Justicia y de la Oficina de Descongestión Judicial.
En noviembre de 2015, el Ministerio Público formuló cargos e indagó a 16 personas, entre funcionarios, exfuncionarios y particulares, que habrían recibido sobornos por sus actuaciones.
Entre los sospechosos había jurados de conciencia que facilitaron veredictos absolutorios.
En tanto, entre los indagados que eran funcionarios del Segundo Tribunal Superior de Justicia se encuentran Carmen Elena Castro Martínez, Édgar Jordán Archibol, Rigoberto Díaz, Javier Caballero, Carlos Herazo y Javier Degracia.
De la oficina de Descongestión Judicial se investiga a Blas Macre, Rosa Quiroz, Kira Puga y Liz Romero.
La fiscalía intenta establecer aún cuántos juicios por jurados de conciencia pudieron haber sido influenciados por esta red de corrupción.
