Otros dos diputados y funcionarios de la Asamblea Nacional fueron señalados por parte de supuestos beneficiarios de estar involucrados en la gestión de donaciones y contratos irregulares por parte de la Asamblea Nacional.
Se trata del diputado Roberto Ayala (PRD) y Mario Lazarus (Cambio Democrático), así como sus asistentes, Ibraim Valderrama y Eneida Cano.
En este caso, tres diferentes personas expusieron, mediante declaración jurada, que la pareja sentimental de Lazarus, Eneida Cano, les pidió cambiar cheques de donaciones por 2 mil dólares cada uno, pero que al salir del banco, dentro de su auto, les exigió que entregaran la totalidad del dinero.
Este ha sido el mismo mecanismo utilizado para cambiar cheques de donaciones por parte de asistentes de diputados, revelado en una serie de reportajes de investigación de este diario, en el que se citaron diversos testimonios de los supuestos beneficiarios de estos donativos, los cuales manifestaron sentirse estafados.
En esta ocasión, Franklin Ballesteros, Karin Brokamp y Hedlye Quintero cambiaron cheques por la suma de 6 mil dólares en el Banco Nacional en Sabanitas, provincia de Colón, en enero del año pasado. Supuestamente, con ese dinero, Cano compraría juguetes que después se repartirían a niños de comunidades de escasos recursos. Pero a la fecha (del testimonio notariado, marzo de 2017), no han recibido juguete ni dinero alguno.
Según Brokamp, la señora Cano se encargó de hacer las cartas dirigidas al presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, que posteriormente les hizo firmar, en las que se les solicitaba los 2 mil dólares para obsequiar juguetes.
Por su parte, Luis Jaramillo le advirtió en una nota al presidente de la Asamblea, Rubén De León, que el diputado Roberto Ayala se apersonó a su casa (en La Chorrera) junto al señor Ibraim Valderrama –quien figura como funcionario permanente de la Asamblea asignado al despacho de Ayala– para ofrecerle un contrato de servicios profesionales por $200 mensuales, a cambio de su voto a favor de Valderrama como delegado del PRD, quien deseaba reelegirse como presidente del mencionado partido en La Chorrera.
“Me rehusé y rechacé dicho nombramiento [...]. Le solicito, de manera respetuosa, haga la investigación correspondiente, pues no he autorizado ni firmado ningún contrato”, que venía con un pago retroactivo de mil dólares, dice la nota.
Jaramillo fue informado por el Departamento de Contratos de la Asamblea que aparecía “como funcionario en la planilla de un diputado”, indica la epístola, con fecha de mayo de 2016.
Se intentó contactar a Ayala y a Valderrama ayer por varios medios, pero no fue posible.
“Yo no tengo nada que ver con eso [...]. Eso es falso, hay que encararlo”, dijo, por su parte, Lazarus, quien negó gestionar cheques de donaciones ni tampoco a través de su compañera sentimental. “Ella trabaja conmigo” como asistente administrativa, dijo, pero prefirió no explicar sus funciones. “Por teléfono no se puede hablar mucho [...]. No sé por dónde va todo”.
Los cuatro nuevos testimonios fueron presentados ayer como nuevas evidencias, en la denuncia penal interpuesta el pasado 15 de marzo por el abogado Ernesto Cedeño, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra De León, presidente de la Asamblea Nacional.
El jurista presentó como pruebas iniciales las publicaciones certificadas de este medio, así como audios de los testimonios citados en el reportaje. No obstante, dos sesiones han transcurrido y los magistrados de la CSJ no se ponen de acuerdo en su admisión.
“Todo Panamá está indignado, pero el único que puede investigar a un diputado es la CSJ, porque ya el Ministerio Público dijo que no va a investigar ni a los que no son diputados y que se mencionan en la investigación periodística”, dijo Cedeño.
Fueron, al menos, 82 millones de dólares, entre contratos y donaciones, gestionados desde la Asamblea en la actual administración gubernamental, más del 90% de ellas durante la gestión de De León, en los que en buena parte de ellos se dieron irregularidades.
Por ejemplo, donaciones que no llegaron a su beneficiario final o este, mediante engaños, únicamente recibía un máximo del 5% del cheque, mientras el resto se lo quedaba el asistente del diputado que la ofrecía.
En tanto, los contratos de servicios profesionales también se utilizaron de la misma manera. El beneficiario no los cobraba ni tampoco los trabajaba, pero el dinero quedaba en manos de funcionarios de la Asamblea.
A su vez, La Prensa comprobó que más de una decena de diputados gestionó donaciones para sus oenegés sin fines de lucro o ligas deportivas para uso discrecional. El personal que dirige estas organizaciones de los políticos también tenía a su nombre múltiples contratos de servicios profesionales.
Desde inicios de febrero, La Prensa le solicitó a De León una entrevista por las donaciones y contratos de la Asamblea, pero no la concedió. Y desde octubre de 2016, se le solicitó la lista y monto de los diputados gestores de las donaciones, pero pese a apelar a la Ley de Transparencia, De León no la entregó.
