En 1990, Panamá firmó y ratificó la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, sin embargo, pasaron 27 años y el país carece de una ley de protección integral para esta población.
También se evidencian algunos vacíos en cuanto al diseño de programas que garanticen derechos básicos a este sector de la población, como educación, salud, vivienda y una vida libre de violencia. Al menos, así lo vienen planteando desde hace años organizaciones nacionales e internacionales que defienden los derechos de los menores de 18 años.
Por ejemplo, datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República dan cuenta de que la población menor de edad en el país es de 1 millón 172 mil 747, lo que representa el 34.4% de la población total. No obstante, las mismas estadísticas precisan que el 45% de estos menores en edades entre los 0 y 14 años son víctimas de disciplina violenta (ver gráfica).
Otras cifras que se manejan sobre este grupo detallan que el 25% de la población en edad escolar no asiste a las escuelas, que hay 26 mil 710 menores entre 7 y 17 años que trabajan, y que anualmente se registran cerca de 11 mil embarazos precoces.
Esta realidad también es conocida por Marta Santos Pais, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, quien está en Panamá participando del V Foro Mundial de la Red Global de Religiones a favor de la Niñez.
En este evento, que reúne a 400 líderes religiosos y representantes de organismos internacionales de 67 países, Santos Pais hizo un llamado al Estado panameño para que apruebe e implemente una normativa que proteja y garantice los derechos de la niñez.
¿Hace dos años usted visitó Panamá e hizo hincapié en la necesidad de aprobar esta norma. Hoy que regresa observa algún cambio?
Hay que reconocer que el proceso de desarrollo del tema ha avanzado, ya que se creó un grupo con la participación de expertos, pero en este momento es urgente que se haga la ley.
¿Qué aspectos debe abarcar esta norma?
Con este instrumento no solo se debe prohibir todo tipo de malos tratos hacia la niñez, sino también garantizar los derechos a su identidad, nombre, relaciones familiares, a una educación de calidad y a un sistema de salud que pueda prevenir situaciones que vulneren su condición de niños, niñas y adolescentes.
¿Por qué es tan importante para el país contar con esta regulación a favor de los menores?
Esto permitirá traducir el compromiso asumido por Panamá en una agenda de trabajo que ayude a prevenir, sensibilizar y documentar sobre la situación de esta población. Además, permitirá planificar y ejecutar las respuestas de forma eficiente.
¿Qué sucede si el Estado continúa dilatando la aprobación de esta ley?
Este no puede seguir siendo un reto para Panamá. Tiene que convertirse ya en un plan de acción, porque cada año que pasa representa una oportunidad menos que tienen los niños para desarrollarse y eso limita el progreso. No solo los niños están sufriendo, la nación está sufriendo.
¿Qué le recomienda a Panamá para que esta ley sea una realidad cuanto antes?
Lo que corresponde hacer es movilizar al más alto nivel los recursos para invertir en la infancia. Es decir, convertir a la niñez en un tema de Estado, movilizar a la nación en torno a este reto y atender las disparidades que hay en el país. Panamá, siendo pequeño, puede dar el ejemplo en lugar de ser un país que se quede atrás. Esto último es lo que no queremos.
