El anteproyecto de ley 54 –hoy proyecto 465– sigue sumando voces de rechazo. El Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, el Consejo Nacional de Periodismo (CNP) y la Asociación Panameña de Radiodifusión objetan esta iniciativa, con la que se busca regular los contenidos de los medios de comunicación.
Las tres organizaciones cuestionaron las constantes intenciones manifestadas en los últimos 30 meses para reglamentar los contenidos editoriales de los medios, el ejercicio de la profesión y la pauta publicitaria.
La más reciente, aseguran, es la propuesta del diputado del partido Cambio Democrático (CD) Noriel Salerno, que obliga a los medios radiales y televisivos a insertar mensajes educativos, culturales o sobre docencia electoral por cada cinco anuncios emitidos en su programación.
Además, la iniciativa obliga a los diarios a insertar en cada edición por lo menos dos mensajes educativos, culturales o electorales.
Las revistas y demás publicaciones de circulación semanal, quincenal o mensual deberán publicar al menos un anuncio de este tipo.
El presidente del Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, Guillermo Antonio Adames, aseguró que la iniciativa “no es casual”. “Hay una causa de fondo, y es que no quieren que se conozca quiénes son los cómplices y beneficiarios de los actos de corrupción que hay en este país, y una de las maneras de mitigar ese impacto y que se conozcan es controlar los medios”, argumentó.
“Cada vez que surge un escándalo de grandes proporciones, sale algún diputado pretendiendo controlar la libertad de expresión y sobre todo el derecho que tienen los panameños de estar debidamente informados”, dijo, e indicó que la limitación de la libertad de programación, de expresión y la libertad de información atentan contra una serie de principios elementales que están consignados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En tanto, Atenógenes Rodríguez, expresidente del CNP y actual presidente del comité de ética de ese organismo, afirmó que lo que plantea Salerno es otro atentado a la libertad de expresión. “Pensar en manipular los contenidos editoriales de los medios a través de supuestos mensajes orientadores no es más que una forma de engañar a la opinión pública”, advirtió.
A su juicio, “es preocupante” que cada seis meses, en los últimos dos años y medio, haya surgido la intención de diputados, ministros y políticos de querer acallar las voces críticas.
Destacó además que es “más peligroso” que el proyecto de Salerno llegue en medio de las investigaciones nacionales e internacionales por los casos Odebrecht y Lava Jato.
EL ANÁLISIS DE BOTERO
La iniciativa tuvo eco en el exterior. Catalina Botero, exrelatora para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, afirmó que la propuesta restringe el derecho a la libertad de expresión en la medida que obliga a los medios de comunicación a publicar contenidos determinados por el Estado.
“No conocemos un solo Estado democrático en el cual el Gobierno pueda obligar a los medios a emitir contenidos que pueden ser fácilmente diseñados por agencias gubernamentales, como contenidos de propaganda política. Se trata de una obligación desproporcionada, que supone un costo inusitado para quienes tienen la difícil tarea de gestionar la sostenibilidad e independencia de medios privados”, expresó.
Planteó que “ni siquiera en los casos más extremos –como los de Venezuela o Ecuador– se han aprobado leyes que impongan a todos los medios, sin distinción, la obligación general de difundir de manera permanente, a su propio cargo y sacrificando espacios informativos o publicitarios, contenidos definidos ‘en coordinación’ con el gobierno”.
Los gremios panameños recordaron que desde 2014, cuando asumió el poder el actual gobierno, han enfrentado múltiples batallas y propuestas restrictivas de la libertad de expresión.
Se refirieron al proyecto para reglamentar el ejercicio del periodismo, presentado por el diputado oficialista Juan Moya; al proyecto de reformas electorales y sus restricciones en temas de publicidad; y a la propuesta sobre derecho al olvido, impulsada por el también oficialista Melitón Arrocha.
A esa lista se suma la iniciativa para regular los anuncios clasificados, avalada por el diputado de Cambio Democrático Agustín Sellhorn; y la propuesta del Ministerio de Gobierno de atribuirle a la llamada Dirección para la Promoción de la Libertad de Expresión facultades que buscaban regular los medios de comunicación, su contenido editorial y la libertad de expresión.
En la sesión en la que fue prohijado el proyecto de ley 465, el pasado 15 de febrero, la Autoridad de los Servicios Públicos advirtió a los diputados de la Comisión de Comunicación y Transporte sobre el retroceso en materia de libertad de expresión si se avala la iniciativa.
