Ordenan secuestro de los activos de Petaquilla Gold

Ordenan secuestro de los activos de Petaquilla Gold


El Juzgado Primero del Circuito de Coclé, ramo civil, decretó la quiebra judicial de Petaquilla Gold, luego de que esta no cancelara una deuda de $2 millones a la compañía Econoconcretos S.A.

Petaquilla Gold debe un total de $5 millones a Econoconcretos.

La jueza Omaira del Carmen Macías ordenó el embargo de todos los bienes de la compañía, que es una filial de la minera canadiense Petaquilla Minerals y que recibió en 1997 la concesión para extraer oro de la mina Molejón, en el distrito de Donoso, provincia de Colón.

La jueza designó a Dimas Espinoza como curador judicial para administrar las oficinas de Petaquilla Gold ubicadas en la comunidad de La Pintada, provincia de Coclé. La labor principal de Espinoza consiste en conseguir los fondos para cancelar las deudas de la empresa.

Los recaudos se van a utilizar en la cancelación de la morosidad en Panamá y retomar la extracción de oro.

Samuel Rivera, secretario general del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, recordó que la institución ordenó en diciembre de 2014 el embargo de los activos de Petaquilla Gold, y así proteger los derechos de los trabajadores que reclaman el pago de $6 millones en salarios y bonificaciones atrasados.

Jorge Obón, vocero de Petaquilla Gold, informó de que ayer conversaron con los representantes de la empresa Econoconcretos. Explicó que en los próximos días se conformará un fideicomiso por $25 millones y aclaró que parte de esos fondos se utilizará en pagar las deudas de la compañía.

Irielka Villarreal, propietaria de Econoconcretos, indicó que la empresa se comprometió a cancelar la deuda. Señaló que una vez se reciba el pago se levanta la intervención judicial.

Petaquilla Minerals atraviesa desde 2012 una crisis financiera que la obligó a suspender la extracción de oro a finales 2013. A inicios de 2015, el Ministerio de Comercio e Industrias inició el proceso para cancelarle la concesión a Petaquilla Minerales. El titular de esa cartera, Melitón Arrocha, anunció en su momento que la empresa tenía un plazo seis meses para resolver sus problemas financieros o de lo contrario el Estado le quitará la concesión.

Con información de Elisabel Marivit Fermín y Alex E. Hernández

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