Trump Panamá Hotel Management LLC., perteneciente a la Organización Trump, pretende inmiscuir al Estado panameño en la disputa que libra con Orestes Fintiklis por el control del hotel que llevaba el apellido del presidente de Estados Unidos (EU).
La organización, a través de sus abogados en Panamá, mandó una carta al presidente Juan Carlos Varela con copia a los presidentes de los otros órganos del Estado.
En dicha nota le pidió interponer sus buenos oficios para evitar que esos daños derivados de este proceso “le sean atribuidos ya no a la contraparte, sino al Estado panameño por virtud de una clara violación a las protecciones del tratado, específicamente por una denegación de justicia (...)”.
El pasado 5 de marzo, un juzgado efectuó una diligencia de secuestro que despojó a Trump Panamá Hotel Management de la administración del hotel. Ese día le borraron el nombre y, más adelante, lo rebautizaron The Bahia Grand Panamá.
Este medio consultó a la Embajada de Estados Unidos en Panamá sobre el tema y dijeron que “asuntos relacionados con la organización Trump son remitidos directamente a la Casa Blanca”.
Trump pide intervención de Varela
Lo que hasta ahora había sido una disputa comercial y privada entre empresarios se convirtió en un tema de relevancia pública, luego de que la sociedad Trump Panamá Hotel Management LLC, perteneciente a la Organización Trump, enviara una carta al presidente de la República, Juan Carlos Varela.
En medio de la disputa por el control del complejo hotelero y residencial, la firma de abogados Britton & Iglesias, representante en Panamá de la sociedad que forma parte de la organización comercial del mandatario estadounidense Donald Trump, remitió a Varela el pasado 23 de marzo una carta, en la que le recordó la existencia de la Ley 12 de octubre de 1983, con la que se aprobó el convenio entre Panamá y Estados Unidos (EU) sobre el trato y protección de inversiones.
Según dicha norma, ambos Estados se comprometen a conceder un trato justo y equitativo a los inversionistas y se les dará protección y seguridad total.
La carta también fue enviada a la vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado; al ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán; al ministro de Comercio, Augusto Arosemena; al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hernán De León; a la presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego; y a los procuradores de la Nación y de la Administración, Kenia Porcell y Rigoberto González ,respectivamente.
La misiva cita lo que la sociedad considera “irregularidades” y “violaciones al debido proceso” en el caso que se adelanta en los tribunales a raíz de la guerra entre Trump Panamá Hotel Management y la compañía Ithaca Capital, del empresario chipriota Orestes Fintiklis, que administra el hotel desde comienzos de marzo pasado.
“Celeridad excesiva e inusual al momento de recibir, decretar y practicar la medida de secuestro”, resalta.
Agrega que “con la permisividad de la juez [Miriam Yadira Cheng, del Juzgado Segundo Civil] el administrador judicial que se designó ha violado por excesos, absolutamente todas sus facultades, llegando incluso a cambiar el nombre del hotel y permitiendo la entrada de otro operador (...)”.
La nota resalta la posibilidad de que este proceso pueda terminar afectando al Estado panameño. “Agradecemos sus buenos oficios a fin de evitar que estos daños le sean atribuidos ya no a la contraparte, sino al Estado panameño por virtud de una clara violación a las protecciones del tratado, específicamente por una denegación de justicia (...)”, dice.
Antecedentes
El pasado 5 de marzo, luego de una acción interpuesta por Fintiklis, el Juzgado Segundo Civil efectuó una diligencia de secuestro, que despojó a Trump Panamá Hotel Management de la administración del hotel. Ese día, un trabajador retiró la palabra “Trump” del letrero próximo al acceso del edificio, y el 9 de marzo se anunció que el complejo pasaría a llamarse The Bahia Grand Panamá.
Trump Panamá Hotel Management presentó un recurso ante el citado juzgado, en el que denunció “un posible fraude procesal y abuso de derecho”.
Reacciones
Para Francisco Pérez Carreira, abogado de derecho internacional, “la nota es un abuso al pretender inmiscuir al Ejecutivo en un tema judicial y arbitral en Estados Unidos; con el respeto a los colegas involucrados, que pretenden que el Ejecutivo haga, regañe o destituya funcionarios”.
Juan Carlos Araúz, exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, opinó que “cada proceso ante los juzgados involucra un estudio acerca de la competencia del juzgador para decidir en tal o cual sentido. Eso activa los mecanismos para impugnar esas decisiones. Mientras ese debate no se surta el Ejecutivo está impedido para intervenir”.
El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, dijo: “El Órgano Ejecutivo no puede inmiscuirse en un asunto que es de competencia exclusiva del Órgano Judicial o de un tribunal arbitral”.
