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PAN ignoró intoxicación de niños

La Fiscalía Anticorrupción reveló que documentos del Programa de Ayuda Nacional advierten que la comida estaba vencida y tenía residuos de vidrio.

PAN ignoró intoxicación de niños

Los ministerios de Educación y Salud, así como el Programa de Ayuda Nacional (PAN), ignoraron los reportes de intoxicación de niños de escuelas públicas en Coclé y Veraguas por ingerir comida deshidratada, con lo que se pudo concretar el millonario contrato con la empresa importadora Lerkshore International Limited.

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Los síntomas reportados por los padres de familia y docentes eran los mismos: niños con vómitos, diarrea y alergia. La respuesta de las entidades también se repetía ante estos casos: “No se trata de la comida deshidratada, sino de casos aislados”.

Solo en el Centro de Educación Básico General Pedro Arrocha Graell, de San Francisco de Veraguas, se reportaron 60 casos en septiembre de 2010. Es decir, tres meses antes de que el PAN adjudicara 44.9 millones de dólares a Lerkshore International, presidida por Rubén De Ycaza.

Lerkshore International fue creada en Islas Vírgenes Británicas y se inscribió en el Registro Público de Panamá el 25 de marzo de 2010.

La inscripción de Lerkshore International se realizó dos meses después de que el entonces ministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu anunciara el reemplazo de la leche y galleta nutricional por la comida deshidratada.

Para el anuncio, Papadimitriu se hizo acompañar de sus colegas Lucy Molinar, de Educación; Guillermo Ferrufino, de Desarrollo Social, y Franklin Vergara, de Salud, así como del entonces viceministro de Seguridad Alejandro Garuz.

La dirigente de la Asociación de Educadores Veragüenses, Yadira Pino, afirmó que enviaron cuestionarios al PAN y al Meduca preguntando sobre la composición química de la comida deshidratada que intoxicó a los niños y qué entidad era la responsable del programa nutricional, pero nunca hubo respuesta.

“Nunca nos contestaron. Es más, restringieron el manejo de la información sobre los montos de costo y distribución de dicha comida”, denunció.

Cuatro años después, la Fiscalía Segunda Anticorrupción reveló que en informes internos del PAN –a cargo en ese momento de Giacomo Tamburrelli– se advertía que la comida tenía residuos de vidrio y que la empresa había entregado el producto vencido, pero que, a pesar de ello, se pagó completo el dinero.

Además, la fiscalía a cargo de Lizzett Chevalier detectó supuestos sobrecostos en la adquisición de la comida deshidratada, situación que fue corroborada por una fuente vinculada a las negociaciones, que reveló que “el precio de la comida se elevó en un 100% para el PAN”.

INVESTIGACIÓN

Una fuente de la Fiscalía Segunda Anticorrupción expresó ayer que se cauteló una cuenta de 700 mil dólares a Amarilis Meléndez, esposa de De Ycaza.

La fuente, aunque no reveló el nombre del banco, dijo que el dinero estaba depositado en una cuenta a plazo fijo.

Un día antes, a Rubén De Ycaza le cautelaron 4 millones de dólares depositados en cuentas del Tower Bank y del Balboa Bank and Trust, al tiempo que se le formularon cargos por el delito de estafa.

El abogado de De Ycaza fue notificado del proceso, informó la fuente de la fiscalía.

La Prensa tuvo acceso a informes de la Contraloría General que dan cuenta de que el PAN hizo dos transferencias internacionales por 2.9 millones de dólares y 15.6 millones de dólares a Lerkshore International.

El primer monto, por más de 2.9 millones de dólares, se llevó a cabo el 2 de junio de 2010. Esto sería seis meses antes de que se firmara el contrato el 10 de diciembre de ese año entre Tamburrelli y De Ycaza.

Lerkshore International también recibió un pago por más de 14.6 millones de dólares el 21 de mayo de 2010, sin haber firmado el contrato con el PAN.

Para el excontralor Alvin Weeden esta situación sugería estar frente a un peculado de uso por parte de la Contraloría y del PAN.

Considera que la contralora, Gioconda Torres de Bianchini, dejó en “indefensión” al Estado, debido a que refrendó la entrega de montos millonarios de fondos públicos para una empresa que no tenía un contrato con una entidad al momento de emitir los cheques.

“La contralora debe responder por qué refrendó la entrega de dinero por adelantado y sin un contrato”, aseveró.

Este medio intentó conocer la versión de Torres de Bianchini, pero no respondió las interrogantes.



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