El Gobierno de Panamá revocó su participación como parte civil acusatoria en el juicio por el presunto desvío de $20 millones en la frustrada construcción de 4 cárceles modulares en varias localidades de Panamá por parte del consorcio Svemark y un sobrecosto de otros $26 millones.
Con esta inesperada decisión, Panamá pierde la facultad de pedir un resarcimiento económico a los responsables del delito patrimonial contra el Estado.
No obstante, la posibilidad de una indemnización al Estado panameño es bastante remota, porque la sociedad Svemark fue declarada en bancarrota fraudulenta.
Los procesados por este caso son Valter Lavítola, “director” de las operaciones corruptivas entre la empresa y el Gobierno de Panamá, y Angelo Capriotti, socio del consorcio Svemark.
Darío Romano, abogado del bufete Hogan Lovells Studio Legale, que hasta ahora ha representado los intereses del país, tramitó la revocatoria ante el Tribunal de Nápoles con la que anula la presencia en el proceso de la República de Panamá.
La primera condena a Lavítola
Hace tan solo seis meses, el Gobierno de Panamá había sido admitido como parte del proceso. De manera escueta, el abogado comentó a este diario que habían recibido la notificación de su cliente hacía pocos días.
Al ser consultada sobre esta decisión, la Cancillería respondió: “El análisis jurídico del Gobierno de Panamá, junto a abogados externos, valoró el costo-beneficio de ser parte de un juicio extenso, sin que Panamá al final del proceso reciba indemnización alguna y donde no hay, hasta este momento, ningún panameño imputado”.
El anterior gobierno panameño también impidió que Panamá fuera parte civil en el caso Finmeccanica, con la que firmó tres contratos. A solo tres días laborales de que se produjera el cambio de gobierno en 2014, la decisión deliberada del presidente todavía en funciones, Ricardo Martinelli, y la falta de competencia legal del nuevo presidente electo, Juan Carlos Varela, sumieron a Panamá en un irreversible bloqueo legal al perder la última oportunidad procesal del Estado panameño de participar.
Sin embargo, a diferencia del consorcio Svemark, Finmeccanica sí había firmado un contrato con el Gobierno panameño y además el conglomerado contaba con parte de los recursos del Estado italiano para hacer frente a una eventual condena como responsable subsidiaria.
Fue el gobierno de Martinelli el que firmó en agosto de 2010 tres contratos con el conglomerado Finmeccanica, para que sus filiales Selex, AgustaWestland y Telespazio proporcionaran al país un sistema de vigilancia, helicópteros y un mapa digital que le costaría a Panamá cerca de $250 millones.
Los testigos
Las defensas de los acusados –Lavítola y Capriotti– presentaron una extensa lista de testigos, en la que están incluidas personalidades de la primera línea política panameña, como el expresidente Ricardo Martinelli y el actual gobernante, Juan Carlos Varela. También figuran entre los testigos la exalcaldesa de Panamá Roxana Méndez; el exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino; y el actual vicecanciller de Panamá, Luis Miguel Hincapié.
