Demetrio Jimmy Papadimitriu, el superministro en el gobierno de Ricardo Martinelli, y uno de los asesores de la campaña que llevó a la Presidencia de la República a Juan Carlos Varela en 2014, ha salido librado de muchos escándalos de corrupción y denuncias en los que se ha visto envuelto.
En 2011 enfrentó uno de sus primeros escándalos, cuando quedó al descubierto un entramado legal que le permitió a su familia apoderarse de 50 hectáreas de tierra en las costas de Juan Hombrón, en Antón, provincia de Coclé.
De hecho, su salida del gobierno se atribuye a sus diferencias con Martinelli por las tierras de Juan Hombrón. Mediante un Decreto Ejecutivo de julio de 2012 el gobierno ordenó la expropiación de las tierras. No hubo proceso formal contra el exministro en este caso.
Como ministro de la Presidencia, entre 2009 y 2012, por su despacho pasaron millonarios contratos, como el de los alimentos deshidratados (para repartir a los estudiantes de las zonas más pobres del país), la concesión del Metro Bus, la construcción de la línea 1 del Metro, la Cadena de Frío y la construcción del Mercado de Abastos de Panamá, entre otros.
También fue presidente de la junta directiva del entonces Programa de Ayuda Nacional (PAN), que fue utilizado como la caja menuda para compras y contratos millonarios que son objeto de investigación por el Ministerio Público (MP) por presunta corrupción.
A pesar de las investigaciones que abrió el MP, por presuntas irregularidades y sobrecostos detectados en muchos de esos contratos y compras, Papadimitriu no ha sido el protagonista en estos procesos. Por ejemplo, en la investigación por el contrato de los alimentos deshidratados (a un costo de $44.9 millones), abierto en 2014, el exministro salió exento de vinculación; cuando la junta directiva del PAN se reunió para aprobar dicha contratación, en su lugar acudió María Fábrega, entonces viceministra de la Presidencia.
Igual suerte ha tenido en la investigación que adelanta desde 2015 la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en la millonaria compensación (la cifra no ha sido determinada porque la auditoría está en elaboración por la Contraloría) que pagó el Estado a los dueños de los llamados “diablos rojos”, que fueron sustituidos por la flota de Mi Bus.
Papadimitriu también fue mencionado en una auditoría de la Contraloría por presuntas irregularidades en la compra que se hizo a través del PAN de la máquina pinchadora -por $13.4 millones- a la empresa israelí MLM Protection.
El exministro declaró a los auditores que el Ministerio de la Presidencia no participó en la elaboración de los pliegos de condiciones de ese acto.
El 11 de noviembre de 2016, el exministro acudió a la Fiscalía Tercera Anticorrupción a rendir declaración jurada dentro de la investigación por la compra de los 19 radares a Selex, filial de Finmeccanica.
Papadimitriu fue citado porque fungía como secretario del Consejo de Gabinete cuando se aprobó la compra de los radares, por $125 millones, en 2010, los que nunca funcionaron.
En su declaración implicó a Martinelli, tras señalar que la compra de radares se debió a presiones de Italia, que exigió beneficios a cambio de la donación de lanchas patrulleras.
Denuncia formal
El 10 de marzo de 2015 el superministro de la era Martinelli enfrentó su primera denuncia. Sídney Sittón, abogado del exmandatario, lo denunció ante el MP por su supuesta vinculación a irregularidades en el PAN en la compra de la comida deshidratada, lo que supuestamente habría “incrementado injustificadamente su patrimonio en casi $300 millones”, por lo que Sittón solicitó que se pidiera una asistencia judicial a Andorra. Ese mismo día Papadimitriu acudió al MP para conocer de la denuncia.
La Fiscalía Primera Anticorrupción inició las pesquisas y en abril de ese año pidió la asistencia judicial sobre las cuentas del exministro. Al final, solicitó el archivo de la investigación, lo que fue acogido por el Juzgado Decimoséptimo Penal en agosto de 2016.
Único caso
Es en septiembre de 2017, cuando el exministro enfrentó un proceso con acusación formal del MP.
El 6 de septiembre del año pasado, la Fiscalía Especial Anticorrupción le formuló cargos por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales en la investigación por las coimas que pagó Odebrecht en Panamá. Papadimitriu acudió de forma voluntaria ese día al edificio Avesa, sede de la fiscalía; rindió indagatoria por 12 horas.
Tras culminar la diligencias se le decretó la detención preventiva y fue trasladado a las celdas transitorias de la Dirección de Investigación Judicial en Ancón, en donde permaneció hasta el 2 de noviembre, cuando el pleno de la Corte Suprema de Justicia le sustituyó la detención preventiva por impedimento de salida del país. Desde ese fallo, no ha cambiado el estatus judicial del exministro en el caso Odebrecht.
En las delaciones de los ejecutivos de Odebrecht que obtuvo la fiscalía, André Rabello -representante de la constructora en Panamá- reveló que en la Banca Privada de Andorra se depositaron $4 millones en sociedades offshore de los padres de Papadimitriu.
Habla su abogado
Nicólas Brea, abogado de Papadimitriu, negó que su cliente haya sido beneficiado por el MP en los procesos que ha enfrentado, particularmente en el de Odebrecht. Indicó que el MP fue el que tomó la decisión, en el momento que creía adecuado, para indagarlo y que aún se le investiga en ese proceso. “Lo único malo es que cuando [salen] noticias en los medios varias veces, la gente piensa que son nuevos elementos, pero son los mismos”, remarcó.