Parado, caso de las juntas comunales

El secretario general del Ministerio Público (MP), Rolando Rodríguez Cedeño, advirtió de que la solicitud que elevó la Fiscalía Anticorrupción para que se reabra el caso relacionado con las juntas comunales lleva dos meses en el Órgano Judicial sin respuesta, por lo que la investigación está en pausa.

El MP pidió reabrir el caso, luego de que la Contraloría le entregó 187 auditorías sobre el manejo que dieron juntas comunales a transferencias de partidas de los diputados del período  2009-2014.

Dos meses paralizada pesquisa sobre uso de partidas circuitales

Paralizada está la investigación relacionada con  la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio de las juntas comunales a las que se transfirieron partidas circuitales de los diputados en el  período 2009-2014.

Así lo confirmó en entrevista con este diario el secretario general del Ministerio Público (MP), Rolando Rodríguez Cedeño.

Según Rodríguez, en marzo pasado la Fiscalía  Anticorrupción de Descarga pidió  la  reapertura dela investigación al Juzgado Quinto Penal, luego de que a finales de febrero recibió  187 auditorías sobre transferencias por $247 millones efectuadas por diputados del pasado quinquenio –39 de ellos reelectos–, de sus partidas circuitales  a las juntas comunales.

El secretario del MP precisó que después de que  la fiscalía  pidió la reapertura del caso,  el expediente pasó  a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. “Allí está desde el 22 de marzo pasado”, dijo.

Rodríguez detalló que el caso pasó a la Sala Penal, debido  a que el Juzgado Quinto Penal lo remitió para que se dirima un conflicto de competencia. “En este caso, es importante expresar que el conflicto de competencia se da entre el juez quinto  penal de Panamá, Enrique Paniza, y la jueza de Chiriquí Elzebir Troya”, indicó.

El conflicto consiste en que el Juzgado Liquidador de Chiriquí pidió al Juzgado Quinto Penal que acumule con el caso de las 153 juntas comunales un expediente relacionado con presuntas irregularidades en la Junta Comunal de El Puerto, en Remedios, Chiriquí.

De acuerdo con Rodríguez, producto de este  conflicto de competencia  no se ha podido adelantar ningún tipo de diligencia ni se pueden realizar  pesquisas  relacionadas con  la investigación inherente a  las juntas comunales.

Precisó que esta espera tiene en pausa al equipo especial que fue asignado por el MP para este caso,  conformado por 21 fiscales (6 superiores y 15 de circuito), equipo operativo y personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). Además, se incluyó en el equipo a  auditores, contadores y personal de la Unidad de Blanqueo de Capitales del MP.

Los magistrados Harry Díaz, José Ayú Prado y Jerónimo Mejía  componen la Sala Penal de la Corte.

Fuentes judiciales informaron recientemente que Díaz –ponente del fallo relacionado con el  conflicto de competencia– emitió a principios de este mes  un proyecto de fallo, en el que señala que el   Juzgado Liquidador de Chiriquí deberá conocer de las sumarias de la Junta Comunal de El Puerto y niega que se acumule al de las 153 juntas comunales.

El proyecto de fallo de Díaz está en recorrido para firmas por parte de los magistrados Mejía y Ayú Prado.

Según el secretario del MP, mientras la Sala Penal no resuelva el conflicto de competencia, el juez Paniza no puede pronunciarse sobre el pedido para que se reabra la citada investigación.

Es decir, desde el 15 de mayo de 2015, fecha en que   el juez Paniza dictó un sobreseimiento provisional del caso, en espera de las auditorías de la Contraloría, no se conoce de pesquisas en relación con este proceso.

¿Prescripción?

Sobre la posibilidad de que la investigación prescriba, el secretario del MP señaló que esto se tendría que evaluar durante el  proceso.

Explicó que  para determinar una prescripción hay que tomar en cuenta  si los supuestos hechos delictivos se ejecutaron en un solo acto o si hay una continuidad de hechos, es decir, hay que determinar si hay conexión entre los los hechos en los que  hubo la posible comisión de delitos.

Cuando esto quede esclarecido,  se  determinará si hay  prescripción  o no.

Caso de diputados

Rodríguez añadió  que dentro de las 187 auditorías que entregó la Contraloría solo están las relacionadas con las partidas transferidas por  exdiputados, alcaldes y representantes de corregimiento, en las que también se señala a particulares.

Reveló que hasta el momento han podido identificar que en 75 de estas auditorías se incluyeron  informes de posibles irregularidades en el manejo de los fondos que fueron  transferidos a las juntas comunales.

Precisó que en el caso de las partidas  que transfirieron los  diputados  reelectos en 2014,  la  información es manejada por  la Contraloría General de la República, que  la tendría que remitir a la Corte Suprema de Justicia, la cual,  por mandato constitucional, es la única competente  para investigar a los diputados.

Resultados

De acuerdo con información revelada por el propio contralor Federico Humbert, las auditorías dan cuenta de que, por ejemplo,  34 diputados de Cambio Democrático (CD) transfirieron $158 millones; 7 diputados del Molirena recibieron $36.2 millones; 18 del Partido Revolucionario Democrático (PRD) usaron $34.7 millones; 10 del Panameñista utilizaron $17.1 millones y un diputado del Partido Popular transfirió $492 mil. Todos ellos eran del período 2009-2014.

Además, Humbert reveló que  las auditorías detectaron, al menos,  $50 millones en transacciones que no tienen justificación con documentos sobre su uso final.

El origen  del caso

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Primera Anticorrupción, desarrolló  de oficio, a partir del 13 d e junio de 2014,  una investigación relacionada con  juntas comunales y municipios, por la posible comisión de delitos contra la administración pública.

La investigación se originó tras publicaciones en varios medios de comunicación sobre presuntos malos manejos en las transferencias de las partidas  de los diputados  a las juntas comunales.