Las fiscalías anticorrupción del Ministerio Público (MP) anunciaron que apelarán los fallos del juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza, que esta semana anuló tres casos de presunto peculado en perjuicio del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) en el gobierno pasado: Piso y Techo, compra de granos y alquiler de helicópteros.
En una nota publicada ayer, el MP reaccionó a la decisión de Loaiza y explicó que la nulidad relativa decretada en el caso de los helicópteros ya fue apelada y se está a la espera de la decisión del Segundo Tribunal Superior de Justicia.
La fiscalía apeló cuando Loaiza, en noviembre pasado, excluyó de la investigación al exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino y otros siete exfuncionarios del gobierno pasado.
En cuanto a la investigación del programa Piso y Techo, la Fiscalía Anticorrupción de Descarga no ha sido notificada de la nulidad. Sin embargo, el MP indicó que, de ser así, procederá a anunciar y sustentar el recurso de apelación por considerar que dicha decisión no es cónsona con la realidad procesal del expediente.
En el caso Piso y Techo, el juez decretó la nulidad y el archivo del proceso para el comerciante Juan Carlos Marciaga, así como para Adolfo Chichi De Obarrio, ex secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli, y para Abraham Williams, exjefe de Compras del PAN.
El MP también explicó que en el caso de la compra de granos, Loaiza ya ha decretado otras nulidades a favor de imputados, decisiones que no están en firme, pues fueron apeladas por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga.
En este caso, Loaiza anuló el proceso para 31 personas, entre ellas, Adolfo De Obarrio, Ángel Famiglietti, exfuncionario del PAN, y Mario Martinelli, hermano del expresidente Ricardo Martinelli.
Magaly Castillo, Alianza Ciudadana Pro Justicia.
Pide auditar casos
Representantes de organizaciones de la sociedad civil pidieron realizar una auditoría de los procesos que están en el despacho de Loaiza.
Magaly Castillo, secretaria ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, aseguró que este juez es el resultado “del relajo que tenemos en el país con la administración de justicia”.
“Loaiza es el reflejo de un sistema de administración de justicia que está a la deriva, en el que los propios magistrados de la Corte violan la Constitución y la ley, ya que han designado en el cargo a jueces que no fueron seleccionados a través de un sistema de méritos”, dijo.
“Es una tragedia nacional lo que estamos viviendo y lo que está ocurriendo es la impunidad en la que están quedando todos los casos de alto perfil”, denunció.
Carlos Lee, de esa misma organización, apoyó la propuesta de auditoría ciudadana. A su juicio, es necesario detectar con exactitud las deficiencias procesales que motivaron el cierre de los procesos.
Fredy Pittí, de Juntos Decidimos, dijo que el manejo dado a estos casos de alto perfil, tanto por el Ministerio Público como por el Órgano Judicial, ha sido “bastante pobre”, por lo que no estaría de más realizar una revisión de ellos, debido a los millones de dólares del Estado perdidos.
En los tres casos anulados por el juez Loaiza esta semana, el Ministerio Público investigaba la presunta lesión de más de $23 millones -según las auditorías de la Contraloría General de la República- en perjuicio del PAN.
