Las filtraciones de las comunicaciones del exmandatario Juan Carlos Varela a través del portal Varelaleaks indican que el software Pegasus, adquirido en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), habría seguido operando aún después que terminó su mandato, consideró ayer el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz.
“Esto te deja un sinsabor: que es obvio, es evidente que nadie puede comprar este software, no cualquiera puede tener $15 millones. Esto ya lo hemos venido planteando, y que es evidente que estas interceptaciones se hicieron con un equipo que fue comprado por el gobierno de Ricardo Martinelli”, sostuvo el magistrado.
Díaz, quien se desempeñó como fiscal del proceso por presunto espionaje político seguido al expresidente Martinelli cuando el caso era competencia de la Corte, insistió en “que nadie tiene 15 millones de dólares para un equipo de espionaje electrónico solamente para ver qué está haciendo el vecino”.
Díaz duda de que Pegasus se haya extraviado
El magistrado recordó que Martinelli compró ese equipo con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN) y su paradero es desconocido, razón por la cual el expresidente también enfrentó cargos por supuesto peculado.
Díaz indicó que él siempre dudó de la versión de que el equipo se había extraviado. Recordó que los últimos reportes sobre la actividad del equipo se recibieron de una oficina “que pertenece al grupo de Martinelli”.
En el expediente del caso pinchazos consta el traslado de unos equipos de la Presidencia de la República a las oficinas de Ricamar, en Monte Oscuro, propiedad de la familia Martinelli.
Como se recordará, en diciembre de 2018, la Corte declinó la competencia del caso Martinelli -en una votación mayoritaria de 7 a 2- y envió el proceso al Primer Distrito Judicial de Panamá. El 9 de agosto del presente año, un tribunal (integrado por los jueces Roberto Tejeira, Arleen Caballero y Raúl Vergara) declaró “no culpable” a Martinelli de los cargos de espionaje político y peculado, y ordenó el cese de las medidas cautelares. Hasta entonces, Martinelli estaba en arresto domiciliario desde junio pasado. Antes estuvo un año preso en El Renacer y otro más en una prisión federal en Miami.
Sin embargo, este fallo no está en firme, porque fue recurrido por el Ministerio Público y los abogados de los querellantes ante la Corte.
Al margen de todo esto, el magistrado Díaz recordó que pinchar es ilegal y que para hacerlo hay que tener una autorización judicial.
Explicó que antes de la implementación en el Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio –el 2 de septiembre de 2016–, la Sala Penal autorizaba las interceptaciones. Esa responsablidad ahora la tienen cinco jueces de garantías. Ello implica, incluso, acuerdos en materia judicial con las empresas telefónicas.
En 2009, Harry Díaz fue nombrado por Martinelli por 10 años, período que concluye en diciembre próximo.
Del equipo de Martinelli le responden a Díaz
Consulado sobre las declaraciones de Díaz, el abogado de Martinelli, Carlos Carrillo, señaló que el magistrado le está haciendo los “mandados a Varela” tratando de que responda “falsas acusaciones” y obligando a la defensa a pronunciarse sobre el caso en base a “expresiones infundadas”.
Dijo que existen documentos que demuestran que la última vez que se conectó el sistema Pegasus fue el 16 de mayo de 2014 y que “no tuvo relación con Martinelli”.
Oportunidad para hacer cambios en la justicia
El magistrado Olmedo Arrocha dijo que no puede comentar nada sobre los Varelaleaks, porque no conoce su contenido.
Aparte, indicó que es “inapropiado” que un magistrado opine del tema, porque pudiera perder imparcialidad si el caso llegara al pleno de la Corte.
Sin embargo, por el impacto que ha tenido en la administración de justicia estas filtraciones con la renuncia de la procuradora Kenia Porcell, Arrocha consideró que se requiere dejar claro que los problemas de la administración de justicia no son coyunturales y no dependen de personas. “Si queremos arreglar la administración de justicia tenemos que entenderlo, que es una estructura desgastada, que hay que repensarla y esto va más allá de una persona”.
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo local de Transparencia Internacional) consideró que con los Varelaleaks, “queda claro que el problema de gobernabilidad afecta los cimientos de nuestra sociedad, lo que se agrava por el comportamiento de los tres poderes del Estado, y que cualquier reforma constitucional que no se atreva a redefinir las fronteras entre los poderes, nos deja en peores términos de impunidad, tráfico de influencias, conflictos de intereses y oportunidades para la corrupción”.
Remarca que “esta violación a la privacidad de las comunicaciones, si bien ha revelado información delicada sobre temas de Estado, ha revivido lo sucedido durante la administracion de Ricardo Martinelli: ¿si el sistema sigue operando, todos los panameños somos vulnerables?”
Dos directores del Consejo de Seguridad Nacional en el gobierno de Martinelli -Gustavo Pérez y Alejandro Garuz- fueron condenados por espionajes ilegales. La decisión fue apelada.
Jorge De la Guardia, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (Cciap), calificó los Varelaleaks como una violación de la libertad y la intimidad de las personas. Resaltó que, al conocerse esas filtraciones ilegales, queda en evidencia la crisis en el sistema de justicia de Panamá.
Por ello, dijo, la Cciap ha resaltado la oportunidad que existe para reformar el sistema judicial, “específicamente ahora con el tan importante nombramiento de tres magistrados” y el remplazo de la procuradora Kenia Porcell.
