Piden mantener el CSN como aliado de la administración de justicia

El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) debe mantener su condición de “aliado” de la administración de justicia, pero no debe “producir” las pruebas para el inicio de un proceso judicial.

Así lo plantearon representantes de diferentes sectores consultados por este diario, tras el anuncio de Rolando Mirones, ministro de Seguridad Pública a partir del 1 de julio, cuando inicie el gobierno de Laurentino Cortizo, de someter a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para reorganizar el CSN, de modo que, entre otros aspectos, se prohíba “judicializar” casos ante el Ministerio Público (MP) a partir de las pesquisas que realiza el aparato de inteligencia, adscrito a la Presidencia.

El numeral 9, artículo 5, del Decreto Ejecutivo 263 del 19 de marzo de 2010 –aún vigente–, suscrito por el entonces presidente Ricardo Martinelli y su ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, señala que el CSN tendrá entre sus funciones “auxiliar, colaborar y apoyar a la administración de justicia...”.

[Lea aquí el Decreto Ejecutivo 263 del 19 de marzo de 2010].

Juan Carlos Araúz, exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), opinó que el CSN debe seguir siendo un aliado de la justicia, “mas no es el que debe producir las pruebas [...] lo que conoce el consejo es una información que no puede representar el corazón de la investigación”.

A su juicio, la discrecionalidad con que el poder político (Ejecutivo) utilice el contenido de la información de inteligencia debe ir dirigido solo a que, a través de los canales adecuados del sistema judicial, se logre condenar a quienes cometen delitos.

Rubén Elías Rodríguez, expresidente del CNA, dijo estar en desacuerdo con una ley que prohíba que el consejo de seguridad ponga en conocimiento del MP la posible comisión de un delito.

Advirtió que una reforma en ese sentido le restaría al MP la facultad constitucional de perseguir el delito.

Destacó que la reforma que propondría el nuevo gobierno iría en contra del Código Judicial, que obliga a todo funcionario que tenga conocimiento de que se haya cometido un delito a notificarlo a las autoridades competentes, entre ellas, el MP.

Citó, específicamente, el artículo 1996 del Código Judicial, que dice: “todo empleado público que en el ejercicio de sus funciones descubra de cualquier modo que se ha cometido un delito de aquellos que deba procederse de oficio, pasará o promoverá que se pasen todos los datos que sean conducentes y lo denunciará ante la autoridad competente, para que se proceda al juzgamiento del culpable o culpables”.

Rodríguez destacó que el CSN debe seguir en cumplimiento de la ley, actuando con prudencia y sin violar las garantías constitucionales de las personas.

Roberto Moreno, exfiscal contra la delincuencia organizada, detalló que el CSN interviene cuando existe una autorización de la Corte Suprema de Justicia para la interceptación de llamadas a posibles sospechosos de actividades delictivas.

Aseguró que cuando laboró como fiscal nunca se judicializó un caso con información del CSN.

Precisó, en tal sentido, que se le suministraba información de inteligencia, con la que se tenía que buscar medios de prueba para confirmarla.

Al ser consultada sobre el anuncio de Mirones, la ex candidata presidencial, ex procuradora de la Nación y diputada independiente Ana Matilde Gómez prefirió no opinar hasta ver la propuesta, porque, a su juicio, “algo no suena bien”.

Javier Martínez Acha, secretario del CSN en el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009), tampoco quiso declarar sobre la propuesta para reorganizar ese aparato de seguridad.