En enero de 2014, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, ordenó la práctica de una serie de auditorías en los despachos de jueces de circuito, municipales y tribunales superiores de justicia; sin embargo, tres años después la ciudadanía desconoce el resultado de estas investigaciones.
Harley Mitchell (2008-2009) y Alejandro Moncada Luna (2012-2013), cuando fungieron como presidentes del máximo tribunal de justicia, también encargaron auditorías. Pero tampoco se sabe qué arrojaron las investigaciones; ni se conoce si hubo sanciones o correctivos.
La Ley 53 de 2015, que le da vida a la Carrera Judicial, establece la Jurisdicción de Integridad y Transparencia, que a su vez crea el Tribunal de Integridad y Transparencia, la Unidad de Investigación y la Defensoría Especial, que se encargarán de investigar, juzgar, defender y aplicar sanciones a las faltas cometidas por los servidores judiciales. Sin embargo, la ley aún no se ha puesto en marcha, por lo que el país no tiene un mecanismo para evaluar el desempeño de los jueces y magistrados.
Por eso, Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, afirma que las auditorías ordenadas por Ayú Prado “se realizaron al margen de la ley”, pues al no estar vigente la carrera judicial, se desconoce qué norma legal las regula. Recuerda que en 2016 su organización remitió una nota a Ayú Prado en la que le solicitaron detalles de las auditorías realizadas en su administración, pero nunca recibieron respuesta.
También cuestiona el hecho de que no existe un mecanismo específico y definido para que los ciudadanos puedan presentar quejas contra jueces o magistrados.
Dijo que otra “de las arbitrariedades” de los actuales magistrados de la Corte es la convocatoria para la escogencia de 28 cargos interinos para el inicio de la implementación de la carrera judicial.
ESTRUCTURA COMPLEJA
En el año 2008, cuando Harley Mitchell presidía la Corte Suprema de Justicia, encargó una consultoría con el propósito de buscar métodos para prevenir la corrupción. El resultado reveló, entre otras cosas, que la estructura funcional de los jueces es compleja y desarticulada, ya que existen múltiples instancias de dirección a las que deben responder. Entre ellas, el pleno de la Corte, integrada por nueve magistrados; la Sala Cuarta de Negocios Generales, compuesta por los magistrados presidentes de las salas que componen la Corte. También evidenció que no hay un mecanismo de fiscalización de las funciones de los jueces y magistrados.
En ese momento se decidió la creación de una comisión de transparencia anticorrupción, que tendría como función principal la investigación y análisis de las actuaciones de jueces y funcionarios judiciales; pero este organismo nunca operó.
Ricardo Fuller, expresidente de la Asociación de Servidores Públicos del Órgano Judicial, asegura que si de atacar la corrupción se trata, se debe poner en marcha la Ley de Carrera Judicial. Recordó que esta norma contiene una serie de mecanismos para atacar el flagelo. Entre ellos, menciona las auditorías judiciales. No obstante, asegura que dentro del Órgano Judicial muchos jueces y magistrados consideran a estas investigaciones como un mecanismo de presión para obtener información de los expedientes que manejan.
Contó, incluso, que algunos jueces han renunciado a sus cargos al momento en que se ordena auditar sus despachos. Y una vez con las investigaciones hechas, los casos no llegan a un proceso judicial o administrativo para aplicar las sanciones correspondientes.
PROCESOS
En mayo de 2016, el Juez de Niñez y Adolescencia, Juan Domingo Ibarra, fue destituido del cargo luego de que el presidente de la Corte, José Ayú Prado, lo denunciara por supuestas anomalías al ordenar un impedimento de salida del país al colombiano Christian Sánchez.
Ibarra también presentó varias denuncias contra Ayú Prado ante la Asamblea Nacional, pero estas fueron desestimadas por la Comisión de Credenciales del Legislativo.
Mientras que en mayo de 2013, Silverio Rodríguez presentó su renuncia a su cargo de juez cuarto penal, después de que se le abriera una investigación por supuestas anomalías en un permiso de salida del país a Stephen Jones, uno de los actores del caso del Centro Mutimodal, Industrial y de Servicios (Cemis).
Rodríguez también estuvo bajo la lupa por presuntas irregularidades en un permiso de salida del país otorgado a Ricardo Traad Porras, exdirector del desaparecido Servicio Marítimo Nacional, procesado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
Mientras que a la jueza cuarta penal Yoideth Chirú, en julio de 2016 se le abrió una investigación por la liberación de 25 personas investigadas por la supuesta comisión de delitos relacionados con el narcotráfico. Se desconocen los avances de este proceso.
EL CASO BALLESTEROS
Los propios magistrados de la Corte Suprema de Justicia han estado en el ojo de la tormenta por algunas de sus actuaciones.
Uno de los casos más emblemáticos fue el que denunció Alexis Ballesteros cuando era juez cuarto penal. En marzo de 2014, el entonces juez informó que había recibido presiones e instrucciones de los magistrados José Ayú Prado, y Alejandro Moncada Luna, y los magistrados suplentes Wilfredo Sáenz y Secundino Mendieta para, entre otras cosas, emitir fallos favorables a amigos del entonces presidente de la República, Ricardo Martinelli. Fue destituido, pero mientras se reconsideraba su destitución, renunció.
Ballesteros, incluso, llevó el caso hasta la Asamblea Nacional, órgano encargado de investigar a los magistrados, mas la denuncia nunca prosperó.
VERSIÓN DEL ÓRGANO JUDICIAL
En el Órgano Judicial se defienden. Aseguran a este medio que las auditorías “son continuas”. Manifiestan que se hacen diariamente a los distintos despachos judiciales y administrativos. Esto, afirman, como mecanismo de monitoreo para garantizar que se están poniendo en práctica las sugerencias que han hecho los auditores.
Manifiestan que los resultados de estas son variados: todo correctamente, porcentajes de correcta administración y porcentajes de irregularidades. En este último caso, afirman, se recomiendan correctivos y se otorgan tiempos para fiscalizar la ejecución de estos. Agregan que cuando detectan la posible comisión de delitos, lo reportan al Ministerio Público.
“Como quiera que sea, el resultado de las auditorías no se da a conocer hasta tanto no se cumplan sus propósitos y respetando la presunción de inocencia”, argumentaron.
