Tras un año del estallido de las protestas masivas en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega se encuentra sumido en una profunda crisis, con la economía deteriorada, políticamente debilitado por sanciones internacionales y con escaso margen de acción para conservar el poder, según analistas.
La represión, que ha dejado 325 muertos, cientos de encarcelados y miles de exiliados, anuló el espacio de protesta para la oposición, pero el país está lejos de la normalidad que el gobierno intenta proyectar.
A Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, “el monopolio de la fuerza es lo único que los acompaña, más un poco de nepotismo y corrupción”, dijo a la AFP el politólogo Manuel Orozco, de Diálogo Interamericano, con sede en Washington.
El exguerrillero de 73 años de edad, que ayudó a derrocar a la dictadura de Anastasio Somoza en 1979, fue sorprendido el 18 de abril de 2018 por una protesta de universitarios contra una reforma a la seguridad social.
La violenta represión contra los estudiantes encendió la chispa de una demanda nacional por la renuncia del líder sandinista, con manifestaciones y bloqueos de carreteras en casi todo el país.
Manuel Orozco
Ciudadano nicaragüense.
En el poder desde 2007, Ortega vio cómo las protestas le quitaron el control de la calle y deterioraron su imagen de revolucionario al reprimir a manifestantes desarmados.
“Desafortunadamente en Nicaragua no parece quedar un resquicio de institucionalidad ni Estado de derecho”, dijo a la AFP la guatemalteca Claudia Paz y Paz, directora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Paz recordó que el informe del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ella integró, reveló que la represión contra las protestas “contó con el respaldo, cuando no colaboración, de distintas instancias del Estado”.
Antes de la crisis desatada por las protestas, Ortega contaba con el respaldo de un 65% de la población de 6.2 millones y el país exhibía tasas de crecimiento de entre 4% y 5% anual, en tanto el turismo creció apoyado por la percepción de ser el país más seguro de Centroamérica.
Según el Banco Mundial, la pobreza en Nicaragua cayó de 29.5% en 2014 a 24.9% en 2016.
Pero la crisis generada por las protestas asestó un golpe devastador a la economía, que se contrajo 3.8% en 2018 y perdió 294 mil puestos de trabajo, según el Banco Central. Gremios empresariales calculan la caída en 4%, con más de 400 mil empleos perdidos.
En 2019, la economía de Nicaragua caerá un 5%, la mayor contracción latinoamericana después de Venezuela (25%), según la última proyección del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La situación socioeconómica es “insostenible”, y una reforma tributaria y del seguro social que el Gobierno aprobó para cubrir un déficit fiscal de 310 millones de dólares “golpea a todos por igual”, sostuvo la exguerrillera e historiadora Dora María Téllez.
El sociólogo Oscar René Vargas consideró en un análisis de coyuntura que la administración Ortega-Murillo “dejó de ser sólida y popular y se transformó en un gobierno frágil... Ha cerrado todas las válvulas del juego democrático, ha actuado con mucha violencia”.
