Posponen concursos de carrera administrativa

El recurrente temor a que los nombramientos en el servicio público sean usados como botín político revive una vez más, tras la decisión del Ministerio de la Presidencia de posponer los concursos para llenar las plazas de trabajo de la carrera administrativa.

Una resolución publicada en la Gaceta Oficial de ayer también habilita a las instituciones a hacer nombramientos interinos.

Osvaldo De la Guardia Boyd, director de la Carrera Administrativa, advirtió en la resolución que el Manual de Procedimientos para el Reclutamiento y Selección del Recurso Humano en el Sector Público Panameño no fue aprobado por la junta técnica y rectora de la carrera administrativa.

El Ejecutivo también emitió una segunda resolución, que dejó sin efecto antiguas resoluciones relacionadas con la carrera.

David Montenegro, quien fungió como director de Carrera Administrativa en el pasado gobierno, advirtió que las nuevas disposiciones violan la Ley de Carrera Administrativa y abren la posibilidad a que la institución se use para pagar favores políticos, una práctica que, según coinciden algunos, se da cada cinco años.

A representantes de la sociedad civil les llamó la atención que la resolución no precisa hasta cuándo aplicará la suspensión de los concursos.

Temen que nombramientos se utilicen como premio

A través de una resolución emitida el pasado 9 de julio y publicada en la Gaceta Oficial 28814-A de ayer, el Ministerio de la Presidencia postergó los concursos para ocupar los cargos vacantes dentro de la carrera administrativa.

La resolución número 39, que tiene la firma de Osvaldo de la Guardia Boyd, nuevo director de Carrera Administrativa, resuelve que no se celebrarán esos concursos hasta que se cuente con un reglamento técnico de reclutamiento y selección de recurso humano “debidamente aprobado”.

De la Guardia fue designado en ese cargo por el presidente Laurentino Nito Cortizo, el pasado 14 de junio.

El documento no indica el periodo en el que será confeccionado el reglamento o hasta qué fecha se pospondrán los concursos.

En cambio, la Dirección General de Carrera Administrativa autorizó nombramientos de manera interina, siempre y cuando las personas reúnan los requisitos mínimos señalados en el Manual Institucional de Clases Ocupacionales.

De la Guardia Boyd sustentó la decisión en que recibieron quejas y denuncias sobre la forma en la que se hicieron algunos concursos en los últimos meses, por aparente desconocimiento de las normas.

En tanto, a través de la resolución 38 —también del pasado 9 de julio, firmada por De la Guardia Boyd— se dejó sin efecto la resolución 24 del 19 de junio de 2018, sobre el manual de procedimiento para reclutamiento de personal, y la número 31 del 28 de mayo de 2019, que dicta los procedimientos técnicos para el procedimiento ordinario de ingreso a instituciones que no tienen el manual de clases ocupacionales.

‘Se viola la carrera’

Este medio contactó ayer a David Montenegro, quien fungió como director de la Carrera Administrativa en el periodo pasado. Manifestó que el “buen gobierno” utilizará los nombramientos como premio para sus copartidarios, lo que calificó de “bueno para ellos, pero nefasto para Panamá”.

Aseguró que lo actuado viola los artículos 2 y 25 de la Ley 23, que reforma la carrera administrativa. “Eliminar el manual de procedimientos que ahora se critica, representa un retroceso a los logros alcanzados”, afirmó.

Agregó que de querer mejorar lo existente, se debieron realizar los ajustes necesarios y no dejar sin efecto lo que “fortaleció y garantizó” los nombramientos por mérito y convocatoria pública en el servicio público, como establece la Constitución y la ley.

En mayo de este año, durante una entrevista con este diario, Montenegro explicó que al asumir el cargo en 2014, encontraron que este había sido utilizado por el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) para destituir a funcionarios.

Sociedad, en alerta

La ex candidata presidencia por la libre postulación Ana Matilde Gómez apuntó que se puede caer en lo mismo cada cinco años: “Históricamente, los gobiernos cuando llegan al poder de la mano de los partidos deben corresponder de alguna manera por el apoyo político”.

Gómez advirtió que “un espacio de verificación no debe convertirse en algo permanente”, pues podría impedir a este gobierno cumplir con algo que fue una de sus promesas de campaña.

Recordó también que la carrera administrativa trata con cargos “técnicos y de requerimiento permanente [...] que no deben estar variando de gobierno a gobierno”.

El abogado Ernesto Cedeño hace un llamado a que si se encontraron irregularidades en los nombramientos, se hagan las denuncias correspondientes. Considera que se debe establecer un periodo “específico de caducidad a término fijo” para que se regulen los manuales correspondientes y llevar a cabo el proceso de concurso.

Opina, además, que la dirección encargada debe trabajar “a velocidad” para asegurar la estabilidad de las instituciones y los funcionarios.

Freddy Pittí, de la asociación juvenil Juntos Decidimos, manifestó que la Ley 9 de 1994 de carrera administrativa requiere de ajustes y actualizaciones. Sin embargo, espera que las medidas publicadas en la reciente resolución sean de carácter temporal y se avance en hacer las reformas necesarias.

Antonio Saad, del Movimiento Independiente (Movin), adujo que un reglamento es clave para garantizar que los concursos sean justos, no obstante, indicó que la resolución no señala hasta cuándo estarán las personas interinas en esos puestos. “Es de esperar que el gobierno entrante tome medidas como esta para nombrar a su gente”, afirmó.