La fiscalía mexicana presentó ayer 82 pruebas, principalmente documentos bancarios, escrituras y testimonios, que asegura son evidencia suficiente para procesar al exgobernador veracruzano Javier Duarte por los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los fiscales acusan a Duarte de desviar mil 670 millones de pesos (unos $94.5 millones) de 2011 a 2016 mediante operaciones bancarias a través de al menos 38 empresas fantasma (algunas en Estados Unidos) que operaban en Veracruz, el estado de Campeche y ciudad de México.
Según la fiscalía, con ese dinero y a través de distintos prestanombres, se realizó la compra-venta de terrenos con un sobreprecio del 15 mil por ciento, adquisiciones de apartamentos y vehículos de lujo, joyas y hasta compró un piso para una amante del político que, aunque no tenía nada a su nombre, es el mayor heredero de su testaferro principal. Al concluir la audiencia el juez decidirá si inicia el proceso contra el exgobernador.
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