La oferta electoral rumbo a las elecciones del próximo 5 de mayo tiene en carrera a, al menos, 16 candidatos a diputado de la Asamblea Nacional que son investigados por el Ministerio Público o han sido condenados por algún tribunal de justicia.
Enriquecimiento injustificado, peculado, blanqueo de capitales, entre otros, figuran en los expedientes judiciales que se les sigue al grupo de aspirantes. Estos fueron postulados por distintos partidos políticos y por la libre postulación. En esa lista se incluye, entre otros, a los exministros Guillermo Ferrufino y Alma Cortés, postulados por Cambio Democrático (CD); al exalcalde de Colón Dámaso García, quien corre por el partido Alianza; al exalcalde de Chame Euclides Mayorga, postulado por los oficialistas Partido Panameñista y Partido Popular.
Así también a Julio Mendoza, candidato del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y a Esteban Rodríguez, que compite por el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista. Otro caso que se documenta es el de César Herrera, aspirante a una curul por el 8-5 en La Chorrera.
Herrera fue detenido recientemente por orden de la Fiscalía Anticorrupción en medio de la investigación que se le sigue por presuntas irregularidades en la compensación económica a dueños de “diablos rojos”.
Este trabajo periodístico no cuenta los casos que tienen actuales diputados de la Asamblea Nacional en la Corte Suprema de Justicia y que buscan la reelección.
Candidatos, bajo la lupa de la justicia
Al menos 16 candidatos que aspiran a una curul en la Asamblea Nacional son objeto de investigación o han sido condenados por tribunales.
Enriquecimiento injustificado, peculado, blanqueo de capitales, figuran en los antecedentes de algunos de los que aspiran crear leyes para el país (no se incluye a los diputados que buscan la reelección).
El exalcalde de Colón Dámaso García, que pretende una curul por Alianza en el circuito 3-1 (Colón), es investigado por supuesto peculado en un contrato de consultoría, y por presuntamente tener en planilla a 21 personas que habrían cobrado sin trabajar.
El 4-2 (Chiriquí) tampoco se escapa de tener candidatos con líos judiciales. Osman Gómez, quien representa al PRD y al Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), fue investigado por portar arma de fuego sin permiso.
Mientras que Ana Giselle Rosas, postulada por Cambio Democrático (CD) y Alianza en el 4-6 (Remedios, San Lorenzo, Tolé y San Félix), fue condenada a seis meses de prisión (a pagar con días multa) y a 1 año de inhabilitación para ejercer funciones públicas, por usar recursos del Estado en la campaña de 2014.
En el 6-2 (Los Pozos, Parita y Pesé), el candidato Julio Mendoza, postulado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Molirena, tiene una demanda por la supuesta comisión de delitos contra el orden económico en la modalidad de delitos cometidos con cheque y tarjetas de crédito. El demandante relató que le financió proyectos de construcción, pero que Mendoza le pagó con tres cheques sin fondos.
En el circuito 8-3 (Chame-San Carlos), un veterano miembro del oficialista Partido Panameñista busca ser diputado suplente. Se trata de Euclides Mayorga, exalcalde de Chame, que fue condenado a tres años de prisión por delitos contra la administración pública. Mayorga es el segundo de Enrique Kike Flórez.
El exdirector del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) Edwin Candín Cárdenas, fue postulado por el Partido Panameñista y el Partido Popular (PP) como candidato a diputado del 8-5 (La Chorrera). Cárdenas es procesado por la supuesta comisión del delito contra la administración pública en perjuicio del IMA.
En esa misma área, un candidato por la libre postulación también forma parte del bloque de investigados: César Herrera, quien recientemente fue detenido en medio de una pesquisa por supuestas irregularidades en la compensación económica a dueños de buses “diablos rojos”. Habría cobrado $525 mil en compensaciones de cupos.
Mientras que Lilia Batista, aspirante a diputada de CD en el 8-5, fue acusada de haber administrado irregularmente más de $6 millones correspondientes a partidas circuitales de diferentes diputados en el pasado quinquenio.
Otra aspirante a diputada que tiene cuentas pendientes con el Ministerio Público, pero en el 8-6, es la exministra Alma Cortés, postulada por CD y Alianza. Se le siguen dos casos: uno por supuestas irregularidades en viáticos cobrados cuando fungía como ministra, y otro relacionado con presunto enriquecimiento injustificado. Mientras que Rafael Reyes, postulado a diputado por Alianza en ese circuito, es investigado por la fiscalía regional de San Miguelito por la presunta comisión de un delito contra el patrimonio económico.
Una cara nueva que quiere llegar a la Asamblea por el PRD en el 8-7 es Sara Montenegro. Ella es candidata a diputada suplente de Crispiano Adames. Fue abogada de la desaparecida firma Mossack & Fonseca, y el Ministerio Público la investiga por la supuesta comisión de blanqueo de capitales, como parte de la investigación que le sigue el rastro a sociedades creadas en Brasil para supuesto lavado de dinero.
Otro personaje con líos judiciales que CD postuló es el exministro Guillermo Ferrufino, quien busca la diputación en el 8-7. Se le procesa por la presunta comisión del delito de corrupción de servidores públicos, tras la compra de un vehículo Toyota Land Cruiser de 2013, presuntamente con dinero de contratistas del Estado, y también por enriquecimiento injustificado.
En el 8-7 también está en la mira Juan Carlos Bermúdez, postulado por Alianza. La fiscalía anticorrupción solicitó levantarle el fuero electoral para procesarlo por un caso cuyos detalles se desconocen.
Uno de los candidatos a diputado de CD en el circuito 8-8 es el expresidente Ricardo Martinelli, a quien un tribunal de juicio procesa por supuestamente espiar las comunicaciones de, al menos, 150 personas.
En tanto, el Tribunal Electoral analiza retirarle el fuero electoral a Javier Sucre, representante del corregimiento de Juan Díaz y candidato a diputado por el PRD en el 8-8, a solicitud de la fiscalía anticorrupción, que lo investiga por la supuesta comisión de delitos contra la administración.
En el circuito 8-10 hay otro caso. El investigado es Esteban Rodríguez, candidato del Molirena. Se le procesa por la presunta comisión de peculado, por supuestas irregularidades en la compensación a dueños de buses “diablos rojos”.
Del pasado
En la lista de postulados también están candidatos que han sido absueltos por tribunales o han sido protagonistas de escándalos. Samuel Bennett, de CD, y actual suplente de Mario Lázarus, busca ser diputado del 3-1 (Colón). Fue procesado por enriquecimiento injustificado. La Corte Suprema de Justicia lo absolvió. En ese mismo circuito compite el exlegislador Miguel Bush como candidato de Alianza. Bush fue investigado por la Corte por supuestas irregularidades en el uso de partidas circuitales.
En tanto que Enrique Garrido, exdiputado del Partido Panameñista, y hoy militante del Molirena, desea volver al palacio legislativo por el 10-1 (Guna Yala). Garrido fue investigado por el supuesto uso de fondos públicos en política.
En tanto que Carlos Duboy, exadministrador de Tocumen S.A. y figura cercana al presidente Juan Carlos Varela, aspira a ser diputado por el 8-8. Duboy se convirtió en uno de los protagonistas del caso Odebrecht, después de que confesara que gestionó donaciones de la constructora para el Partido Panameñista. Sin embargo, el Ministerio Público no le ha imputado cargos.
Porfirio Bolita Ellis, uno de los que fue investigado por supuestas irregularidades en el proyecto Riego de Tonosí, aspira a llegar al palacio Justo Arosemena en el 9-1, Veraguas, por CD.
