La Procuraduría de la Administración, a cargo de Rigoberto González, adelanta dos investigaciones contra la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, tras las filtración de las comunicaciones privadas del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019).
González informó a La Prensa que la primera investigación tiene que ver con la denuncia que presentó el pasado jueves 14 de noviembre el abogado Abdiel González Tapia, quien solicitó la separación del cargo de la funcionaria por el escándalo de los “Varelaleaks”. González Tejeira acusa a la procuradora de la presunta comisión de delitos contra la seguridad colectiva, la administración pública y la administración de justicia.
González dijo que someterá al control de un juez de garantías la denuncia presentada por González Tapia para determinar si las filtraciones tienen validez de prueba.
Mientras que la segunda investigación se inició en 2017 luego de una denuncia presentada por Miguel Antonio Bernal, Rolando Villalaz y Donaldo Sousa por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad y extralimitación de sus funciones como servidora pública.
Bernal acusa a Porcell por la violación al juramento como procuradora, ya que, según él, no está cumpliendo con la función que se le otorgó por la Constitución.
Esta denuncia había sido archivada provisionalmente el 17 de abril de 2018 en espera de nuevos elementos. Con el caso de los “Varelaleaks”, se reabrió el proceso el 14 de noviembre pasado.
Chats filtrados en “Varelaleaks” contienen conversaciones entre el expresidente de la República su hermano, el exdiputado José Luis Popi Varela, en los que se refieren al acuerdo con Odebrecht, y el papel que jugaron Popi Varela y André Rabello, antiguo intendente de la constructora en Panamá para finiquitar el pacto.
En mayo de 2017, Rabello presionaba para llegar a un acuerdo. Las comunicaciones entre Popi Varela, su hermano, el entonces presidente de la República, y Rabello, revelarían manipulación y presiones para que este último fuera favorecido, al tiempo que buscaba mermar el impacto de la multa que impondría el Ministerio Público sobre Odebrecht.
En una entrevista que dio la procuradora a Radio Panamá el pasado martes 12 de noviembre, Edwin Cabrera le consultó sobre el tema y Porcell rechazó algún tipo de injerencia indebida en el Ministerio Público: “no controlamos lo que personas ajenas de la institución hablen o digan”.
Ese martes Porcell anunció que dejaría el puesto a partir del 1 de enero de 2020 para permitir una investigación “como corresponda”.
Cabrera resaltó en la entrevista que la filtración se dio el 5 de noviembre, días después de que un medio de España publicara que la Audiencia Nacional de España imputó cargos a tres subsidiarias de la constructora española FCC por el pago de 82 millones de euros ($91 millones al cambio actual) en comisiones a cambio de la adjudicación de contratos de obras públicas en Panamá. Uno de los mencionados en esa trama es Ricardo Martinelli.
Según las investigaciones en España cuenta altos directivos de FCC y personal de la empresa Odebrecht habrían diseñado un esquema para desviar fondos, que se basaba en inflar el precio del suministro de acero necesario para construir el metro de Panamá y en facturarlo al doble de su precio.
Por esa razón la exprocuradora Ana Matilde Gómez ha dicho que la renuncia de Porcell no es una consecuencia de los “Varelaleaks”, sino el efecto del caso de corrupción más grande de América Latina: Odebrecht.