El procurador de la Administración, Rigoberto González, pidió ayer al Ministerio Público (MP) el acuerdo suscrito con Odebrecht en 2017, en el que la empresa brasileña aceptó una multa de $220 millones por haber pagado sobornos en Panamá; y se reunió con uno de los abogados que ese mismo año presentó una denuncia sobre dicho pacto contra la procuradora de la Nación, Kenia Porcell.
El Procurador quiere saber, por ejemplo, quiénes negociaron el acuerdo por parte del MP y Odebrecth.
Tras el escándalo de los “Varelaleaks”, González tramita dos denuncias contra Porcell.
Los ‘Varelaleaks’, en el centro de la denuncia contra Porcell
La denuncia que permitió al procurador de la Administración, Rigoberto González, reabrir una investigación sobre las actuaciones de la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, por la tramitación de los acuerdos de colaboración en el caso Odebrecht, se fundamenta en el supuesto poco interés del Ministerio Público en investigar este hecho e identificar a los que recibieron sobornos.
Así lo explicó el abogado Donaldo Sousa, quien en 2017 presentó la denuncia. Sousa se reunió en la mañana de ayer con González para conocer los detalles de su decisión de reabrir la pesquisa contra Porcell desde el pasado 14 de noviembre. Narró que González le explicó que la denuncia presentada por él, y los abogados Rolando Villalaz y Miguel Antonio Bernal, podría tener relación con algunos de los hechos expuestos a través de los “Varelaleaks”.
Explicó que González le dijo que adjuntará a la investigación las páginas de los “Varelaleaks” en las que se menciona el tema de Odebrecht.
En las supuestas comunicaciones privadas del expresidente Juan Carlos Varela publicadas en el sitio digital “Varelaleaks” habrían mensajes entre el expresidente y su hermano, el exdiputado José Luis Popi Varela, en los que se refieren al acuerdo con Odebrecht y el papel que jugaron Popi Varela y André Rabello, antiguo intendente de la constructora en Panamá, para finiquitar el pacto.
González remitió una nota con cinco puntos al secretario del Ministerio Público, Rolando Rodríguez, en la que le solicita copia del acuerdo alcanzado con Odebrecht el 26 de julio de 2017. En ese acuerdo se estableció que la empresa pagará una multa de $220 millones al país. Igualmente, pregunta quiénes negociaron el acuerdo, tanto por parte de la Procuraduría General de la Nación como por parte de Odebrecht, y si en este participó alguna autoridad de Brasil. También pide información acerca de la multa de $220 millones, de los cuales $100 millones son por usar el sistema bancario panameño para el blanqueo de capitales. Por ejemplo, quiere conocer cuáles fueron los criterios que se utilizaron para fijar dicha cuantía.
En la denuncia se mencionan algunos puntos sobre el caso que no habrían sido investigados por Porcell, como la declaración del 9 de febrero de 2017 del expresidente encargado del Partido Panameñista y exministro Consejero Ramón Fonseca Mora, de que uno de los principales donantes de la campaña de Varela fue Odebrecht.
También citan el testimonio rendido a las autoridades brasileñas por Fernando Migliaccio da Silva, uno de los que formó parte del departamento de coimas de la constructora. Recuerdan que este habría confesado que altos ejecutivos de esa empresa viajaron a Panamá después de 2014 para presionar al presidente (Varela) para que no se enviara información a las autoridades judiciales de Brasil que tuviese relación con Odebrecth.
También mencionan el retraso de más de 18 meses del Ministerio Público de Panamá en suministrar información a los fiscales brasileños sobre el caso Odebrecht. Además citan como evidencia una publicación del diario La Prensa (‘Fiscales de Brasil señalan que Panamá se resiste a cumplir’).
Más plazo
Este medio intentó obtener la versión de la procuradora Porcell, pero en el Ministerio Público (MP) dijeron que no harían comentarios. Cuando en otras oportunidades se ha cuestionado al MP por los avances del proceso, recuerdan que desde el pasado 3 de septiembre, la Fiscalía Especial Anticorrupción que lleva el caso, está a la espera de que el Primer Tribunal Superior de Justicia decida sobre un amparo de garantías constitucionales en el que se solicita más plazo para poder continuar con la pesquisa.
En ese documento, la fiscal Zuleyka Moore advirtió de que falta analizar órdenes de pago correspondientes a dos periodos de gobierno e información que se dio a conocer por publicaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Moore detalló que hace falta indagar a al menos 15 personas que estarían vinculadas al caso y que tiene que analizar órdenes de pago correspondientes al periodo 2006-2009, cuando Martín Torrijos gobernó el país; y al quinquenio 2009-2014, es decir, la gestión de Ricardo Martinelli. Manifestó además que falta analizar 25 sociedades anónimas ligadas a esos dos periodos de gobierno.
Mientras, en una entrevista que dio Porcell a La Prensa en agosto pasado, manifestó que el caso Odebrecht es “una investigación compleja de carácter internacional”, y muchas de las pruebas vienen de afuera.
Es decir, que aún hay aspectos importantes que incorporar.
