‘Queremos es libertad’: cubanos

Addy Torres, de 38 años de edad, es una profesora de educación física cubana, que desde hace cuatro meses reside junto a su hijo de 13 años y su esposo en las instalaciones de la Pastoral Social Cáritas Panamá, en el corregimiento de Ancón.

Tras una travesía de casi nueve meses, cruzando ríos y montañas, padeciendo hambre, frío, sin abrigo y techo, no logra conciliar el sueño frente al limbo migratorio en el que está su familia.

Torres contó que se vio obligada a salir de Cuba porque su vida corría peligro después de haber fracasado en dos intentos anteriores para salir de la isla.

Además de Torres hay otros 224 cubanos, incluyendo 5 niños de entre 4 y 13 años de edad, que están albergados en las instalaciones de Cáritas.

Es un inmueble de dos pisos en el que se han habilitado seis espacios como habitaciones, también hay un baño, un área de cocina y una bodega para guardar las donaciones que llegan. En la parte externa son más de 30 las tiendas de campaña que se pueden observar.

El diácono Fernando Juárez, encargado del lugar, cuenta que desde hace un año se han convertido en el hogar temporal de cientos de extranjeros que emigran de sus países, recorriendo la selva y exponiendo sus vidas con el sueño de llegar a Estados Unidos.

Señaló que aunque en un principio hubo apoyo del Gobierno para cubrir las necesidades de alimentación, implementos de aseo personal, etc., hoy solo viven de la “providencia de Dios”.

Con excepción de la atención sanitaria que se brinda por parte del personal del Ministerio de Salud y de la supervisión que realiza el Servicio Nacional de Migración, la ayuda gubernamental dejó de llegar desde el mes de agosto del año pasado.

“Hemos tenido que recurrir al corazón de varias personas y empresas para poder brindar una asistencia humanitaria a los viajeros”, indicó el clérigo.

Para los migrantes no hay diferencia entre los días y las noches, el letargo es el mismo, los juegos de cartas y dominó ya no son un aliciente, como tampoco el cigarrillo o las largas conversaciones.

Su incertidumbre radica en que antes de abandonar el cargo de presidente de Estados Unidos, Barack Obama firmó un acuerdo migratorio con Cuba en el cual se elimina la política de “pies secos, pies mojados”, terminando con los privilegios que gozaban los isleños de ser recibidos sin necesidad de visa al pisar territorio de Estados Unidos.

También suprimió un programa que daba prioridad migratoria a los médicos cubanos de servicio en terceros países.

La medida, que tenía efecto inmediato, sorprendió a miles de cubanos en varios países de América Latina en tránsito hacia Estados Unidos, y en Panamá no ha sido la excepción.

Para Torres, la noticia cayó como “un balde de agua fría, la verdad no esperábamos que Obama fuese a hacer semejante barbaridad”.

Solicitó a los gobernantes de la región que promuevan alguna iniciativa en conjunto y dialoguen con el presidente Donald Trump para que ellos puedan continuar su camino y reunirse con sus familiares en Estados Unidos.

“No queremos hacerle daño a nadie, queremos trabajar, tener una vida, un futuro, queremos no estar oprimidos, queremos es libertad”, expresó Torres.

Sobre el tema de los médicos, el Gobierno cubano dijo el pasado viernes que está en “disposición de permitir que los profesionales del sector que abandonaron sus misiones de colaboración regresen a Cuba y se reincorporen al Sistema Nacional de Salud”.

En tanto, Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de Residentes Naturalizados de Panamá, indicó que hicieron una solicitud al Gobierno para que al menos emita un carné humanitario temporal para que estas personas puedan movilizarse en el país.

Añadió que estas personas están “encerradas” en las instalaciones de Cáritas en condiciones “inhumanas” y requieren de una real asistencia, por lo que urgió a las autoridades a buscar opciones a las que puedan aplicar.

REALIDAD NACIONAL

Javier Carrillo, director del Servicio Nacional de Migración, comentó que además de los que están en Cáritas hay otros 65 cubanos en la provincia de Darién y 20 en el albergue de Migración, en la provincia de Panamá.

Sostuvo que a la entidad que dirige le corresponde aplicar la ley migratoria, por lo que aquellas personas que entran de forma irregular al país deben ser enviadas hacia el país del que vinieron o enviarlos a su país de origen.

Por otro lado, Carrillo estimó que “no es obligación que la República de Panamá tenga que servir de intermediario para que cubanos vayan a vivir a Estados Unidos, ese es un tema bilateral entre Cuba y Estados Unidos”.

Al cuestionar a las autoridades del Gobierno respecto a la situación que se ha originado por la llegada irregular de cubanos y cuáles son las acciones que se implementarán al respecto, no se pudo obtener una respuesta.

Las consultas se hicieron ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Presidencia de la República y el Ministerio de Gobierno. En este último se indicó que solo les correspondía atender la situación de aquellos que habían pedido refugio de manera oficial en el país.

Yaribeth de Calvo, directora de la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados, informó que 40 cubanos han pedido refugio al país y que sus solicitudes están siendo atendidas.

Detalló que este es un proceso que se extiende en promedio 4 meses y que son los miembros de la Comisión Nacional de Protección para Refugiados, integrada por 10 representantes de entidades gubernamentales y 1 de la Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados, quienes toman la decisión final de otorgar o no el beneficio.

Mientras se lleva a cabo el proceso estas personas no pueden ser deportadas y a partir de la aprobación de la medida, los refugiados que tengan tres años de haber sido reconocidos por la Comisión Nacional de Protección para Refugiados podrán optar por la residencia permanente.

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, se pronunció recientemente sobre el tema de los migrantes cubanos en el país y señaló que se podrían buscar alternativas políticas para los que decidan quedarse en Panamá.

Al mismo tiempo dijo que “lo único que pedimos es que no se use nuestro país para temas mediáticos que van más allá de nuestras capacidades políticas, porque son decisiones que les toca a otros países” y que como Gobierno no pueden pedir a Estados Unidos que cambie sus políticas migratorias.