La investigación que sigue la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada por la compra del grupo Editora Panamá América, S.A., (Epasa) con supuestos fondos públicos –caso conocido como New Business–, también alcanza al empresario Ramón Carretero Napolitano y a su familiar Luisa Napolitano de Carretero.
La vinculación de ambos está contenida en un fallo del Juzgado Decimoctavo Penal del 22 de febrero pasado, que negó un recurso para que se declarara nula la orden de indagatoria que emitió la fiscalía contra ellos el 24 de septiembre de 2017.
La jueza Baloisa Marquínez señala que en la orden de indagatoria se indica que Ramón Carretero y Luisa Napolitano de Carretero “aparecen como firmantes de la cuenta bancaria 30-101-23037-2 de Global Bank, perteneciente a la sociedad Distribuidora Rali, S.A., desde la cual se emitió el cheque número 000860, por la suma de $400 mil, depositados a la cuenta 01-12-000087-6 a nombre de New Business Services Ltd.”, supuestamente para la compra de Epasa.
Según la jueza, el fiscal indicó que este movimiento de dinero de los Carretero tiene un carácter irregular, ya que Distribuidora Rali, S.A., no aparece como accionista de Epasa, por lo que se presume que se usó dinero ilícito para la compra del grupo editorial, que fue mezclado con dinero lícito para darle legitimidad a la transacción.
Además, que para ello se presentó un contrato de inversión conjunto entre Meadows Investment y Distribuidora Rali, S.A., para justificar el aporte económico realizado.
Asimismo, la fiscalía indicó al juzgado que dentro del referido contrato existen aspectos inusuales, tales como el hecho de que Distribuidora Rali, S.A., en su condición de inversionista, permitió que las acciones fueran emitidas a nombre del promotor Meadows Investment con la libertad de colocar las acciones a nombre de quien designe y sin la certeza de que recibirá un número de acciones fijas o el retorno de la inversión.
Por otra parte, la fiscalía señaló que Henri Mizrachi –directivo de la Autoridad del Canal de Panamá e imputado en este caso– es quien controla la sociedad Meadows Investment.
Además, señala que la sociedad Logística del Caribe, S.A., aportó $300 mil a través de una cuenta de Global Bank, cuyos firmantes son Ramón Carretero y Luisa Napolitano de Carretero, y que dicha suma de dinero fue depositada en la Caja de Ahorros para cancelar préstamos que adquirió Mizrachi, supuestamente usados para la compra de Epasa.
Mizrachi apareció en el cuerpo directivo inicial de la sociedad Tpahc, Inc., que adquirió el 100% de las acciones de Epasa cuando se hizo la transacción en 2010.
En tanto, la jueza Marquínez concluyó que ante los hechos citados “se está al frente” de la investigación de un delito grave, como el blanqueo de capitales, y que los elementos que aportó la fiscal se ajustan a las exigencias del Código Judicial para indagar a los imputados.
La defensa
Por su parte, la abogada Guillermina McDonald, representante legal de los Carretero, alegó que en este caso la fiscalía no ha aportado las evidencias suficientes para vincular a sus clientes con la comisión del delito que se investiga: blanqueo de capitales.
Según la abogada, sus clientes nunca han tenido vinculación con la empresa Transcaribe Trading, S.A., (TCT), que según las pesquisas de la fiscalía habría desviado $22 millones destinados a la ampliación de la autopista Arraiján- La Chorrera para la compra del grupo editorial.
