El pueblo ngäbe buglé se prepara para ratificar o no a través de su Congreso General el acuerdo firmado sobre el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco.
La cacica general, Silvia Carrera, indicó que luego de la firma del acuerdo hace algunas semanas, los 280 delegados que integran el Congreso deben decidir si ratifican el documento consensuado con el Gobierno.
Según Carrera, este conflicto hidroeléctrico data de dos gobiernos pasados y por medio del convenio se busca una salida al problema de manera que se beneficie a la comarca.
Por ejemplo, dijo que en su punto 8 el documento establece que el Gobierno se compromete a la creación de un fideicomiso con aportes para actividades agrícolas, pecuarias, forestales, ecoturísticas, artesanales, formación humana y electrificación rural para el área indígenas.
Estos fondos serían independientes a las inversiones que debe realizar el Gobierno dentro de la comarca Ngäbe Buglé y podrían superar los 2 millones de dólares.
“Yo estuve en 2012 en las calles protestando, y si el Gobierno no cumple con este acuerdo me verán nuevamente en la calle”, argumentó la máxima autoridad del Congreso General desde su elección en 2011.
Sobre los cuestionamientos que ha recibido en los últimos días por la firma del acuerdo, señaló que se trata de grupos dentro de la comarca que tienen una agenda propia y que buscan acaparar “intereses personales” en lugar del beneficio de toda esa población indígena.
En ese sentido, la vicepresidenta y canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado se reunió hace poco con autoridades comarcales, en donde se acordó la creación inmediata de una Comisión de Gobierno que dará seguimiento a las indemnizaciones de los afectados por el proyecto.
Esta comisión estará integrada por los ministerios de Ambiente, Desarrollo Social, Gobierno y Desarrollo Agropecuario, y por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati). Esta última entregará un informe de afectaciones del proyecto hidroeléctrico a los caciques regionales, así como la propuesta de indemnización que genere la Comisión de Gobierno recién creada.
Una vez se ratifique el acuerdo por parte del Congreso Ngäbe se darían los siguientes pasos como establecer el fideicomiso y las indemnizaciones a las personas afectadas por Barro Blanco.
No obstante, Ricardo Miranda, uno de los delegados del Congreso y dirigente del Movimiento Indígena 10 de Abril, reiteró que siguen en contra del acuerdo firmado y la represa.
De acuerdo con Miranda durante el Congreso de este fin de semana tratarán de obtener los votos para que el acuerdo no se ratifique. “Este documento no se consultó”, puntualizó.
