La Fiscalía Tercera Anticorrupción solicitó al Juzgado Quinto Penal el llamamiento a juicio de los exdirectores del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli y Rafael Guardia Jaén; de la exministra de Educación Lucy Molinar y del empresario Roberto Carretero Napolitano, a quienes acusa de la presunta comisión de delitos contra la administración pública, en la modalidad de peculado, como parte de la investigación sobre la compra de instrumentos musicales para escuelas públicas, por $11.7 millones.
En la vista fiscal de este proceso, emitida el 31 de octubre pasado, la fiscal Zuleyka Moore también pidió el sobreseimiento provisional para 11 personas y el sobreseimiento definitivo para otras 3, todas ellas representantes legales de las empresas que obtuvieron contratos a través del PAN para la compra de los instrumentos musicales (ver tabla).
De acuerdo con la fiscal, la norma presuntamente infringida por los imputados está consagrada en el artículo 38 del Código Penal, que dice: “El servidor público que sustraiga o malverse de cualquier forma, o consienta que otro se apropie, sustraiga o malverse de cualquier forma, dinero, valores o bienes, cuya administración, percepción o custodia le hayan sido confiados por razón de su cargo, será sancionado con prisión de cuatro a diez años”.
La fiscalía abrió esta investigación de oficio el 13 de julio de 2015, tras noticias sobre supuestas irregularidades en las compras de instrumentos musicales para el Ministerio de Educación (Meduca).
EL BENEFICIARIO REAL
La fiscal señaló a Roberto Carretero Napolitano “como presunto infractor del delito de peculado, en su calidad de dueño, firmante y beneficiario real de las empresas y sociedades ligadas a las irregularidades suscitadas en la adquisición de instrumentos musicales para el Meduca, gestionados a través del PAN, que ocasionó desembolsos totales por $11 millones 774 mil 769 con 63”.
Explicó que si bien se le formuló cargos a los representantes legales de las sociedades que obtuvieron los contratos entre 2012 y 2013, “no es menos cierto que durante el transcurso de la investigación se evidenció que dichas personas ejercían en función de un denominador común, es decir, el señor Roberto Carretero Napolitano”.
Precisó que lo anterior fue corroborado con documentos bancarios de dichas sociedades, en las que Carretero Napolitano figuraba como firmante de las cuentas.
Además, la fiscal destacó la confesión que hizo Carretero Napolitano en su declaración indagatoria, en la que aceptó que dichas sociedades le pertenecían.
“Nos encontramos en presencia de una red debidamente orquestada con la finalidad de beneficiar a un grupo económico específico”, destacó la fiscal en su investigación.
Denunció que las sociedades investigadas “simularon” actos públicos de buena fe y en base a principios de sana competencia, pero con la intención de favorecer a Carretero Napolitano.
EXJEFES DEL PAN DISTRIBUYERON COMPRAS
A Giacomo Tamburrelli, el primer director del PAN durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2012), se le vincula a los hechos por haber distribuido adjudicaciones directas de órdenes de compra a 13 proveedores o sociedades relacionadas con Carretero Napolitano, por la suma total de $2.7 millones.
La fiscalía argumenta que luego de una prueba pericial de verificación de la firma de Tamburrelli en los documentos oficiales, se definió“que no podía emitir opiniones concluyentes en cuanto a las órdenes en sí. Sin embargo, dicho dictamen lo vincula como la persona que realizó las invitaciones directas y por ende el distribuidor de dichas órdenes de compra”.
En cuanto a Rafael Guardia Jaén, quien administró el PAN entre 2012 y 2014, la fiscalía lo vincula al caso por haber distribuido las adjudicaciones directas de contratos por $8.9 millones para adquirir los instrumentos musicales.
La fiscal señala que, tras investigar los hechos, se concluye que “los pagos o desembolsos autorizados por el PAN se efectuaron obviando opiniones técnicas o estudios de mercados, y pasando por encima de los principios de transparencia, economía, eficiencia y celeridad contemplados en el Decreto 690 del 22 de julio de 2010”, que creó el desaparecido PAN ahora Dirección de Asistencial Social (DAS).
MOLINAR NO CUMPLIÓ SUS FUNCIONES, FISCALÍA
En el documento, la fiscalía apunta a que la actuación ejercida por la exministra Lucy Molinar en este proceso “recae en una conducta penal, ya que ésta no cumplió con la naturaleza de su tarea como titular del Ministerio de Educación, es decir, la de controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados, el uso de recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo”.
“En consecuencia, se ha determinado en el presente proceso una malversación de los fondos o recursos provenientes del Meduca para la adquisición de instrumentos musicales. A juicio de este despacho dicha malversación fue facilitada o consumada, debido a que la exministra no cumplió con el correcto y oportuno cumplimiento de los deberes que tiene el servidor público como administrador de aquellos bienes o efectos que custodia, administra o tiene por razón de su cargo”.
LA HISTORIA DE LAS COMPRAS
La fiscal explica que su argumento se sustenta por la “injerencia” que ejecutó la exministra Molinar en cuanto al proyecto de compra de instrumentos musicales.
En el documento se recuerda que, el 8 de junio de 2012, el Meduca declaró cancelada la licitación pública para la compra de instrumentos musicales para centros educativos del país. Posteriormente, la entonces ministra, mediante nota del 22 de junio de 2012, le solicitó al director del PAN que iniciara los trámites necesarios para la adquisición de dichos instrumentos musicales para las escuelas de Panamá centro, Chiriquí, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas, Herrera, Bocas del Toro, Los Santos y Herrera.
Para el financiamiento de este proyecto, se estableció una suma de hasta por $3 millones. Se expidieron órdenes de compra por $2.7 millones a 13 proveedores.
Mediante nota del 26 de agosto de 2013, Molinar solicitó nuevamente al PAN que gestionara otra adquisición de instrumentos musicales por $3.9 millones y el 20 de noviembre de ese mismo año, expidió otra nota para la compra de los mismos equipos por $4.9 millones.
La empresa Nulato Commercial Inc. se adjudicó el primer contrato por $3.9 millones y Country Max, S.A. el otro, por $4.9 millones. Ambas ligadas a Carretero Napolitano.
Finalmente, en cuanto al Meduca, la fiscalía indica que no se tenía un inventario de las necesidades reales de las escuelas sobre los instrumentos musicales. Además, que carecía de un estudio de mercado respecto a los costos de los bienes a comprar y tampoco había un espacio físico para almacenarlos.
Se destaca la declaración rendida por Mario Chavarría, exdirector de Asuntos Estudiantiles del Meduca, quien señaló que el despacho de la ministra era el que coordinaba y supervisaba la adquisición de los instrumentos musicales, y que no se hizo un inventario previo de las necesidades que tenían las escuelas de equipos para las bandas de música.
CERTIFICAN CALIDAD DE INSTRUMENTOS
En la investigación de la fiscalía, se incluyó un informe elaborado por peritos designados por la Universidad de Panamá, quienes hicieron un recorrido por todas las escuelas beneficiarias del proyecto, a fin de determinar la calidad de los instrumentos y el estado de estos.
Los peritos establecieron en su informe que hubo una mala distribución de los instrumentos y carencia de mantenimiento de los equipos por el Meduca, aunque concluyeron que los instrumentos sí eran funcionales para los estudiantes que los recibieron.
“Los instrumentos en cuestión son de calidad estudiantil, a pesar de la mala distribución y la falta de espacio físico adecuado para su correspondiente mantenimiento”, declararon los peritos.
También se certificó, a través del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que los instrumentos no tenían plomo y, más bien, estaban compuestos de cobre y zinc.
IMPUTADOS NIEGAN VINCULACIÓN
La exministra Molinar se desvinculó de los hechos investigados al señalar en su declaración indagatoria que el Meduca no intervino en el proceso de selección de los contratistas, debido a que no se hizo alusión en los contratos de ninguna marca, fábrica u origen en particular.
Molinar explicó a la fiscalía que suspendió el acto de licitación pública para los instrumentos musicales, porque decidió aprovechar el convenio marco con el PAN, en el que se hicieron las mismas especificaciones de calidad y cantidad de instrumentos que se iban a comprar en la licitación.
El 12 de febrero de 2016, la fiscalía le imputó cargos a Molinar en esta investigación. En la actualidad, tiene una medida de impedimento de salida del país.
Por su parte, Tamburrelli aseguró en su declaración indagatoria ante la fiscalía que no firmó las órdenes de compra relacionadas con los instrumentos musicales del Meduca.
Indicó que conocía a Carretero Napolitano desde hace años y que tenía conocimiento de que participaba en actos públicos en el PAN, pero que no sabía reconocer cuáles eran las sociedades de ese empresario.
El 1 de diciembre de 2015, la fiscalía le imputó cargos a Tamburrelli por este caso y le impuso una medida cautelar de casa por cárcel, que posteriormente fue variada a impedimento de salida del país.
Mientras que Guardia Jaén dijo en sus descargos que solamente ejecutó la solicitud de orden emanada del Meduca.
Afirmó que las contrataciones en su periodo al frente del PAN fueron apegadas a lo establecido en el Decreto 690, y aseguró que en el caso de las compras de instrumentos musicales para escuelas no hubo nada ilícito, debido a que dichos recursos fueron transferidos del Meduca, que también les envió la cantidad de instrumentos requeridos y sus especificaciones.
El 13 de noviembre de 2015, la fiscalía le dictó detención preventiva a Guardia Jaén por este caso. A la fecha, el exfuncionario permanece detenido en la cárcel El Renacer.
En tanto, Carretero Napolitano manifestó ante la fiscalía que es inocente de los cargos que se le imputan. Dijo que es un comerciante reconocido y de trayectoria en el país, que participa en muchos actos de licitación con el Estado.
Reconoció que las empresas que se investigan en este expediente en efecto le pertenecen, aunque aclaró que el representante legal de ellas es otra persona, ya que, debido a un manejo administrativo interno, él estaba frente a las mismas.
Aseguró que las empresas estaban debidamente inscritas en el PAN y que cumplieron con brindar un servicio al ser invitadas para estos actos de compras de instrumentos musicales.
Carretero Napolitano tiene una medida cautelar de casa por cárcel.
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