Ya está lista la hoja de ruta que se pondrá en marcha para reglamentar la Ley 7 del 14 de febrero de 2018, que adopta medidas para prevenir, prohibir y sancionar actos discriminatorios en suelo panameño.
La reglamentación tendrá como propósito establecer los procedimientos para sancionar los actos de violencia establecidos en la mencionada ley, aprobada por la Asamblea Nacional en 2017.
El Ministerio de Gobierno explicó que la hoja de ruta consiste en establecer mesas de trabajo que se encargarán de buscar un consenso para elaborar un decreto ejecutivo que reglamentará los procedimientos de sanciones necesarios.
Los trabajos se inician hoy lunes 16 de julio, y en ellos participarán autoridades de los ministerios de Educación, Trabajo y Desarrollo Social, así como personal de la Universidad de Panamá y organizaciones de la sociedad civil organizada.
Se prevé que a mediados de agosto próximo el decreto sea presentado a la Presidencia de la República, encargada de promulgar el documento en la Gaceta Oficial.
Disposiciones
La ley prohíbe y establece responsabilidades por todo acto de violencia que atente contra la honra, la dignidad, la integridad física y psicológica de las personas.
Además, protege el derecho al trabajo en condiciones de equidad y establece políticas públicas para prevenir estos actos, conforme a las convenciones sobre derechos humanos ratificadas por Panamá.
La norma impone multas de hasta $1,000 por el incumplimiento de las medidas dispuestas por parte de empleadores, superiores jerárquicos de la víctima en instituciones públicas, centros educativos públicos o privados, sindicatos y gremios organizaciones.
Esta norma fue impulsada en el Legislativo por la diputada independiente Ana Matilde Gómez.
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