En corregimientos con altos índices de pobreza del país, las alcaldías encargadas gastaron miles de dólares en la construcción y reparación de iglesias católicas, entre julio y diciembre de 2018.
Según documentos publicados en el portal Panamá Compra, al menos 24 municipios del país gastaron, en conjunto, $1.6 millones en ese concepto.
Para este fin se efectuaron 43 licitaciones a nivel nacional: 38 actos para reparaciones y 5 para construcción.
Los municipios que más invirtieron en este propósito pertenecen a la provincia de Los Santos, donde distintos gobiernos locales restauraron 13 iglesias, lo que significó un desembolso total de $504 mil 505.
Solo en Tonosí, Los Santos, se repararon seis iglesias de distintos corregimientos, a un costo de $176 mil 893.
Mientras que el de Sabanitas, en Colón, fue el municipio con la inversión más alta: $117 mil 999.
Pobres
Algunos de los corregimientos que usaron fondos públicos para este propósito tienen una tasa de pobreza de hasta 61%, de acuerdo al mapa de pobreza y desigualdad nacional que publicó el Ministerio de Economía y Finanzas en 2017.
Es el caso, por ejemplo, del corregimiento de Guzmán, en el distrito de Natá, Coclé, donde el municipio invirtió $31 mil 464 para restaurar una capilla.
En esa localidad, el ingreso per cápita de sus mil 160 habitantes es de $119, y una buena parte de sus habitantes vive de los subsidios estatales.
En 2015, de acuerdo al mapa de pobreza de Panamá, 111 pobladores de esa comunidad eran beneficiarios del programa 120 a los 65, mientras que 85 mujeres estaban inscritos en la Red de Oportunidades y 110 estudiantes recibían la beca universal.
Chitra, en Veraguas, donde el 59% de sus habitantes son pobres, gastó $23 mil 963 en sus infraestructuras religiosas.
En 2015, 351 de los mil 282 habitantes de Chitra vivían en pobreza extrema, y el promedio del ingreso per cápita era de $129. Al igual que en Guzmán, una buena parte de la población depende de los distintos subsidios que da el Gobierno: 228 reciben 120 a los 65, 72 están en la Red de Oportunidades y 172 reciben la beca universal.
En Barú, Chiriquí, con 49.5% de pobreza, se adjudicaron licitaciones por $73 mil 203, tres de ellas en el corregimiento de Limones.
Sin transparencia
Invertir en la construcción y reparación de iglesias católicas en un país donde la Constitución establece un Estado laico, no es el único aspecto que llama la atención.
Varias de esas comunidades están en deuda con la Ley 6 de 2002, conocida como Ley de Transparencia.
Al menos 4 de estos 24 municipios tienen cero en transparencia, de acuerdo al último informe de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (Antai). Se trata de Barú, Chiriquí; Pedasí, Herrera; Calobre, Veraguas, y Pesé, Herrera, comunidades que ni siquiera cuentan con una página web, a pesar de que así lo exige la ley.
El artículo 9 de la Ley de Transparencia establece que las instituciones del Estado, categoría en la que entran los municipios, están obligadas a publicar en sus sitios de internet y a tener disponible de forma impresa información sobre su organigrama, reglamento interno, actos públicos para contrataciones y análisis presupuestario.
Angélica Maytín, directora de la Antai, manifestó su insatisfacción por esta realidad, y adelantó que enviará notas a los alcaldes para advertirles que serán multados por incumplir la ley. “El que va a pagar la multa va a ser el alcalde. No va a ser un jefe ni un inferior”, añadió.
“No podemos seguir permitiendo que estos municipios, que manejan millones, se den este lujo”, advirtió.
En cambio, 3 de los 24 municipios que gastaron en reparación y construcción de iglesias católicas, en términos de transparencia, fueron calificados por la Antai con una “excelente” puntuación. Ellos son Chitré y Parita, en Herrera, y La Mesa, en Veraguas.
El de Chitré, por ejemplo, tiene varios enlaces con información de los proyectos que realiza con fondos de distintos organismos del Estado.
La bonanza de la descentralización
El gasto en infraestructuras religiosas prevaleció dos años después de que el gobierno de Juan Carlos Varela pusiera en marcha la descentralización -el 1 de enero de 2016- en todos los municipios de Panamá.
En septiembre de 2018, la Secretaría Nacional de Descentralización, una dependencia de la Presidencia de la República, informó que había desembolsado $728.7 millones a municipios y juntas comunales.