Por más de 15 años, establecimientos de salud como hospitales, clínicas, centros de atención primaria y veterinarias vienen incumpliendo el Decreto Ejecutivo 111 de 23 de junio de 1999, sobre manejo de los desechos que generan.
Esta normativa obliga a la aplicación de mecanismos de tratamiento para desechos hospitalarios, entre los que estaban: desinfección química, esterilización, irradiación o incineración.
Por ejemplo, en su artículo No. 31 esta regulación sanitaria menciona que “los desechos infecciosos si no eran dispuestos en un relleno sanitario especial, debían ser tratados antes de su disposición final en relleno sanitario”. Incluso, indicaba que los residuos infecciosos que se generan por la atención de pacientes con enfermedades infecto-contagiosas debían ser tratados dentro del establecimiento de salud para evitar la propagación de agentes patógenos virulentos en el ambiente.
Sin embargo, organizaciones médicas, autoridades de Salud y ambientalistas coinciden en que son muy pocas las instalaciones sanitarias que están acatando estrictamente la norma debido al costo que implica tratar ese tipo de basura o la falta de equipo para tal fin.
Domingo Moreno, coordinador de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), señala que hay una mora en este tema desde 1999 cuando se publicó en Gaceta este documento.
Y no fue hasta el mes pasado, como parte del plan de acción para mejorar el manejo de desechos en el país, que se solicitó al Ministerio de Salud (Minsa) tratar toda esta basura antes de que ingresara al relleno sanitario de cerro Patacón, en Ancón.
Según Moreno, los desechos sanitarios contienen microorganismos que pueden ser dañinos e infectar a pacientes de hospital, al personal sanitario y a la población en general.
Mientras, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) plantean que existen otros posibles riesgos infecciosos, como la propagación de microorganismos farmacorresistentes tras su liberación al medio.
De hecho, en un estudio realizado conjuntamente en 2015 por la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), se determinó que solo un 58% de los establecimiento de salud tenía en funcionamiento sistemas adecuados para la eliminación segura de la basura hospitalaria.
En el caso de Panamá, las últimas administraciones gubernamentales al no contar con equipo para tratamiento de estos residuos contrataban a empresas para que llevaran las bolsas rojas a cerro Patacón, pero sin ningún tipo de tratamiento.
Rosario Turner, quien fue directora tanto en la Caja de Seguro Social como en el Ministerio de Salud durante la gestión de Martín Torrijos (2004-2009), explica que en aquella época se centraron más en la “clasificación” del tipo de basura dentro de los hospitales que en el tema del tratamiento.
Es decir, para ese momento comenzaron a separar basura como jeringuillas, guantes y objetos utilizados durante las intervenciones quirúrgicas de tejidos, órganos o fluidos humanos.
“La limitación ha sido la falta de viabilidad financiera de estos proyectos de interés de salud pública”, sostuvo.
Turner recuerda que en 2008 se presentó un anteproyecto de ley para regular este tema, pero solo quedó en discusión dentro de la Asamblea Nacional. Aunque explicó que en ese momento normaron los vehículos que transportaban esta basura hospitalaria.
Según los reportes más recientes de la Contraloría General de la República (CGR), que datan de 2015, en el país hay unas 856 instalaciones de salud, de las cuales 59 son hospitales, 267 son centros de salud o policlínicas y 530 corresponden a subcentros o puestos de salud.
Sobre este tema, el también exministro de Salud Francisco Javier Terrientes (2014-2016) manifiesta que cuando ingresó a la entidad se encontraron con que el tratamiento de este tipo de desechos era un asunto pendiente en el país.
Terrientes explica que ya había algunas clínicas particulares, como el Hospital San Fernando y el Hospital Nacional, que contaban con equipo para tratar su basura sanitaria o contrataban a empresas para que eliminaran correctamente los desperdicios de sus actividades.
El extitular de Salud expresó que lo ideal es que cada instalación sanitaria administrada por el Estado cuente con ese equipo, pero eso representaría entre $200 mil o más de $1 millón por centro hospitalario, dependiendo de la cantidad de basura que se genere.
LAS LICITACIONES
El actual ministro de Salud, Miguel Mayo, sostuvo que el Minsa está en el proceso de licitación para que toda su basura hospitalaria llegue tratada a Patacón.
En ese sentido, uno de los actos públicos más relevantes es el que lleva a cabo para la recolección, tratamiento y disposición final para las 19 instalaciones de salud de la Región Metropolitana, una de las más grandes de la provincia de Panamá.
El precio de este acto público es de $500 mil y el contrato es por 12 meses.
Según el pliego de condiciones, el promedio mínimo a recolectar es de 14 mil 250 kilogramos en las 19 instalaciones de salud y en los 12 meses que dura el contrato cerca de 171 mil kilogramos de basura sanitaria.
Además, entre dos o cuatro veces a la semana serán recolectados estos residuos en los centros de salud, mientras que en los hospitales será diariamente.
El Minsa también licita ese servicio para otras regiones de Salud, como la de San Miguelito y sus hospitales.
Conforme a la OMS, los países de ingresos elevados generan en promedio hasta 0.5 kilogramos de desechos peligrosos por cama hospitalaria y día, mientras que en los de ingresos bajos ese promedio ronda los 0.2.
Sin embargo, señala que en estos últimos países los desechos sanitarios peligrosos a menudo no se separan del resto de residuos, de modo que en la práctica su cantidad es mucho mayor.
El subdirector de Salud Ambiental del Minsa, Edgardo Villalobos, dijo que están tratando de aplicar el Decreto Ejecutivo 111 por primera vez con los actos públicos que incluyen el tratamiento de estos desechos.
“Tenemos que empezar a conversar sobre este tema con clínicas pequeñas, laboratorios y veterinarias de que deben cumplir. En Panamá hay datos que nos dicen que estamos en los ocho kilogramos por cama”, manifestó.
En tanto, ambientalistas como Susana Serracín consideran que hacer cumplir la norma en cuanto a la basura hospitalaria, además de evitar una crisis sanitaria, prevendría cualquier contaminación ambiental en los alrededores de los vertederos y rellenos sanitarios.
