El juez quinto penal Enrique Paniza remitió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un conflicto de competencia que surgió con el Juzgado Liquidador de Chiriquí sobre las pesquisas por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, en perjuicio de las juntas comunales.
Paniza tomó tal decisión luego de que el Juzgado Liquidador de Chiriquí le remitió un expediente para que lo acumulara a la investigación que llevó sobre 153 juntas comunales. Se trata de sumarias en averiguación relacionadas con un posible peculado en perjuicio de la Junta Comunal de El Puerto en Remedios, provincia de Chiriquí.
Paniza advirtió que está en desacuerdo con la acumulación de ambos procesos, pues los casos se encuentran en etapas distintas, ya que en el expediente relacionado con las 153 juntas comunales se dictó un sobreseimiento provisional el 15 de mayo de 2015, mientras que las sumarias del caso de la Junta Comunal de El Puerto en Remedios aún están en averiguación.
La investigación que llevó el Juzgado Quinto se compone de 95 tomos y las sumarias del caso de la junta comunal en Chiriquí constan de 13 tomos.
Paniza indicó que, ante tal conflicto, remitió el caso a la Sala Penal para que determine si procede o no la acumulación de ambas investigaciones y qué despacho judicial sería el encargado de llevar este proceso.
Reapertura
Con respecto a las pretensiones de la Fiscalía Anticorrupción de Descarga de enviar las 187 auditorías que le entregó la Contraloría el 27 de febrero pasado, el juez recordó que en su fallo de mayo de 2015 advirtió que el Juzgado Quinto Penal “únicamente es competente con respecto a las juntas comunales del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá, decisión que fue notificada al Ministerio Público, sin que este apelara, por lo que la decisión quedó ejecutoriada”.
En aquel proceso Paniza investigó un supuesto manejo irregular de $240 millones en 153 juntas comunales de todo el país y, tal como se dijo, dictó un sobreseimiento provisional e impersonal en espera de los informes de auditoría de la Contraloría.
En efecto, la Contraloría entregó el 27 de febrero las auditorías al Ministerio Público, entidad que solicitó el 12 de marzo pasado al juez Paniza la reapertura de la investigación.
Según declaró el contralor Federico Humbert, las auditorías determinaron que 70 diputados del período 2009-2014 -39 de ellos actualmente reelectos- transfirieron $247 millones de sus partidas circuitales a las juntas comunales y municipios del país.
Humbert precisó que 34 diputados de Cambio Democrático (CD) transfirieron $158 millones; 7 diputados del Molirena recibieron $36.2 millones; 18 del Partido Revolucionario Democrático (PRD) usaron $34.7 millones; 10 del Panameñista utilizaron $17.1 millones y un diputado del Partido Popular transfirió $492 mil.
Indicó que las auditorías revelaron que hay $50 millones en transacciones que no tienen justificación con documentos sobre su uso final, así como otras con facturas falsas y con fechas alteradas.
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