La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió provisionalmente los efectos del acuerdo No.002-2017 de 20 de diciembre de 2017, a través del cual el Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba incorporó el fondo de esa reserva natural a una subcuenta del Fideicomiso de aguas, áreas protegidas y vida silvestre, que está bajo el paraguas del Ministerio de Ambiente (Miambiente).
La decisión de la Sala Tercera responde a una demanda de nulidad que presentaron el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y la Fundación para la Protección del Mar (Promar), al considerar que el Consejo Directivo de Coiba es el organismo idóneo por ley para manejar dicho fondo –que asciende a unos $3 millones– y no Miambiente.
De hecho, los magistrados de la Sala Tercera argumentaron que la reglamentación aprobada en el acuerdo No.002-2017 “parece rebasar” el contenido de lo dispuesto en la Ley 44 de 2004, por medio de la cual se crea el Parque Nacional Coiba, en Veraguas.
Dicha ley establece que el Fondo Coiba debe ser administrado por el Consejo Directivo de esta área protegida –el organismo responsable de gestionar la isla–, que está integrado por alcaldes de varios municipios de Veraguas, oenegés, la Universidad de Panamá, el Ministerio de Ambiente, entre otras entidades.
Este polémico acuerdo que traspasaba los fondos de Coiba a Miambiente fue aprobado en 2017, cuando era ministro Emilio Sempris, quien a su vez ocupaba la presidencia del Consejo Directivo de Coiba.
La decisión generó críticas de varias oenegés, ya que, además, Sempris dio el visto bueno a un estudio ambiental para la rehabilitación de una pista de aterrizaje en Coiba, que fue declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco en 2005.
