El expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada será sometido a juicio en Estados Unidos por su supuesto papel en la masacre de más de 50 bolivianos durante una oleada de protestas populares en 2003, que propició la llegada al poder de Evo Morales en Bolivia.
El juicio a Sánchez de Lozada y su entonces ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, por la llamada “masacre de octubre”, comenzará el 5 de marzo ante el juez James I. Cohn en el Tribunal Federal de Fort Lauderdale, en el norte de Miami, y se prolongará dos semanas, según documentos judiciales.
Los demandantes, familiares de bolivianos muertos en la alegada masacre, buscan indemnizaciones por daños y perjuicios por parte de ambos políticos por “matanzas extrajudiciales, crímenes contra la humanidad y homicidios culposos de ciudadanos bolivianos en septiembre y octubre de 2003”, señala la demanda interpuesta en 2013 ante un tribunal en Florida.
En Bolivia, el gobierno de Morales celebró la noticia.
“No va a quedar impune ese crimen (...) lo van a enjuiciar por las muertes del año 2003, por la represión, por las muertes de nuestros hermanos”, dijo el vicepresidente Álvaro García en un acto frente a campesinos en Calamarca.
Sucesivos pedidos de extradición de Bolivia no prosperaron.
El Center for Constitutional Rights (CCR), una oenegé con sede en Nueva York que representa a los familiares de nueve víctimas, alega que los exgobernantes utilizaron la fuerza militar para suprimir las protestas populares que tuvieron lugar en la llamada “Guerra del gas”.
Así se conoce la insurgencia popular que derrocó a Sánchez de Lozada y, con ello, cerró una época de gobiernos neoliberales en Bolivia y dio paso al movimiento indigenista encarnado por Morales.
El descontento contra Sánchez de Lozada, quien en su primer mandato (1993-1997) privatizó empresas estratégicas del Estado, se canalizó en el rechazo a su plan de vender gas a Estados Unidos a través de puertos chilenos en su segundo período, que duró solo un año y acabó el 17 de octubre de 2003.
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