Actividades como la ciencia y la tecnología, que suponían abordar temas de investigación y procesos, alejadas de los escándalos de contrataciones irregulares, directas o con sobrecostos, no se salvaron de la avalancha de denuncias por fraude contra el Estado.
Dos denuncias han sido interpuestas en el Ministerio Público por la actual Dirección de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), a cargo de Jorge Motta, contra quienes resulten responsables por contrataciones irregulares durante la administración del hoy exsecretario Rubén Berrocal, un primo del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal.
Tras auditorías practicadas por Senacyt, las actuales autoridades interpusieron la denuncia contra la empresa venezolana 3G2NET y la canadiense Exou Inc., con la posible complicidad de funcionarios de la entidad.
Senacyt hizo la denuncia por posible peculado, fraude, asociación ilícita para delinquir y otros delitos. Se trata de una posible lesión al Estado por la suma de 3.1 millones de dólares.
Ninguno de los nueve contratos fue refrendado por la Contraloría General de la República, lo que quiere decir que “no existe jurídicamente” un documento que sustente los pagos efectuados por el Estado o los que quedan pendientes.
Además, los desembolsos hechos por nueve contratos fueron tramitados a través del Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), a fin de eludir los procedimientos de ley en materia de contrataciones públicas. Se suma a ello que las contrataciones no guardaban relación con el convenio entre el PNUD y Senacyt sobre el fortalecimiento de los procesos de investigación.
Inversión sin sustento
Sin contar con la petición de alguna institución médica estatal, como la Caja de Seguro Social (CSS) o el Ministerio de Salud (Minsa), Senacyt firmó cuatro contratos de “consultoría” con la empresa 3G2NET para implementar una tecnología informática en salud.
Nunca hubo un convenio de apoyo entre Senacyt y el Minsa o la CSS ni figuran como beneficiarias del proyecto.
Fueron cuatro contratos directos, sin licitación, otorgados a 3G2NET con el mismo fin: implementar un sistema de telemedicina, señala la denuncia.
¿Cuál fue el motivo de dividir en cuatro contratos un mismo servicio? La división de materia a través de estos cuatro contratos de consultoría –otorgados entre junio de 2013 y abril de 2014– está prohibido por la Ley de Contratación Pública.
Los contratos suscritos por Berrocal no sobrepasaron los 250 mil dólares, que es el monto máximo de contratación del secretario de Senacyt sin requerir la aprobación de la junta directiva de la entidad, integrada por representantes de los sectores público y privado.
Las “consultorías” contratadas y pagadas (entre 190 mil dólares y 240 mil dólares) fueron: el estudio de factibilidad para el desarrollo de un sistema de telemedicina; el estudio para el desarrollo de una plataforma tecnológica de gestión en salud pública; el estudio de factibilidad para el desarrollo de un sistema nacional de telemedicina y un plan de desarrollo y puesta en operación del primer módulo de un sistema de información y gestión de salud, que aún no ha sido cancelado. Este último es por un monto de 190 mil dólares.
Entre las irregularidades detectadas en las contrataciones figuran requisiciones con fechas posteriores a los contratos.
Además, hay “hallazgos de incidencias de plagio” en los informes, señala la denuncia. “Los textos de las consultorías están compuestos por párrafos y capítulos plagiados, en su mayoría, de textos digitales encontrados en internet. Incluso, repetidos en los distintos productos”, afirma la denuncia.
La Prensa contactó a Carlos Eduardo Montes Palacios, venezolano residente en Panamá y representante de 3G2NET, quien firmó los contratos con el Estado, pero se expresó completamente desentendido del tema al escuchar las preguntas sobre las consultorías ofrecidas por su empresa.
“No sé de qué me habla usted. ¿Me podría explicar”, fue su reiterativa respuesta.
Le pregunto sobre los contratos ofrecidos por su empresa...
“Yo le pregunto: De dónde saca usted esa información”.
Montes Palacios nunca negó que su compañía fuera contratada por Senacyt. Al informarle de la denuncia, entonces, repentinamente, recuperó la memoria.
¿Quién y con qué fin le pidió la consultoría?
“No, no puedo darle la información hasta que no sepa y esté bien informado de qué es lo que está pasando”.
Laboratorios de lujo
De la misma manera irregular, y sin el refrendo de Contraloría, Berrocal otorgó otros cinco contratos a la canadiense Exou Inc., para equipar cuatro laboratorios de 21 computadores cada uno, por un monto de 250 mil dólares cada uno, y otro contrato para adquirir licencias mediante las figuras de “consultoría” y “prestación de servicios”.
De esta manera se evadieron trámites de licitación propios de un contrato de suministro de bienes, un hecho tipificado como delito “relativo al fraude” en los actos de contratación, señala la denuncia de Senacyt.
Se armaron laboratorios de computadoras –como el de la foto superior izquierda– cuyo costo, según la denuncia, está sobredimensionado.
Tres de estos contratos se pagaron contra el documento de embarque del proveedor, que tenían un valor unitario de 3 mil 469 dólares por equipo –que incluye la computadora, el monitor LCD y la mesa de computador estudiante y docente–, lo que significa que el Estado pagó 250 mil dólares por 21 computadoras que tienen un valor declarado de unos 73 mil dólares, lo que implica una diferencia de 177 mil dólares o casi 150% respecto al valor declarado.
Esto sucedió con el laboratorio entregado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, con el de Senacyt, así como con los equipos destinados al Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat).
Otro de estos laboratorios, con 21 computadoras, estilo Exodesk –acompañado de pizarra virtual– fue instalado en la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicaciones en la Universidad de Panamá, por otros 250 mil dólares.
Para adquirir el software y 100 mil licencias de uso de estas computadoras se hizo otro contrato por 1.2 millón de dólares, aunque la junta directiva de Senacyt no lo autorizó. Además, la compra no está sustentada en ningún documento.
En este contrato de informática –que consistía solo en la compra de las computadoras– se pagaron 250 mil dólares cuando los bienes tenían un valor de 161 mil dólares, según la factura de embarque.
Todos estos productos pudieron comprarse a precios más competitivos en Panamá, por lo que, además, de peculado, la denuncia sugiere la comisión del delito de “estafa en perjuicio del Estado, por cuanto se adquirieron bienes que no representaban el valor pagado”.
Y, como si fuera poco, el oneroso equipo “no se está usando para lo que fue [propuesto]”, expuso Álvaro Pino, decano de esa facultad, ello sin contar que el costoso equipo ya tiene fallas en su funcionamiento.
El objetivo del laboratorio en la facultad de Informática era para que se desarrollaran aplicaciones en esa plataforma, pero Exou no brindó la capacitación prometida para este fin, expone la denuncia de Senacyt.
“No es una facultad para consumir tecnología, es un plan de estudio para crear...”, por esto, quienes utilizan los laboratorios son colegiales, puesto que con las computadoras trabajan diversas materias del conocimiento.
En este sentido, Gustavo García de Paredes, rector de la máxima casa de estudios, aseguró que la universidad “no participó del proceso de adquisición [ni forma de compra ni de pago]”.
A pesar de que Exou no dio la capacitación para crear aplicaciones con el equipo comprado, García de Paredes dijo que la universidad, como beneficiaria de la donación de los laboratorios, “está complacida con las características de los mismos, pues llenan los requerimientos para los propósitos del proceso enseñanza aprendizaje de las Facultades donde se encuentran”.
Otras de las anomalías en esta contratación es la división de materia. Fueron 84 computadoras con sus respectivos softwares y licencias, compradas en un período de dos meses (febrero y marzo de 2014), con el mismo proveedor, que evadió el trámite de contratación pública, según la denuncia.
Esta segmentación hizo posible que cuatro de los cinco contratos se hicieran por 250 mil dólares, que, como se dijo, es el monto máximo que podía firmar Berrocal sin la intervención de la junta directiva de Senacyt.
Además, un contrato, por valor de 350 mil dólares, fue firmado, pero el bien comprado –una plataforma informática– nunca fue recibido.
Por el tipo de contrato (“consultoría”) “es imposible saber si hubo conformidad entre el contrato y el producto entregado”, expuso Jorge Motta. Tampoco se puede conocer los valores unitarios de los bienes y cantidades para calcular el costo-beneficio, dice la denuncia.
Entre los hechos que abonan la denuncia del delito de peculado se menciona que no se acreditó la documentación idónea de la representación legal del proveedor. Además, que los contratos tienen fecha de un mes de marzo, cuando las requisiciones se efectuaron un mes de abril, es decir, un mes después.
Todos estos contratos se pagaron a través del PNUD, organismo que detectó las irregularidades, producto de sus controles, y alertaron a Senacyt.
Hasta que no concluya la investigación de las denuncias interpuestas por Senacyt, el PNUD suspendió el proyecto de fortalecer los procesos de investigación.
“Bajo la modalidad de ejecución nacional completa, como asociado en la ejecución, el Gobierno es responsable de la gestión general y la planificación de todas las actividades del proyecto, los procesos de adquisición de bienes y servicios... la utilización de los recursos del proyecto”, resaltó el PNUD en un comunicado.
La Prensa contactó mediante tres correos electrónico a Shan Ahdoot, en Canadá, que firma como representante de Exou Inc, pero los ignoró.
De igual manera, se intentó localizar a Rubén Berrocal al celular que utilizaba mientras dirigía Senacyt, y se le enviaron cinco correos, pero no hubo respuesta.
Se intentó ubicar al exfuncionario a través de su primo Manuel Berrocal, mediante comunicación a su firma de abogados, pero dijo desconocer su paradero.
