Representantes de oenegés que defienden los derechos humanos de la población menor de edad y diputados de la Asamblea Nacional hicieron un llamado ayer al presidente de la República, Juan Carlos Varela, para que incluya en sesiones extraordinarias la discusión del proyecto de ley No. 584.
Mediante esta propuesta legislativa se fusionaron dos iniciativas: el anteproyecto de ley No. 91, que reforma artículos del Código Penal sobre un aumento de penas a violadores de menores de edad, y el anteproyecto No. 13, que adopta medidas de protección a las víctimas menores de edad de los delitos contra la integridad sexual.
El documento, entre otras cosas, fija la sanción máxima por este tipo de delitos en 20 años de prisión, pena que actualmente es de 15 años. Además, establece que no haya acuerdos de penas cuando se trate de delitos contra la libertad e integridad sexual de menores de edad.
Roderick Chaverry, vicepresidente de la Red de Apoyo a la Niñez, subrayó que esta iniciativa debía ser aprobada en octubre pasado, pero fue imposible cumplir con el proceso.
El activista señaló que el proyecto fue aprobado en primer debate, pero “urge” que la medida sea una ley, porque se trata de la vida de niños y niñas que están en riesgo y que hay que cuidar.
Al respecto, Rodrick Burgos, miembro de la Fundación Visión y de la Alianza por la Vida y la Familia, opinó que esta norma es una “deuda” que se tiene con la población más vulnerable.
“El clamor nacional de los grupos organizados que velan por la protección de los niños, niñas y adolescentes es que en su agenda el señor presidente [Varela] coloque la discusión y aprobación del proyecto de ley 584”, puntualizó.
Desde su punto de vista, la propuesta de ley, aunque le caben algunas mejoras, está bien elaborada y goza del consenso de la amplia mayoría de la sociedad civil organizada que trata el tema.
MÁS APOYO
La solicitud ciudadana también es apoyada por varios diputados de la Asamblea Nacional, entre ellos, Iván Picota y Leandro Ávila, ambos del Partido Revolucionario Democrático.
Sobre este asunto, Picota manifestó que envió una nota al mandatario para que el tema sea incluido en sesiones extraordinarias, sin embargo, no tiene respuesta.
“Las estadísticas no esperan y los niños están siendo violados y vulnerados”, dijo el político.
Por su lado, Ávila expresó que esta es una problemática que requiere “interés humano” y que debe ser incluida en las sesiones extraordinarias. “Muchas veces, se convoca a estas jornadas para abordar temas políticos y económicos que se pudieron atender en las sesiones ordinarias, así que veo con buenos ojos que se incluya un tema de interés público como este”, concluyó.
A inicios de este mes, el presidente de la República anunció que en diciembre próximo se convocaría a sesiones extraordinarias, sin embargo, hasta la fecha se desconoce cuándo se iniciarán y los temas a tratar.
CORRESPONDE ESPERAR
En tanto, el ministro de Desarrollo Social, Alcibiades Vásquez, comentó que los temas que se incluyen en las sesiones extraordinarias son una facultad exclusiva del mandatario.
Sin embargo, estimó que se trata de un proyecto “importante” y “necesario” que goza de un gran consenso, razón por la cual llevará a cabo gestiones al respecto.
Datos del Ministerio Público dan cuenta que durante los primeros ocho meses de este año se han registrado un total de 4 mil 141 delitos contra la libertad sexual en todo el país y que en el 39.7% de los casos, es decir, mil 643 de las víctimas, fueron menores de edad.
Así mismo, se precisa que las provincias de Chiriquí, Panamá y Coclé son las que más registran delitos sexuales y los perjudicados son menores de 18 años de edad.
El informe también detalla que los niños, niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años de edad son las víctimas más frecuentes. A su vez, las cifras indican que se dieron mil 435 delitos en ese rango de edad, de los 4 mil 141 reportados hasta agosto.
Las autoridades judiciales calculan que este año cerrará con una cifra de delitos sexuales superior a la del año pasado, de 4 mil 592 casos.
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